Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaban de resolver que el magistrado de Circuito, Héctor Gálvez Tánchez, cometió un delito, que ni la Ley Federal de Responsabilidades ni la Ley Orgánica del Poder Judicial estiman como grave, por lo que siendo de los considerados leves, al autor, tan sólo se le aplicará una sanción administrativa de suspensión por un lapso de seis meses. No obstante que fue acusado de acoso sexual por dos de sus subordinadas, que trabajan en la misma oficina donde despacha este sujeto. Una vez cumplidos, agregan, será reinstalado en su plaza con todos sus derechos a salvo. Antes, el Consejo de la Judicatura Federal había dictaminado que sí era grave la falta procediendo fuera echado del cargo.
Este asunto nos da pauta para considerar que la justicia en México es impartida por robots que traen un chip electrónico, integrado en sus células cerebrales, que les impide apartarse un milímetro más allá del texto de la Ley y no por seres humanos capaces de pensar y actuar en consecuencia atendiendo al escándalo social que provocó un asunto que demerita la función pública.
La legislación no contempla expresamente el acoso sexual como delito grave y causa de destitución, ergo los ministros de la Corte tienen las manos atadas para poner de patitas en la calle a quien, según la resolución del Consejo “faltó al profesionalismo y a la excelencia propia de su actuación, al no cumplir de manera ejemplar sus deberes y por actuar de manera irrespetuosa, indecorosa, falta de sencillez y honestidad” decidiendo que “las faltas en que incurrió el servidor público denunciado son de gran gravedad y trascendencia que perjudica no sólo la imagen del Poder Judicial de la Federación, sino además deteriora la función jurisdiccional”.
Por menos de lo que hizo este señor, en un país serio, no de folletín como el nuestro, era hora de que se le hubiera consignado ante las autoridades penales correspondientes. Es de temerse que en vez de ello, en el acabose del caso un día de éstos sea elevado de categoría colocándole en su testa el birrete y en su cuerpo la toga que señale su nuevo rango de ministro de la Suprema Corte.
Esto es intolerable para un cuerpo colegiado al que las circunstancias sociopolíticas han ubicado como el fiel de la balanza en las disputas entre poderes, en una azarosa época en que los valores van cayendo en una espiral que no anuncia nada bueno. Aclaro que no se puso en duda la veracidad de lo expuesto por las denunciantes que se quejaron de que el funcionario en forma reiterada las llamaba a su privado y les hacía propuestas indecorosas, -de seguro, sintiéndose Robert Redford de petatiux, sin la galanura del actor ni el millón de dólares que este ofrecía-, pretendiendo que sostuvieran relaciones sexuales, invitándolas a comer o cenar en algún restaurante o discoteca, reprochando que no lo saludaran de beso en la mejilla, obligándolas a acudir al tribunal fuera del horario de labores, pidiendo, a una de ellas, que usara minifalda, por que así le gustaba verla.
Esto es increíble. No digo que sea o no un magistrado libidinoso, lujurioso, concupiscente, depravado, lascivo, en una palabra inmoral, dado a la disipación en horas de trabajo, según señalan las valientes denunciantes. Lo que no salgo del asombro es que cuatro de cinco ministros, del más alto tribunal del país, padezcan de una miopía galopante que no los permite ver las consecuencias del criterio que están sustentando.
A las quejosas las deja huérfanas de justicia e indefensas ante las represalias que, cuando retome su puesto, pueda ejercer el cachondo magistrado. Ya se pueden ir despidiendo de sus empleos. Es inconcebible la actitud, de suyo tan severos, de convertir las salas tribunalicias en antros donde se puede dar rienda suelta a los instintos más primitivos del ser humano.
El único sensato, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, ex presidente de la Corte, cuestionó la decisión del pleno, votando en contra, manifestándose indignado. Lo único que quedaría por decirse es que los fantasmas de grandes juristas, Ignacio L. Vallarta, Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero que no dudo gustaban de asistir a las sesiones, hayan decidido retirarse hasta que la seriedad y la sobriedad de criterios vuelva a campear en ése, hasta hace poco, honorable recinto.
