No obstante la indignación pública suscitada por el enriquecimiento de Arturo Montiel Rojas, la Procuraduría General de la República se alzó de hombros y dijo que mientras no recibiera denuncia no iniciaría averiguación alguna. El último sábado de octubre se le acabó ese pretexto. Un regidor del ayuntamiento de Tlalnepantla, José Luis Cortés Trejo, miembro del PRD, acudió al Ministerio Público federal a presentar la acusación que hacía falta.
La gravedad de los ilícitos que podrían resultarle al ex gobernador mexiquense, y la posibilidad que se marchara del país para impedir la acción de la justicia no hicieron que se acelerara el paso. Quizá porque el ambiente general parecía de asueto, a pesar que el primero y el dos de noviembre no son días de descanso obligatorio (y no los hay para la PGR), Cortés Trejo no fue llamado a ratificar su denuncia. No nos sorprenda que la morosidad ministerial permita a Montiel ausentarse del país. Podría refugiarse en Francia, la tierra de su esposa y habitar el colosal departamento del Distrito 16 de París que cuenta en el vasto inventario de sus bienes inmuebles (Reforma, 21 de octubre).
En la víspera de esa fecha Montiel decidió “no continuar en la contienda de mi partido para elegir a su candidato presidencial”. Supuso tal vez que ausentándose del foro público se olvidaría la causa de su renuncia, que fue la difusión sobre su patrimonio, o una parte de él, y la conciencia pública de que bienes de esa magnitud no pudieron ser obtenidos por medios lícitos. De hecho, la semana anterior, apenas unas horas después de que Víctor Trujillo exhibiera en su programa de televisión depósitos bancarios de los hijos de Montiel (35 millones de pesos en efectivo) y la compra de varios inmuebles por su esposa, el entonces precandidato presidencial, que inicialmente reaccionó con notoria irritación, propuso dar “vuelta a la hoja”.
Pero ni antes ni después de su dimisión es posible otorgarle el beneficio del olvido, como si dejar de buscar la Presidencia de la República fuera sanción suficiente. Germán Dehesa cree, en cambio, que debe aplicársele la que corresponda al enriquecimiento ilícito y para formular la denuncia correspondiente, en una innovadora suerte de acción popular (una figura jurídica todavía no legislada entre nosotros) inició la semana pasada la Operación Ratonera, destinada a sumar nombres a la presentación del caso ante la Procuraduría General de la República. “Si tú, lectora, lector querido -propuso el 26 de octubre- también te sientes ganado por el hartazgo y tienes hambre y sed de justicia, bríndanos tu apoyo y envíanos un correo electrónico con tu nombre, tu edad, tu teléfono y tu propio correo electrónico a esta dirección: ratonera@plazadelangel.com.mx...”.
Veinticuatro horas más tarde, después que en ese breve lapso recibió dos mil adhesiones, recomendó una fórmula alternativa para expresarlas: “Basta ingresar al portal que tiene el galano nombre de www.plazadelangel.com.mx y localizar en la pantalla el rubro que anuncia Operación ratonera. Ahí hacen click...Una vez que estén ahí, la página misma les dirá cómo y dónde dejar sus datos. Se trata de algo extremadamente sencillo que no les quitará tiempo y nos incorporará a una urgente tarea ciudadana”.
Ayer jueves, el autor de la Gaceta del Ángel reportó que “las adhesiones para exigir la investigación a fondo de las denuncias presentadas contra Montiel han escaseado y trabajosamente hemos llegado a la ya respetable cantidad de 15 mil ciudadanos que no quieren que la justicia siga durmiendo”.
Esta movilización ciudadana complementará la denuncia formal ya presentada ante el Ministerio Público federal por el regidor Cortés Trejo y las que Acción Nacional presentará en el Estado de México, según anunció su dirigente local Francisco Gárate, quien también dijo que solicitará a la contraloría del Congreso mexiquense hacer públicas las declaraciones patrimoniales de Montiel.. Como la federal, la Ley local de responsabilidades de servidores públicos ordena la presentación de tales documentos, pero no obliga a su exhibición. El gobernador Enrique Peña Nieto fue requerido, a la luz del escándalo que envuelve a su antecesor (del que es causahabiente) a publicar sus propias declaraciones patrimoniales y rehusó hacerlo, pretextando que la Ley no lo obliga a hacerlo.
Es urgente que se presenten y se tramiten las denuncias mencionadas, para evitar que prosperen las acciones legales y políticas destinadas a preservar la impunidad de Montiel. Con la apariencia de lo contrario, a ese fin se dirige la orden del propio Peña Nieto para que la contraloría estatal “evalúe la utilización de los recursos”, manejados por su padrino cuando fue gobernador. El resultado de tal ejercicio será la exoneración de Montiel. No se requiere bola de cristal para saberlo. Basta saber que el contralor encargado de la evaluación es el mismo del sexenio anterior y basta recordar que Peña Nieto mismo fue secretario de Administración y jefe de los diputados priistas, funciones que resultarían mal cumplidas si ahora se descubriera una irregularidad no advertida antes.
Como parte de su operación cicatriz, en el PRI se abre paso la decisión de arropar a Montiel, como si la acción propagandística que lo empujó al abismo careciera de sustento. No sería extraño que el ex gobernador resultara candidato a senador, y adquiriera el fuero constitucional que impidiera el comienzo de procesos en su contra
