Con la rendición del Sexto y último Informe del gobernador Enrique Martínez y Martínez, llega a su etapa final un sexenio que concluirá con la entrega del mando el próximo primero de diciembre.
Sorprende en el Informe que el gobernador diga que llegó al ejercicio del cargo “sin agravios, sin rencores, sin cuentas por ajustar y así me voy…”. Este lenguaje que parece extraído de una novela de Mario Puzo, no corresponde al estilo de política que los tiempos demandan, pues los coahuilenses requerimos un Gobierno moderno que además de garantizar la seguridad y la paz social, sea promotor del desarrollo humano, económico y social.
Desde la Secretaría de Gobierno se mantuvo ciertamente el control que bajo el rubro de gobernabilidad y paz social festina el Informe, pero al alto costo que supuso el empleo de un estilo policiaco innecesariamente afrentoso.
Bajo esa tesitura, las asignaturas pendientes abarcan en lo político la recreación a nivel local del viejo régimen de partido de Estado bajo el liderazgo unitario del gobernador en turno y la inoperancia radical del sistema de división de poderes.
Por lo que hace al Congreso, la pasada Legislatura presidida por el licenciado Heriberto Ramos, se vio continuamente acosada por la intromisión incluso física de la Secretaría de Gobierno; la actual Legislatura presidida en su mayor trayecto por Abraham Cepeda, naufragó en los mares de la intrascendencia y la improductividad.
Por lo que toca al Poder Judicial, los torreonenses difícilmente podremos recordar otra época de mayor intromisión del Ejecutivo al través de la Secretaría de Gobierno, en la labor de los jueces de Primera Instancia.
La Autonomía Municipal fue sistemáticamente vulnerada, en virtud de la intromisión del Ejecutivo Estatal en las finanzas y la obra pública de los municipios bajo el esquema denominado “Alianza Coahuilense”, que no es sino una estrategia para llevar los recursos de los municipios a la bolsa del Gobierno del Estado para ser administrados en forma centralizada.
En cuanto a otras dependencias estatales, destaca la falta de acciones en materia de desarrollo económico en comparación con la Administración de Rogelio Montemayor y por lo que hace a la Procuraduría de Justicia, se puede decir que estuvo seis años de vacaciones.
Por lo que toca a la Comarca Lagunera, se informa de una serie de obras inconclusas (ampliación del periférico, pasos a desnivel, edificios de la procuraduría y de los juzgados familiares, etcétera) y se omite una obra en particular que fue la máxima del régimen, el Distribuidor Vial Revolución, severamente cuestionado por la Ley de la gravedad.
Llega a su fin un régimen que será recordado por un manejo obsesivo de la imagen virtual del titular del poder ejecutivo en los medios, hasta el punto de que la prioridad ha sido la apariencia, que de esta suerte cobra más importancia que el ser como factor de realidad.
Por último, el gobernador afirma que “nadie” le puede reclamar haber tratado en forma desigual a cada una de las regiones del estado, a ese respecto el juicio de la historia queda pendiente. Por lo que hace al juicio de los torreonenses sobre la Administración gubernamental que termina en Coahuila, fue emitido de manera contundente e inapelable en las urnas, el pasado 25 de septiembre.
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