Mientras que los diputados decidirán mañana el desafuero de Andrés Manuel López Obrados, los senadores discutirán una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que consagra los intereses del duopolio de la televisión y no sólo desatiende y aún desdeña los intereses de la sociedad en general, sino que ni siquiera responde a los de la industria de medios electrónicos en su conjunto.
El senador Héctor Osuna, panista bajacaliforniano que como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes tomó a última hora el control del debate en comisiones, presentará mañana un dictamen que es exactamente lo contrario de lo que el propio ex alcalde de Tijuana afirma: En la primera de las “diez razones por las cuales es mejor” su dictamen que el largamente postergado de una subcomisión creada ex profeso, el arquitecto Osuna asegura que el suyo “es un documento de consenso en el cual no se llevó a cabo ninguna simulación, preferencia o imposición y realmente se escuchó a todos los interesados”.
Es exactamente al contrario. Apenas en diciembre pasado la Comisión encabezada por Osuna abordó el tema, y en sólo dos sesiones, el dos y el nueve de febrero pretendió sintetizar una consulta que había tomado meses, a partir del cinco de marzo de 2001. Durante 19 meses a partir de entonces, la Secretaría de Gobernación recibió el parecer de innumerables organizaciones civiles cuyas propuestas fueron postergadas por el golpe de mano del diez de octubre de 2002 que reveló la alianza entre la pareja presidencial y los consorcios de la televisión abierta. Esa coalición de intereses, gananciosa por la vía reglamentaria a partir de esa fecha, quedará consolidada mañana si el Senado aprueba el proyecto Osuna.
Al reponerse de la frustración que el decretazo del 10/10 les produjo, las organizaciones civiles participantes en la consulta prepararon el anteproyecto en cuyo diseño general habían participado. Decenas de miembros del Senado hicieron suyo el documento y algunos de ellos, de los tres partidos con mayor representación en el Congreso consiguieron crear una subcomisión que elaborara un predictamen al respecto. Cuando a fines del año pasado los intereses creados se percataron de la posibilidad de que la discusión senatorial sobre el tema condujera a una nueva legislación sobre la materia, la enfrentaron para frenarla.
Lo hicieron a través de varios mecanismos. Saltaron contra el predictamen senadores priistas con obvios intereses materiales y políticos en ese campo, como Emilio Gamboa, cuya gestión como secretario de Comunicaciones y Transportes de Carlos Salinas requiere una amplia indagación (no sólo en esta materia), o José Bonilla Robles, concesionario zacatecano que regresaba de su fallido intento por gobernar a su estado. Esos intereses consiguieron detener el tranco legislativo ya admitido y, después de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión aceptó por fin decir la palabra a que tiene pleno derecho pero que se había negado a pronunciar, el predictamen comenzó a ser aflojado, para hacerlo aceptable o siquiera discutible, algo que también se difirió una y otra vez.
Pero ese debilitamiento no fue suficiente y ahora se ha preparado el dictamen Osuna, que de ser aprobado entregará la industria audiovisual a las dos empresas de televisión abierta y privará de ese servicio a porciones importantes de la sociedad mexicana. Pero ése es sólo uno de los muchos efectos de mantener las cosas como están, o en peor situación, que es en último término lo que propone la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Se derruye en su dictamen la principal aportación del original proyecto civil apoyado por senadores, el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Creado en la Ley vigente, que en enero pasado cumplió 45 años de edad, ese Consejo resulta de la hipocresía que ha sido definida como el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Es decir, se ha admitido la necesidad de un órgano regulador más allá de las oficinas burocráticas pero se finge colmarla con facultades borrosas, o ni siquiera se le organiza o convoca.
Se requiere un órgano a la manera del Instituto Federal Electoral o el de Acceso a la Información, que sea la autoridad en radio y televisión. El funcionamiento de esas instituciones es ya una demostración clara de que consejeros y comisionados dotados de autonomía o de un ancho campo de actuación pueden gestionar con éxito los intereses generales, con responsabilidad y al mismo tiempo sin sujeción a dependencias burocráticas. Las elecciones de 1997, 2000 y 2003 constituyen la más elocuente muestra de cómo se puede construir, casi de la nada o a partir de muy poco, el edificio de la confianza pública en los procesos electorales. Y en un término todavía más breve el IFAI ha generado una atmósfera en que prosperan las iniciativas y las acciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas.
El senador Osuna se burla de esa propuesta que desapareció en su dictamen llamándolo “consejo de notables”. Desprovista de la carga peyorativa, esa expresión es justa. Es preferible que las decisiones sobre radio y televisión (autorizaciones de empresas, servicios y contenidos) sean asumidas por un cuerpo de ciudadanos y no por un burócrata advenedizo, secretario de Estado por azares de la política.
Quizá todo sea una añagaza para que todo quede como está. Pero es tan extremadamente perniciosa la alternativa Osuna, que más valdrá construir otra ocasión de reforma.
