EU y Centroamérica signaron el acuerdo comercial en mayo de 2004.
Notimex
SAN JOSÉ, COSTA RICA.- La ratificación en Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica agudizó la polarización que ese acuerdo ha generado en Costa Rica y abrió el paso a la confrontación social en este país apacible por tradición.
Los bandos que venían disintiendo, desde antes de la negociación del acuerdo, -concretada en 2003- se han atrincherado en forma más beligerante a raíz del trámite en el Congreso estadounidense.
Las perspectivas inmediatas son de tensión, tanto política como social, en ascenso, con el componente agregado y decisivo de que el presente es un año electoral.
Mientras el Gobierno mantiene la decisión de no presentar el acuerdo a la Asamblea Legislativa para su ratificación, las previsibles presiones de ambos bandos se dispararon sin espera.
La cúpula empresarial y la dirigencia política conservadora insisten en la necesidad de que el TLC sea presentado a los diputados, mientras sindicatos y políticos de centroizquierda respaldan la espera del presidente Abel Pacheco.
Los partidarios del tratado sostienen que el Gobierno actúa por temor a amenazas sindicales de violencia social sin precedente, mientras sus adversarios plantean que la decisión será adoptada por el pueblo en las calles y ésta será de rechazo.
Para el sindicalista Albino Vargas, la aprobación del TLC sería una "declaración de guerra, mientras su colega Fabio Chávez aseguró que "habrá acciones de desobediencia civil nunca vistas en este país".
El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, Samuel Yankelewitz, ha advertido entre tanto que presionarán intensamente y mediante el diálogo al Gobierno y a los diputados para que ratifiquen el instrumento.
El TLC, firmado en mayo de 2004 por Washington y Centroamérica y al que se adhirió República Dominicana en agosto de ese año, ya ha sido ratificado por El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos (EU).
El Gobierno costarricense mantiene la posición de seguir el "ritmo propio" del país en cuanto al trámite del acuerdo comercial y condiciona su envío al Legislativo a la aprobación de una reforma fiscal estancada desde hace más de dos años.
El mandatario considera que esa reforma permitirá sentar las bases para que los beneficios del pacto con el principal socio comercial del país lleguen a todos los costarricenses.
Postura dividida
Las posiciones de los diputados también están divididas y además de los que están a favor y los que están en contra surgió la opción de que se apruebe una agenda complementaria para anular los perjuicios que traerá el TLC a ciertos sectores.
Una reciente encuesta realizada por el Canal Siete de la televisión local entre 50 de los 57 legisladores indicó que 18 de ellos son partidarios del tratado, 15 están en contra y 17 que lo apoyarían pero con la agenda complementaria.
Entre los aspirantes presidenciales, el ex mandatario Oscar Arias -del opositor Partido Liberación Nacional (PLN)-, considera nocivo el atraso en el trámite de ratificación porque eso envía señales negativas a los inversionistas.
El candidato del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, opina que el pacto se debe renegociar, y el ex ministro de Justicia, José Miguel Villalobos, aboga por el envío del TLC al Legislativo para que "caliente" la campaña electoral.
Sin embargo, analistas políticos locales consideran que el año electoral es el peor momento para el debate en la Asamblea Legislativa porque la discusión se vería extremadamente politizada.
Para el politólogo Luis Guillermo Solís, la ratificación estadounidense "aumentará la presión para el inicio de discusiones en Costa Rica" pero a raíz del contexto proselitista, el "panorama de discusión no es el mejor" y sería "irresponsable" hacerlo.
El acuerdo comercial es rechazado por sectores de la sociedad civil centroamericana que lo consideran perjudicial para la mayoría de los cerca de 35 millones de habitantes de la región, en particular para los pequeños productores.
Desoyen críticas
El Gobierno de Guatemala, que desoye críticas y malos augurios de opositores, asumirá el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos como la mayor oportunidad para el desarrollo y escape de la pobreza.
El Congreso estadounidense completó el trámite iniciado en el Senado y la noche del miércoles pasado aprobó el TLC suscrito por el Gobierno de Washington con Centroamérica y República Dominicana en 2004.
La resolución estadounidense fue recibida con júbilo por el gobierno y empresarios de Guatemala, mientras organizaciones sociales reiteraron su rechazo al pacto comercial.
El presidente Oscar Berger expresó que con el acuerdo comercial "llegarán las inversiones, las fuentes de empleo y la creación de infraestructura".
Prometió que su Gobierno, para adaptarse a una situación de competencia por el tratado comercial invertirá mil millones de quetzales (133 millones de dólares) para el desarrollo rural y gestionará con México una zona franca.
El comisionado presidencial para la Competitividad, Miguel Fernández, precisó que la infraestructura para el campo y la zona franca es parte de los proyectos de la Agenda Nacional que se instrumentará para el TLC y para enfrentar la globalización.
Afirmó que esta nación del istmo tiene una posición geográfica y económica inmejorable en la región de cara al acuerdo comercial, por lo que se impone "aprovechar esa ventaja para el desarrollo sostenible".
El Ministerio de Economía resaltó en un comunicado el éxito alcanzado con la ratificación del pacto comercial en Estados Unidos, luego de "un proceso de apertura comercial iniciado por Guatemala hace más de 20 años".
Destacó que además de dar "certeza jurídica" a la relación comercial con el principal socio de Centroamérica, el TLC generará un repunte de las exportaciones y nuevos puestos de trabajo.
El tratado fue negociado durante 2003 y suscrito el 28 de mayo de 2004 por los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mientras República Dominicana se adhirió en agosto de ese año.
El acuerdo ya ha sido ratificado en Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos, y se espera que entre en vigencia en enero próximo.
