El proyecto de renovación del transporte urbano en Torreón vive una crisis por la oposición de algunos concesionarios, que no dan muestras ni de disposición para hacer un esfuerzo en aras de la modernización, ni de voluntad de diálogo.
La propuesta del alcalde Guillermo Anaya implica un nuevo diseño en las rutas, que al decir de la autoridad se justifica en razón del crecimiento urbano y las tendencias que ha provocado en el tránsito de personas y vehículos en la red vial citadina. Es cierto que las rutas han nacido y crecido junto a la ciudad sobre la marcha, pero el trazo y aplicación de un plan integral al respecto, es asignatura pendiente.
A la propuesta del Gobierno Municipal, responden algunos transportistas que desde ahora han renovado su parque vehicular y mejorado el servicio en algunas rutas muestra, lo que acredita su disposición para invertir en ese segmento de la actividad al que reconocen como un negocio lucrativo.
Existe otro grupo de transportistas que encerrados en los viejos esquemas, insisten en que su actividad no es un negocio costeable, al tiempo que se aferran a sus concesiones y se empeñan en hacer las cosas como en el pasado, cuando el tamaño de nuestra ciudad era otro y otras las necesidades de los destinatarios del servicio.
El servicio público de transporte urbano es una actividad propia de la Administración Municipal concesionada a particulares, lo que en teoría indica que el Ayuntamiento impone a los concesionarios las condiciones que demande el interés y bien común de la sociedad y si el concesionario no quiere o no puede satisfacer tales requisitos, pierde la concesión.
Sin embargo la historia enseña que los concesionarios referidos fueron en su momento privilegiados del viejo régimen de partido de Estado, corporativamente uncidos al sistema en función de la asignación y disfrute de las concesiones, por razones de control político electoral. Bajo ese esquema de toma y daca la autoridad toleraba la ineficiencia, que se traducía (y se traduce hasta la fecha) en un servicio malo y caro.
Al paso del tiempo y en virtud de los cambios ocurridos en nuestro país y región, en los que la alternancia en el ejercicio del poder son una realidad, los concesionarios se dividen entre los que han sido capaces de asumir los nuevos tiempos, que reconocen que la actividad es un buen negocio y están dispuestos a invertir y a que sus rutas sean modificadas y aquellos que se oponen por conveniencia práctica, por interés político partidista asociado al viejo régimen o por ambos factores al mismo tiempo.
Ante estos grupos que se oponen al rumbo que la sociedad y los tiempos demandan, los gobiernos que promueven el cambio transitan al filo de la navaja, porque están o se sienten obligados a ser firmes en su voluntad de modernización de las estructuras, a emplear el diálogo como único medio para romper las inercias y a evitar todo género de coacción, lo que los hace vulnerables a la provocación de sus adversarios o los hunde en la parálisis.
Al tiempo que los intereses particulares de grupo, sector o partido acusan a estos gobiernos de falta de capacidad para concertar acuerdos, determinan la suerte de una sociedad rehén, ante cuyo rostro espetan: Los cambios no pasarán.
También se oponen a la modernización del transporte público en Torreón intereses meramente políticos, como se observó el lunes pasado en una denigrante manifestación que tuvo lugar en el edificio de la Presidencia Municipal, en la que participaron colonos invasores de terrenos que fueron del Ejido Zaragoza Sur bajo la dirección de Gustavo Rodríguez, líder acusado del despojo de esos terrenos según averiguación penal 68/2003 iniciada por la Procuraduría de Justicia de Coahuila hace mas de dos años, que permanece inconclusa como ejemplo de la impunidad que cubre a la delincuencia asociada a los intereses del poder público en nuestro estado.
El grupo en cuestión se enfrentó a la autoridad de una manera denigrante, con el mismo ofensivo talante con el que suelen tratar a los usuarios en el día a día de la prestación del servicio.
Para el ciudadano no especialista en temas de ingeniería de tránsito es difícil opinar sobre la propuesta del Gobierno Municipal o las objeciones que expresan sus adversarios sin embargo, el sentido común es un instrumento confiable para discernir al respecto, que nos permite emitir un juicio que se traduzca en acciones concretas de apoyo o repudio al proyecto de la autoridad.
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