EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Es urgente que el COOMI entre en funciones, dice Alberto Montes Rodríguez, presidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna de Durango, de otra forma, sólo se están tirando los impuestos de la ciudadanía a la basura.
En la nota publicada ayer por El Siglo de Torreón, Juan Francisco Vázquez Novoa, director general de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, dice que para la actual administración no se justifica el gasto corriente que generaría, ya que sólo hay cinco menores que requieren de este servicio, por lo que no es una prioridad.
Montes Rodríguez cuestiona la postura del Gobierno del Estado de Durango al respecto, pues por un lado, no se le da la importancia debida al Centro de Observación y Orientación para Menores Infractores (COOMI), y por el otro, se erogan sueldos para la directora, Ivonne Patricia Elizalde Peraza, y empleados, desde el inicio de la gestión del actual mandatario, Ismael Hernández Deras, a pesar de que no desempeñan ninguna función.
El presidente del Colegio Regional de Abogados considera que los 34 millones de pesos que se invirtieron para la creación de este centro fueron un gran esfuerzo y las autoridades no pueden salir ahora con que ?siempre no?.
Montes Rodríguez rechaza que sean cinco menores los que requieren del COOMI en Gómez Palacio, pues esto significaría que no hay pandillerismo en el municipio, cuando la realidad que muestran las cifras del Ministerio Público y los medios de comunicación es otra.
?Le sugeriría al señor gobernador que en el puesto de Vázquez Novoa designe a una persona más capacitada, los abogados de La Laguna de Durango consideramos que el COOMI es necesario y debe ponerse a funcionar cuanto antes?, indica, ?los impuestos de los ciudadanos se están yendo a la basura pagando sueldos que no se devengan?.
Justificado.
El subsecretario de Gobierno, Luis Felipe del Rivero Ibarra, dice que se ha justificado y se ha visto la necesidad de que el COOMI funcione en la Región Lagunera de Durango, pero derivado de las carencias que tenía, la Secretaría de Gobernación determinó que se reorganizara, por el riesgo que significaría para los menores.
En la Subprocuraduría, hay un promedio de diez menores infractores al mes. Del Rivero Ibarra comenta que se lleva a cabo un estudio en la Secretaría de Seguridad Pública para determinar su factibilidad.
