Agencia Reforma
MÉXICO, DF.- El proyecto del voto de los mexicanos en el extranjero para la elección de 2006 es un retroceso en cuanto a la implementación de los sistemas de regulación que necesita, advirtió la consejera electoral, Lourdes López.
La funcionaria señaló que las condiciones en que fue aprobada la minuta en la Cámara de Diputados la semana pasada, pone en riesgo no sólo la certeza de la elección de 2006, sino el funcionamiento del sistema electoral mexicano que se ha construido con cuidado en los últimos años.
“Nuestras normas electorales vigentes nos han abierto espacios de discusión y de preocupación en materia del financiamiento y fortalecimiento del régimen de partidos políticos pero ya están superados los problemas de la organización electoral.
“Volver a este tipo de problemas para mí sí implicaría sin duda un retroceso”, dijo la consejera.
Para López, si se aplicará la reforma sobre el voto en el extranjero como se aprobó, se estaría “vulnerando nuestros procesos internos” al permitir retrocesos en la aplicación de medidas concretas que afecten principios de certeza y legalidad que hoy se garantizan.
Consideró que las condiciones del voto en el exterior deberían enmarcarse en una reforma electoral integral, política, y fundamentalmente dentro de la agenda migratoria.
“Me preocupa que un tópico de una naturaleza distinta a la (estrictamente) electoral pueda impactar tan severamente nuestro sistema electoral”, añadió.
“Hay que ver integralmente nuestros mecanismos de conformación del poder público especialmente la legislación electoral, para que no haya distingos y no empecemos a tener ‘categorías’ de mexicanos”, dijo.
La consejera sostuvo que en las condiciones aprobadas por los diputados, el proyecto resulta “inviable” y consideró que se debe buscar “una mejor oportunidad para consolidar este derecho legítimo de los mexicanos”.
“Hay que buscar quizá otro momento y otras condiciones”, apuntó la consejera.
La consejera se refirió a condiciones electorales diferentes a las nacionales como las que implican la falta de fiscalización de recursos gastados en el extranjero y la construcción de nuevos registros en el padrón electoral quizá sin la misma certeza que los de territorio nacional.
Además, la instalación de centros de votación y no casillas y la operación del proceso por parte de funcionarios electorales temporales y no permanentes. Todo esto, “afectaría la certeza y la credibilidad del proceso y en uno de los instrumentos fundamentales de la elección, que es el padrón electoral”, sostuvo.
Incluso, dijo la consejera, estas condiciones pondrían en entredicho el equilibrio en la representación política que se buscó en la conformación de los 300 distritos electorales del país, a partir de la recién aprobada redistritación electoral.
Y sobre las limitaciones de sancionar eventuales irregularidades en el exterior comentó: “Si los votos que se emitan fuera del territorio nacional están ‘manchados’ por haber incurrido en acciones que aquí están sancionadas ¿podría la autoridad jurisdiccional decir que allá sí se valía y acá no?”, se cuestionó.
