La comidilla de la semana en la ciudad de Torreón, ha sido el viaje del presidente municipal a la Ciudad de México, en virtud de su participación en la llamada Convención de la Asociación Mexicana de Municipios.
Los medios de comunicación y los organismos intermedios de la sociedad interpelan respecto a la justificación y productividad del viaje y con mayor razón en función de que el Alcalde viajó acompañado de una comitiva formada por un buen número de integrantes del Cabildo y algunos de sus principales colaboradores.
Por fortuna los ciudadanos tenemos acceso a la información gubernamental mediante sistemas en los que en el caso de Torreón estamos a la vanguardia, por obra de los cuales se ha sabido del viaje y de sus fuentes de financiamiento, cosa imposible en otros tiempos y que aún hoy día en otras latitudes del territorio nacional no existe.
La participación de la administración que preside Guillermo Anaya en el foro de referencia, constituye un hecho similar a otros que de manera constante se presentan en todos los niveles de Gobierno. Enrique Martínez asiste a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); el procurador de Justicia a la reunión de sus homólogos de otros Estados y hasta los Tribunales Superiores de los Estados, realizan encuentros nacionales o regionales. En todos estos casos, los participantes suelen ir acompañados de comitivas grandes o pequeñas.
El objeto de tales reuniones se explica, en función de los frutos relativos a la capacitación y al intercambio de ideas y de experiencias entre los participantes, que contribuye a enriquecer nuestra vida pública. Los cambios operados en la sociedad mexicana en las últimas décadas, exigen que transitemos de las antiguas estructuras de Gobierno rígidas y en sentido vertical, a otras más flexibles que incluyan el trato horizontal entre los protagonistas gubernamentales que ejercen funciones similares en otras partes de la República.
Sin embargo el gasto económico que esta forma de turismo burocrático representa, implica como bien dijo algún dirigente empresarial, calcular el costo-beneficio de dichos eventos.
En efecto, así como la situación económica del país exige que el sector privado y los ciudadanos en general hagamos “más con menos”, este mismo imperativo impone a los gobernantes el hacer rendir los recursos disponibles, en términos de más obra pública e infraestructura y una mayor y mejor satisfacción de las necesidades colectivas.
Por ello para justificar el gasto no es suficiente que la administración que preside Anaya Llamas, argumente en su defensa por conducto de alguno de sus voceros, que en gastos similares incurrió la administración de Salomón Juan Marcos, pues ello equivale a reconocer: “todos somos iguales…”.
Es urgente establecer criterios que impongan límites al gasto en los eventos de esta naturaleza, a fin de que se determine un porcentaje máximo que no debe rebasarse en este renglón presupuestal, tomando como punto de referencia el total de los recursos disponibles en la Entidad o nivel de Gobierno de que se trate.
Es obligación de los actores gubernamentales con el concurso de los partidos políticos que los sostienen, el resolver esta cuestión a nivel legislativo, de cara la sociedad a la que se deben y que al fin y al cabo es la que paga.
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