“La honestidad paga, pero no lo suficiente para convencer a algunos”.
F.M. Hubbard
La transparencia ha sido siempre una de las exigencias de la izquierda. Sin embargo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador -quien esta semana dejará el cargo para registrarse como aspirante a la candidatura presidencial del PRD- encuentra su verdadero talón de Aquiles en este tema.
López Obrador tiene razón en sentirse satisfecho de su paso por el Gobierno del Distrito Federal. En la lucha contra la inseguridad -el tema que más preocupa a la gente común y corriente- ha logrado un éxito importante. Es verdad que sus enemigos dicen que el régimen ha fracasado porque cuestionan la veracidad de las estadísticas o porque señalan que el crimen no ha desaparecido del Distrito Federal.
Pero las estadísticas que hoy señalan la baja de los índices delictivos son las mismas que antes se empleaban para mostrar sus altos niveles. No sólo han descendido las denuncias ante el ministerio público, sin embargo, sino también las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y las de la Canaco. Por otra parte, si la medida del éxito fuera acabar al cien por ciento con el crimen, nunca nadie lo obtendría.
No hay duda que tanto el segundo piso del Periférico como el Metrobús han sido proyectos muy controvertidos. Pero las encuestas de opinión, como la que recientemente realizó Consulta Mitofsky sobre el Metrobús, revelan que la mayoría de la población está satisfecha con estos proyectos.
En los programas de asistencia a adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras se sustenta buena parte de la popularidad de López Obrador. Es verdad que hay dudas acerca del costo de sostener estos programas en el largo plazo, pero de momento la percepción popular es positiva. López Obrador, de hecho, ha demostrado que se puede dar ayuda directa a los pobres sin crear onerosas instituciones burocráticas.
En el campo de la estabilidad financiera, López Obrador ha sido más sensato de lo que se podía esperar. Si bien no ha reducido la deuda pública de su entidad -como lo ha hecho en cambio Enrique Martínez y Martínez en Coahuila-, cuando menos ha disminuido su tasa de crecimiento. Y esto es más de lo que se podía esperar de un Gobierno que se creía sería populista.
Es en la transparencia, ese tema que debería haber sido patrimonio de la izquierda, donde se debe reprobar a López Obrador. No sólo inquieta su resistencia y la de los legisladores del PRD a promulgar una Ley realmente eficaz sino que sus decisiones parecen haberse enfocado a entorpecer el acceso a la información pública.
Uno de los últimos ejemplos lo vemos en la decisión de la mayoría perredista en la Comisión de Vigilancia de la Asamblea Legislativa para posponer una auditoría al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic). Este fideicomiso es el que ha manejado los gastos del segundo piso del Periférico. El órgano de fiscalización de la Asamblea Legislativa propuso incluir una auditoría al Fimevic en la primera etapa de revisión de la cuenta pública de 2004, que debe entregarse antes de julio de 2006.
Pero la mayoría perredista en la Comisión de Vigilancia echó para atrás la propuesta por lo que los resultados sólo estarán disponibles después de las elecciones de 2006.
López Obrador ha sostenido en repetidas ocasiones que los fondos que se utilizaron para la construcción del segundo piso del Periférico son perfectamente limpios. Pero no se entiende entonces porqué este gasto hubo de esconderse en un fideicomiso, que es la manera favorita de los gobiernos mexicanos de ocultar el manejo de dinero. Tampoco se ve claro porqué la auditoría sobre este tema deba postergarse para que sus resultados sólo estén listos después de las elecciones de 2006.
López Obrador se encuentra en un momento crucial de su trayectoria política: ha salvado los escollos de gobernar durante casi cinco años una de las ciudades más complejas del mundo; ha sobrevivido a un intento de inhabilitación política: ha conseguido mantener su popularidad pese a todos los ataques.
Su resistencia a la transparencia, sin embargo, es un pecado muy serio. En este tema el tabasqueño parece haber asumido una posición contraria a la de la verdadera izquierda. Habría que preguntarse si es producto de un error o de un intento sistemático por encubrir irregularidades.
GENOCIDIO
La Suprema Corte de Justicia no entró al fondo del asunto cuando decidió que el posible delito de genocidio por los hechos del diez de junio de 1971 no ha prescrito en el caso del ex presidente Luis Echeverría y del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia. Pero el Quinto Tribunal Unitario sí entró a ese fondo, para determinar que estos dos ex funcionarios no son culpables de genocidio por el Halconazo.
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