El magistrado de Circuito, acusado por tres de sus colaboradoras de acoso sexual, exige su reinstalación inmediata al haber transcurrido el año de suspensión que le fue decretado, en cumplimiento a la decisión que emitió la Suprema Corte cuyo lapso, inexplicablemente se ha extendido, dice, a dos años y medio. Exige además, que una vez que concluyó el primer año sin goce de sueldo, lapso que se fijó como sanción administrativa, se le cubran los salarios caídos por el tiempo que dure fuera del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con residencia en la ciudad de Torreón, lugar donde presta sus servicios junto a las subordinadas que presentaron cargos en su contra (ver periódico editado el martes 13 de septiembre de este año). Hemos de recordar que el Consejo de la Judicatura Federal determinó, previa denuncia de las afectadas, que la falta era grave y ameritaba la separación del cargo. El Tribunal de alzada al resolver el recurso del émulo de don Juan Tenorio, revocó aquel cese, indicando que la Ley no contempla para esos hechos la pena que aplicó el Consejo de la Judicatura, debiendo considerarse una simple falta administrativa y no un delito grave. La falta consistió en propuestas indecorosas que ya detallamos en colaboración anterior.
Es preciso que los lectores, en relación a este punto, acompañen a las trabajadoras, paso a paso, en su trajín diario, entrando con ellas por las amplias puertas de la sede del tribunal donde prestan sus servicios que es una edificación majestuosa que llama a la meditación con amplios salones, pisos cubiertos con alfombras, finos escritorios y sillones, paredes de estuco, escaleras que llevan al visitante a los recintos donde graves señores manejan pesados infolios. El silencio flota en el ambiente. Parecería más un hermoso convento de monjes cartujos, que una casa de justicia. Es aquí, si siguieron a las menestrales, lo estarán viendo, donde la apostasía de un hombre de leyes libró la batalla dirigida a poner un cerco a las asediadas empleadas tratando de romper los candados de su honestidad mediante proposiciones que traían el peso de su jerarquía.
El pasado viernes 25 de noviembre de 2005 se celebró el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, que puede ser emocional, económica, física o, como en el caso, consistir en un hostigamiento sexual. La justicia en verdad es ciega, cuando se trata de juzgar el quehacer de sus propios funcionarios. Ya decíamos que a las sesiones de la Corte solían acudir desde el más allá grandes juristas, personajes que, en vista de lo sucedido, han resuelto mantener sus espíritus alejados de ese lugar considerándolo mancillado.
El que haya actuado de manera irrespetuosa, indecorosa, falta de sencillez y honestidad debería dar lugar a que, sin más presión que su propia conciencia, decidiera presentar su renuncia. Es posible en este tiempo, permaneciendo fuera del tribunal, lo haya hecho reflexionar llegando a la conclusión de que actuó con absoluto desdén a las normas que rigen el comportamiento social, poniendo en peligro, con su conducta, la dignidad que corresponde a un claustro donde se imparte justicia. Los ministros no perdonan estas liberalidades por lo que ahora, con dejadez, abandono e incuria dan la impresión de que oscuros intereses impiden que se ponga un remedio ejemplar a este asunto. Lo peor es que los señores ministros no quieren enterarse que el leve castigo disciplinario aplicado al romeo de porra redunda en el desprestigio de toda la curia.
