Ecología|México experimenta grave rezago en materia de medio ambiente
EL SIGLO DE TORREÓN
Pocos inspectores y carencias de recursos las principales limitantes
TORREÓN, COAH.- El rezago que México padece respecto a asuntos relacionados con la ecología y el cuidado del medio ambiente, se refleja en las propias dependencias encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes en esta materia.
El propio titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas Jiménez, reconoció en la visita que recién hizo a la región la insuficiencia de los recursos que se destinan a las áreas del Gobierno Federal, principalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa.)
Aunque esta dependencia cuenta con casi 850 inspectores en todo el territorio nacional, refirió que falta un mayor número de elementos para que la Profepa pueda desempeñar sus funciones de manera óptima, aunque es difícil que ello se logre por los constantes recursos presupuestales que se aplican a esta área.
En el ámbito regional, la oficina de representación de la Profepa no está ajena a la privación de los recursos económicos y materiales por los que atraviesa a nivel nacional, pues sólo dispone de tres inspectores para atender un padrón de alrededor de 500 empresas cuya regulación está a su cargo, además del personal de apoyo como la secretaria y el notificador, quienes ayudan en las diligencias y la realización de los procesos administrativos.
El representante de la dependencia en Torreón, Juan Antonio Alcalá Vizcarra, dijo que cuando se hace necesario contar con apoyo adicional, el personal de inspección de la Delegación, radicada en la ciudad de Saltillo, se coordina y contribuye en casos específicos para reforzar la labor de la oficina local, a la que realizan un promedio de dos visitas al mes.
Además de las labores de verificación en el cumplimiento de normas ambientales, relacionadas con el manejo de residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, sustancias de alto riesgo o la realización de estudios de impacto ambiental, la Profepa debe realizar la vigilancia en el cuidado y administración de los recursos naturales de la flora y fauna silvestres en los municipios de Viesca, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Sierra Mojada.
También, si se requiere, la Profepa solicita el apoyo de otros estados, incluso de las oficinas centrales, para apoyarse en la realización de operativos especiales cuando se presenta una problemática específica.
La oficina de representación de Profepa en esta ciudad, depende en su totalidad de la Delegación Estatal, cuya dependencia es la que se encarga de resolver los casos que se le remiten, de manera que también existe una limitante en sus funciones.
DEPENDENCIA DE MEMBRETE
La Subdirección del Instituto Coahuilense de Ecología en la Región Lagunera de Coahuila, únicamente dispone de la titular y su secretaria o auxiliar administrativo, quienes deben cubrir una serie de roles para medianamente cumplir con las funciones que este organismo tiene asignadas.
La dependencia ocupa una pequeña oficina de la planta baja del edificio Coahuila, junto a las oficinas regionales de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, y atiende los municipios de Torreón, Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro.
La titular, Glenda Quintero, reconoció que además de desempeñar ese cargo, realiza las veces de inspectora o verificadora ambiental, además de algunas labores de notificación, y sólo en casos específicos se pide el apoyo a la Dirección General, con sede en Saltillo, la que sí cuenta con personal asignado a la verificación de las empresas.
El año pasado, la Subdirección Regional del ICE requirió sólo en una ocasión de apoyo de este tipo.
Según Quintero, la oficina se aboca a la recepción de solicitudes para la elaboración de estudios de impacto ambiental, previos a la apertura de una empresa o la realización de alguna obra; denuncias, quejas o ampliaciones de éstas, así como pruebas relacionadas con las emisiones a la atmósfera o de ruido.
Además de ello, se tiene asignado un programa de verificación preventiva y/o correctiva, en las empresas que no están relacionadas con el manejo de residuos peligrosos, lo cual es competencia exclusiva de la Profepa.
El programa de acción de la Subdirección Regional del ICE, es elaborado por los encargados del área jurídica con sede en Saltillo, y únicamente envían la orden a la oficina local, para que realicen dichas labores, en forma mensual o trimestral, según sea el caso.
Pese a las carencias, Glenda Quintero afirmó que durante 2004 se realizaron alrededor de 80 acciones de verificación. En ese mismo periodo, apenas se recibieron tres denuncias por parte de los ciudadanos, lo cual indica que son pocos los casos en que interviene la dependencia, al menos en lo que respecta a la atención de quejas.
A la vez, se practicaron más de 40 estudios de impacto ambiental para la apertura de gasolineras, nuevos fraccionamientos y fábricas de block, principalmente.
EL MUNICIPIO, CON MÁS INSPECTORES
Comparativamente con las dependencias antes señaladas, la Dirección del Medio Ambiente del Municipio es la que cuenta con el mayor número de inspectores y personal de apoyo para realizar sus funciones, aunque éstas siguen siendo limitadas por la propia Ley.
Según el titular de esta área, Rodolfo Walss Aurioles, se tienen nueve inspectores y tres personal de apoyo, además del encargado del área jurídica, el abogado y la secretaria.
De esa cantidad de inspectores, seis están asignados en forma permanente al control de las emisiones de humos contaminantes por parte de los camiones del servicio público de transporte, mientras el resto efectúa visitas de inspección para la atención de quejas por ruido, malos olores, etcétera.
A la vez, se tiene el apoyo de los inspectores ?universales? de la Dirección de Inspección y Verificación, cuando hay carga de trabajo o las quejas de la ciudadanía involucran, además del medio ambiente, a otras áreas que son de competencia municipal.
Walss Aurioles señaló que dentro de las principales quejas que se reciben están las relacionadas con la emisión de ruido, malos olores, vibraciones, poda o tala inmoderada de árboles.
Consideró que por ahora, no existe el personal disponible, el suficiente para atender la carga de trabajo que se registra, y prueba de ello, según aseguró, es que las quejas de la ciudadanía tardan de uno a dos días en ser atendidas.
La Dirección del Medio Ambiente del Municipio cuenta con un presupuesto de obra, para acciones y campañas específicas, de 1.5 millones de pesos anuales, sin considerar el gasto el sueldos, mobiliario e insumos.
Vigilancia deficiente
Para Rodrigo Martínez Rangel, integrante de la organización En Defensa del Ambiente, la escasez de personal y recursos materiales que afecta a estas dependencias, da como resultado una vigilancia deficiente en el cumplimiento de normas y leyes referentes al cuidado del medio ambiente, tales como el manejo de materiales peligrosos o sustancias biológico infecciosas.
A su consideración, mientras no exista una supervisión estrecha, es difícil que la ciudadanía pueda tener la seguridad de permanecer en un ambiente sano, debido a que cada quien hace un manejo o interpretación de la Ley a su manera.
Un ejemplo de ello, es que semanas atrás se descubrió en esta ciudad un depósito clandestino de desechos biológico infecciosos que no tenía autorización para operar bajo estas condiciones, el cual quedó al descubierto cuando se registró un incendio en el sitio donde los residuos se mantenían bajo resguardo.
A decir de Martínez Rangel, es una situación crítica que muestra lo poco efectiva que es la vigilancia que se está llevando a cabo por parte de las dependencias encargadas.
Aunque la Ley delimita funciones para las dependencias de los tres niveles de Gobierno, también contempla la celebración de convenios de coordinación para hacer más eficiente la labor de cada una de éstas y se puedan dar mejores resultados.
Sin embargo, hasta ahora la coordinación prácticamente no existe porque incluso, se da una especie de celos o desacuerdos entre los encargados de las dependencias, quienes generalmente se concretan a cumplir con su función sin ir más allá.
Para el ecologista, el problema ambiental es un asunto de seguridad nacional porque está ligado a la sobrevivencia de la población con base en todos los recursos naturales.
En la región, existe una problemática específica que demanda una coordinación efectiva entre las dependencias, la cual tiene que ver con la contaminación por metales pesados y el tiradero de desechos industriales al lecho seco del río Nazas, en la que incluso se requiere que no únicamente haya contacto con las instituciones de la entidad, sino que se traspasen las fronteras y se recurra con las del vecino estado de Durango para buscar una solución definitiva.
La escasez de agua es otro asunto que debe preocupar a todos, por las repercusiones que tiene en el desarrollo de las poblaciones.
Por su parte, Francisco Valdés Perezgasga consideró que pese a que la Profepa es de las dependen-cias con mayores facultades, es también la que tiene más carencias.
Esta situación ha dado lugar a la aplicación de un programa de vigilantes voluntarios, mediante el cual se capacita a la ciudadanía interesada en el cuidado del medio ambiente y aunque no están facultados para aplicar multas, llegan a convertirse en los ojos y oídos del Gobierno para sancionar las irregularidades que se estén cometiendo.
Aunque es un mecanismo ingenioso para paliar la falta de recursos, y en cierta forma la presencia de estos vigilantes en sus propias comunidades contribuye a disuadir a los infractores, no sustituye la función del Gobierno.
A este respecto, recordó que en abril de 2004, en el estado de Durango se decretó al Cañón de Fernández como zona natural protegida, aunque hasta ahora no cuenta con un administrador que coordine los esfuerzos de vigilancia que los propios habitantes realizan para preservar el sitio.
En este sentido, ha faltado que el Gobierno del Estado conceda prioridad al cuidado de la ecología y del medio ambiente, dado que hasta ahora sólo quedó en palabras la protección de esa zona.
La sociedad, dijo, ha dado muestras de que está interesada en proteger el medio ambiente, pero está haciendo falta que las instancias de gobierno lo tomen en cuenta y hagan lo que les corresponda.
Las multas
De los dos millones 300 mil pesos que impuso la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Coahuila, por concepto de multas durante el año pasado, se hizo efectivo cerca del 40 por ciento, ante los recursos interpuestos por los infractores.
*En información publicada el pasado domingo, se dio a conocer que a nivel nacional la Profepa sólo cobró el 6.7 por ciento de las multas en los últimos seis meses, con lo cual dejó de recibir 90 millones de pesos.
*Juan Martínez Alcalá, encargado de la Subdelegación Jurídica, explica que por cada procedimiento administrativo efectuado por la Profepa se emite una resolución, que puede ser clausura, cierre temporal, la restauración del daño o multa. Cuando se impone una multa, dice, se notifica al infractor y además se envía para su cobro a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a la Secretaría de Finanzas del Estado cuando son en materia forestal.
*Los recursos, añade, se interponen en la Delegación pero se turnan al titular de la Profepa y se suspende la ejecución de la multa en tanto se resuelve, ya sea a favor o en contra del infractor.
*Algunos particulares optan por e juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación y de acuerdo a las pruebas presentadas y la valoración de la autoridad, se emite la sentencia.
*Aunque no en efectivo, enfatiza, la mayor parte de las multas llegan a recuperarse, al efectuarse medidas de remediación u otras acciones, toda vez que la finalidad de la Profepa es preservar el medio ambiente, no obtener ingresos por multas.
FUENTE: Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Coahuila
De prioridades
La ecología y el cuidado del medio ambiente están todavía muy lejos de la lista de prioridades de los distintos niveles de Gobierno, pues las dependencias encargadas de vigilar el cumplimiento de normas y leyes en esa materia son de las más golpeadas por los frecuentes recortes presupuestales.
·La oficina de representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Torreón, sólo cuenta con tres inspectores para atender un padrón de casi 500 empresas.
·El Instituto Coahuilense de Ecología se muestra hasta ahora, como una dependencia ?de membrete?, pues la Subdirección Regional sólo tiene a la titular y una secretaria que deben cubrir una serie de roles o funciones, además de que ocupa un pequeño espacio del edificio Coahuila.
·La Dirección del Medio Ambiente del Municipio es la que más inspectores tiene (nueve) más el apoyo que se le brinda por medio del personal de la Dirección de Inspección y Verificación, aunque ésta sigue estando limitada por la propia Ley para intervenir en aquellos casos que no son competencia municipal.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
