Hace un año comenzó el escándalo de los videos. En rigor estricto, había empezado una semana atrás, cuando en su entonces flamante noticiario del canal 52 Carmen Aristegui y Javier Solórzano habían exhibido al senador Jorge Emilio González Martínez en el acto de negociar un soborno, ignorante de que se trataba de una trampa. Pero a partir del primero de marzo se desencadenó la trama, algunos de cuyos hilos aparecieron en la televisión, que evidenció la codicia y la corrupción de algunos funcionarios del Gobierno capitalino, o que lo habían sido. Los videos, entregados por panistas a los medios de difusión, fueron grabados y puestos a disposición del PAN, por el empresario Carlos Ahumada, eje de una maquinaria orientada a obtener ilegalmente recursos del Gobierno de la ciudad, y a denunciar esos hechos con el manifiesto propósito de dañar políticamente a Andrés Manuel López Obrador.
Un año después, el senador González Martínez sigue tan campante. Se apartó de su puesto legislativo, más por pereza que por dignidad, y sigue encabezando al Partido Verde de su propiedad, aunque ahora enfrenta una sentencia del Tribunal Federal Electoral que lo obligará a dar por lo menos una manita de gato a las feas apariencias de su antidemocrático partido.
Ahumada, a su turno, acusó y fue acusado. Huyó a Cuba y fue deportado tras sufrir un interrogatorio de 40 horas, cuyos pormenores todavía esperamos conocer en México. A pesar de que tardíamente se le cumplió el ofrecimiento de protección, pactada a cambio de la difusión de los videos, se le siguen procesos en el fuero común (a cargo de la jurisdicción local). Mientras es enjuiciado por esquilmar las finanzas capitalinas, su salud se ha deteriorado, al punto de que hace unas horas se le trasladó a un nuevo centro de reclusión donde es posible una mejor atención a sus padecimientos. Rosario Robles, con quien mantuvo una relación personal con efectos políticos, no ha sido llamada a juicio (más que como testigo) pero ha pagado altos costos políticos, entre ellos su desprestigio en amplias capas de la sociedad y su salida del PRD, del que fue presidenta.
Gustavo Ponce, que el primero de marzo de 2004 cobró triste celebridad al ser exhibido como jugador contumaz y dejó de ser secretario de finanzas al día siguiente, huyó durante varios meses y en octubre fue aprehendido por la Procuraduría General de la República, que lo recluyó en La Palma. Aunque se evidenciaron sus nexos con Ahumada, se le procesa por lavado de dinero sin relación con el empresario, que lo indujo al juego de que se hizo adicto.
René Bejarano, que mañana hará un año fue visto recibiendo dinero de Ahumada, víctima de una trampa que éste le tendió pero claro recipiendario y probable beneficiario de dinero que no debió nunca aceptar, abandonó de inmediato sus cargos en la Asamblea Legislativa, pidió licencia como diputado local, fue desaforado y se halla preso, acusado de delito electoral en el Distrito Federal y de lavado de dinero en el fuero federal, por recibir recursos de Ahumada, quien a su vez ha sido exonerado de esa misma conducta.
Tenido como cómplice de Ahumada, Octavio Flores, ex delegado en Gustavo A Madero, se encuentra prófugo, como lo están asimismo otros empleados de menor jerarquía. Igualmente se había sustraído a la acción penal el ex delegado en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo. Se le acusa de haber sido parte de la red de corrupción tejida por Ahumada, y fue detenido la semana pasada en Actopan, Hgo., entidad de donde es oriundo. El único participante en las maniobras de Ahumada que ha sido sentenciado fue Carlos Ímaz. Se le acusó de delito electoral, por recibir dinero de Ahumada, pero quedó exonerado, entre otros motivos porque constó su negativa a nombrar personal recomendado por Ahumada, que en la delegación de Tlalpan hiciera lo que en Gustavo A. Madero.
Aunque nunca directamente señalado en torno de los delitos cometidos por quienes fueron sus colaboradores cercanos, el jefe de Gobierno del Distrito Federal padeció a lo largo de este año, con motivo de estos escándalos -e independientemente del desafuero solicitado en mayo, para procesarlo- una sostenida campaña que a partir de preguntas legítimas sobre su alegada ignorancia del comportamiento de Ponce, llegó a tener los nítidos perfiles de una concertación de esfuerzos por minar su presencia en los escenarios en que se conjetura lo que puede ocurrir en julio del año próximo, cuando se elija presidente de la República.
Es sorprendente su resistencia a esa campaña. Una encuesta nacional del Grupo Reforma, cuyos resultados fueron publicados apenas ayer, lo muestra no sólo a la cabeza en lo que hace a intenciones de voto (como ocurre sistemáticamente en cuanto sondeo al respecto se ha levantado desde 2003) sino muy bien calificado en cuanto a honestidad e integridad, valores respecto de los cuales se le puso en entredicho. El 34 por ciento de los interrogados votaría por él si la elección fuera el día en que se les formuló la pregunta, mientras que sus contendientes presuntos, Santiago Creel y Roberto Madrazo aparecen empatados en 25 por ciento, nueve puntos por debajo del denostado jefe de Gobierno.
Al pedirse a los entrevistados calificar la honestidad e integridad de los presidenciables, López Obrador obtuvo 6.7, por encima del 6.3 de Creel y 5.4 de Madrazo. Y los interrogados confiarían sus ahorros: 24 por ciento al jefe de Gobierno, 14 por ciento al secretario de Gobernación y 11 por ciento al presidente del PRI.
