Gobernadores y empresarios coinciden: la guerra contra el narco la debe ganar el Estado
El Siglo de Torreón
Torreón, Coah.- Mientras que los gobernadores reconocen que hay graves problemas en el país por el fuerte avance del crimen organizado y admiten que han faltado acciones del Gobierno Federal más contundentes y el diseño de políticas más agresivas, efectivas y principalmente coordinadas, representantes de la cúpula empresarial consideran que ante la evidente declaratoria de guerra del “narco” al Estado, se necesita aplicar “mano dura” para frenar el flagelo que representa y restaurar la gobernabilidad en México.
Los gobernadores de Nuevo León, Natividad González Parás; de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y el de Coahuila, Enrique Martínez, coincidieron además en que la solicitud de ayuda que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) a Estados Unidos para implementar una estrategia de acción, es muestra de la forma en que se ha vulnerado la seguridad nacional, lo cual es preocupante, pero sí necesita el apoyo del exterior respetando su soberanía.
Ellos asistieron ayer al Encuentro Regional Temático, “Desarrollo Industrial”, organizado por la Fundación Colosio, que preside Beatriz Paredes Rangel el cual se desarrolló en el auditorio Braulio Fernández Aguirre de la Ciudad Universitaria.
Para González Parás, el problema es grave y la lectura es clara, se registra una guerra abierta entre diferentes células de los cárteles del narcotráfico y el combate frontal a ellos es un tema de seguridad nacional que manda urgentemente reforzar todos los frentes con base no en una duplicidad de esfuerzos, sino una coordinación adecuada entre PGR, Ejército, principalmente con los gobiernos locales, porque “nosotros solos no podemos enfrentar este cáncer que afecta a los mexicanos”.
Llama sin embargo, a dejar a un lado confrontaciones estériles entre los diversos niveles de Gobierno y en vez de “echarnos la bolita”, ponernos a trabajar para buscar una coordinación que permita enfrentar la batalla.
Destaca al mismo tiempo que aunque el país vive un estado de “alerta”, dada la inseguridad pública, la lucha no debe implicar o frenar otras acciones importantes parar aprovechar los vientos favorables de la economía mundial y generar en México más inversión, más apoyos al campo.
Según el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, hay una situación de inseguridad en todo el país pero con mayor impacto en los estados fronterizos y por ese motivo, se pidió el apoyo del Gobierno Federal para reforzar mediante la presencia de las fuerzas federales su entidad y con mayor compromiso, pues es indudable que se necesita “hacer un frente común con el Gobierno Federal, con otros estados, los municipios y la sociedad civil”.
Sostiene que la situación de vigilancia policiaca en Tamaulipas está bajo control por la fuerte presencia del Ejército, de la PGR, de la Policía Federal Preventiva y “la gente que se porte bien no tiene nada que temer”.
Estados Unidos tiene que coadyuvar de alguna manera con las acciones de las corporaciones policiacas nacionales.
Tamaulipas no es el único Estado con graves problemas del crimen organizado, pues es una característica muy particular de los estados fronterizos.
Sobre el mismo aspecto, Enrique Martínez muestra su preocupación, llama a unir voluntades, a ser “daltónicos” para que sin distingos de partidos integrar acciones firmes, enérgicas e inteligentes a fin de luchar con mayor compromiso y sobre todo con mejor coordinación entre los tres niveles de Gobierno, ya que “lo que se ve ahora no es más que el resultado de que las instancias de Gobierno no estén coordinadas sino más bien, enfrentadas”.
Por su parte, el presidente nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Alberto Núñez Esteva, declara que el Gobierno Federal debe cumplir con su responsabilidad principal que es mantener el Estado de Derecho y proporcionar seguridad a sus gobernados.”
La guerra contra el narco la debe ganar el Estado, pues el narcotráfico es un problema que está aflorando, sus consecuencias son terribles sobre todo a nivel del narcomenudeo, por lo que el Gobierno debe ir más allá en sus estrategias para combatirlo y por principio, mediante el establecimiento de mayor coordinación entre las corporaciones policiacas.
En este contexto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Cuauhtémoc Martínez García, opina que en la lucha contra el crimen organizado se deben aprovechar más los recursos públicos y generar una mayor sinergia.
sunto serio
Para Juan S. Millán, representante del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considera que no se está haciendo lo suficiente por parte de las autoridades del Estado mexicano para acabar con estos problemas. “Hay insuficiencia de recursos económicos, hay una legislación inadecuada para enfrentar esta problemática”.
Como ejemplo, citó el caso de Sinaloa, Estado del que fue gobernador. Dijo que la situación se complicó por el aumento de la población joven consumidora de estupefacientes y “el involucramiento de diversas corporaciones policiacas que toleraban o se ligaban al narcotráfico y nosotros estábamos impedidos legalmente para poder actuar contra los vendedores de drogas, tuvimos que hacer una modificación al Código Penal y al de Procedimientos Penales”, entre otras acciones.
Millán dice que para enfrentar al “narco” es necesaria una “gran decisión política y una mayor coordinación, dar atribuciones a los Estados y más recursos”.
Por su parte, Beatriz Paredes Rangel, en calidad de presidenta de la Fundación Colosio, dijo que la magnitud del crimen organizado ya debe tomarse como un asunto estratégico que se abordó desde la perspectiva de la seguridad nacional.
“En ese sentido, además de actuar en términos preventivos con la sociedad para que no se propicie ni se permitan las adicciones en los jóvenes y en los niños, creo que todos debemos hacer un esfuerzo compartido, a la par de actuar contra la producción de estupefacientes de manera más rigurosa”.
La ex diputada federal señaló que no basta con lo anterior y que debe “haber discusiones de fondo sobre estructuras orgánicas y es una de las cosas que debemos plantearnos”.
Y lanzó una serie de interrogantes: “¿Requerimos policías especializadas? ¿requerimos una entidad pública dedicada exclusivamente al problema? ¿cómo está la jurisdicción en materia de rangos de penalidades? ¿cuáles son las ingerencias de otros niveles de Gobierno?”.
