Me considero un soñador. Los hay que ante esta declaración me tildarán de ingenuo. Vea usted si no. Me hubiera gustado que el recurso dirigido a combatir la resolución del Pleno del Tribunal Estatal Electoral hubiera sido retirado por la voluntad unánime de todos los aspirantes que han manifestado su deseo de registrarse para competir en el proceso interno al que convocará el PRI en unos días más.
Eso, a mi manera de ver las cosas, hubiera mostrado nobleza, magnanimidad y gallardía de quienes están intentando obtener el voto mayoritario de sus compañeros de partido. Testimoniaría además que, tengan a quien tengan enfrente, están seguros de contar con los méritos suficientes para ser preferidos por sus compañeros de partido. Uno de ellos recibirá el respaldo, sin que ello signifique que los demás no lo merecieran.
Como suelen decir en los concursos, todos por el hecho de haberse registrado son triunfadores. No obstante sus ambiciones que pueden cegar al más plantado, si lo piensan detenidamente, no creo que estén dispuestos a tomar ventaja aprovechando una disposición que elimina las legítimas aspiraciones de quien no acredite haber desempeñado previamente un puesto de elección popular.
Son los priistas los que con su voto deberían decir cuál, de los que se han venido mencionando en los medios de comunicación, es el que les conviene para que compita en el proceso interno que lo llevará al cargo de gobernador. No son los partidos políticos quienes deben desdeñar a uno o varios de sus compañeros poniendo trabas meta-constitucionales que les impidan figurar en la pasarela.
Conozco el caso de políticos que han accedido a un cargo de elección popular sin que ello hubiera servido para hacerlos solventes, más bien todo lo contrario. En cambio existen priistas destacados que en el transcurso de los años han venido ocupando puestos de responsabilidad, dentro de la administración pública, que los califica para acceder a cualquier cargo de elección.
No me interesan los argumentos que se puedan esgrimir para justificar lo que el vulgo ha dado en llamar candados. Eso se los dejo a quienes caminan por esta vida con anteojos, porque son cortos de vista y no quieran darse cuenta que la democracia no es sólo una palabra de moda.
Está no únicamente en los folios de un cuaderno judicial. La democracia está en las calles, en la epidermis y en la conciencia de todos los coahuilenses.
¿Cuál fue el temor que llevó a separar del resto de los políticos a los que han obtenido con anterioridad un lugar proveniente de la voluntad de un preboste? Son los menos quienes llevados de la mano de un padrino han accedido a un cargo en que han estado de por medio las ánforas electorales. ¿Se trata de convertir a un partido en propiedad de una élite? Eso no es producto sino de una hipocresía, pues antes del año 2000 se palomeaban los puestos de elección popular entre los favoritos del monarca sexenal en turno.
Esto es, se hacían las listas que se ponían a consideración del gran elector quien borraba a sus enemigos aprobando en cambio a sus recomendados. De los gobernadores, cual más cual menos, recibieron el visto bueno de quien ejercía el mando real en ese partido para figurar como candidatos.
De acuerdo, eran otros tiempos pero, ¿con qué rasero moral se atreverían a frenar las justas aspiraciones de un ciudadano que en la actualidad quisiera hacer sus propuestas en busca de que la simpatía popular acepte su postulación?
Los ministros que integran el Tribunal Federal Electoral, es posible que ayer lunes hayan dado su fallo. Desde ahora les digo que no tuvieron a la mano los elementos necesarios para decidir la disputa si antes no se plantearon, ¿qué quiere el pueblo de Coahuila?, ¿que participen todos los coahuilenses cuyos méritos personales los hagan aspirantes al Gobierno del Estado?, o ¿que otros decidan su futuro como entidad, bloqueando las legítimas aspiraciones de ciudadanos propensos a contribuir al fortalecimientos de nuestras instituciones?
Un enorme número de partidarios se quedará chasqueado al no darles la oportunidad de escoger. Los priistas coahuilenses no han de querer, ni desear, que desde el centro de la República les digan por quién sí o por quién no deben votar.
Habría ahí una discriminación intolerable en un régimen que presume de demócrata. Sea cual sea el partido político de que se trate. En este caso, hay por encima del fallo de la asamblea nacional priista, incorporado en sus estatutos, el derecho de todo ciudadano de votar y ser votado. A ese principio universal no se le deben anteponer candados más allá de los que digan las leyes. Creo que ahí radica el quid del asunto, si aplicamos ese apotegma electoral, todos los demás argumentos salen sobrando.
