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México, DF.- Investigadores de la Universidad Iberoamericana (UIA) concluyeron que los mexicanos ven la legalidad como una última alternativa, debido a la corrupción e ineficiencia en la aplicación de las leyes.
Los doctores Eduardo Rodríguez, del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la UIA, y el coordinador de Posgrado en Comunicación, Manuel Alejandro Guerrero, quienes hicieron un estudio sobre la economía política de la corrupción en México, señalaron que lo anterior provoca que la ciudadanía considere que la Ley es negociable, ineficaz y excluyente.
“La legalidad en México no se enfrenta sólo al problema de su falta de aplicación, sino además al problema de su legitimidad. Y sería ésta una de las principales razones que no sólo permite la negociación cotidiana de la Ley, sino que además la sacrifica enteramente en aras de argumentos de justicia aparentemente superiores”, señala el estudio.
En el estudio se consideraron contextos que se refieren a un marco legal inoperante, flexible e incómodo; por ello las salidas alternativas e informales, como la corrupción en sus diferentes formas, “son capaces de encauzar el comportamiento social porque se perciben como formas expeditas, efectivas y predecibles para obtener lo que se desea. Es decir, el concepto que tiene la gente es que si se paga con certeza se obtiene algo a cambio. Esto es, la Ley es negociable, ineficaz y excluyente”.
En sus conclusiones mostraron que no se percibe a la legalidad como la única forma de hacer las cosas, ni como la más eficiente.
Señalaron que la mayoría de las veces la ciudadanía considera como última opción seguir el marco legal, sobre todo cuando carecen de recursos económicos, de las amistades adecuadas o de la astucia para saltar la normatividad.
Explicaron que esta investigación es complementaria sobre cohesión social para verificar algunos resultados de otros estudios sobre corrupción y detectaron ciertos indicios, como que a través de diferentes formas en la que los individuos se representan el orden legal-institucional se puede inferir que éste es concebido como un orden injusto.
Según los investigadores la llamada pequeña corrupción o la “mordida” y la violación cotidiana de normas y reglas podría también entenderse como una forma de equilibrar y de resistir un orden percibido como injusto, en donde aquellos que cuentan con poder se perciben que también usan la Ley a su conveniencia.