De acuerdo con las declaraciones de Manuel Cavazos Lerma, nuevo delegado en Coahuila del CEN del PRI y de Rafael Ortiz, representante de ese partido ante el IFE, los priistas que quieran competir en busca de la candidatura a la gubernatura deberán cumplir con los requisitos que marca el estatuto de ese instituto político. Estas declaraciones le cayeron como balde de agua fría al secretario de Gobierno Raúl Sifuentes, quien ni tardo ni perezoso reviró diciendo que, conforme a la Ley Electoral de Coahuila, el requisito de haber ocupado un cargo de elección popular, no aplica; de manera que si se quiere por esa causa, impedir su participación, él recurrirá a las instancias legales a fin de que se respeten sus derechos políticos. Lo interesante del caso es que tanto Cavazos como Ortiz son amigos personales del gobe Enrique Martínez y en razón de los cargos que ocupan ambos, nadie se chupa el dedo y cree que lo que dijeron no fue previamente platicado con don Quique. De ahí surge la pregunta de que si la convocatoria para la selección de candidato a gobernador incluye el requisito mencionado, ¿estaría Sifuentes dispuesto a litigarle el asunto al gobe? Porque llevar un caso de éstos a tribunales entraña irremediablemente ir contra la voluntad de quien tiene las riendas políticas del estado y por ende, hacerlo equivaldría a pelearse abiertamente con su jefe y cocinero del guiso priista que éste prepara como paltillo fuerte para sucederlo. ¿Otro “Peje”?
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Al cuestionar públicamente los resultados de la encuesta publicada en días pasados por El Siglo de Torreón, el diputado Jesús María Ramón revela que padece de pasional ceguera política, porque únicamente acepta los datos que emanan de aquéllas en las que aparece en primer lugar, no obstante que sólo él sabe cuáles son esas encuestas. Es compresible que así sea porque Chuy María se juega su última oportunidad para alcanzar el sueño de su vida; pero no debe perder de vista el diputado federal que cuando los dioses quieren cegar a los hombres, los ensoberbecen.
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Es prácticamente un hecho que Miguel Arizpe Jiménez se separará de la dirigencia estatal del PRI con el propósito de estar en condiciones de participar en el proceso interno de ese partido para seleccionar al candidato al Gobierno de Coahuila. Al parecer Arizpe se esperará hasta el cinco de mayo, fecha límite establecida por los estatutos, para anunciar su licencia. Si bien es cierto el más viable para sucederlo es el actual secretario general del ex partidazo, Sigfrido Macías Pérez, al parecer no será él el elegido y no es precisamente porque el ex delegado de la Profeco en Coahuila haya hecho mal las cosas, sino porque hasta ahora la cúpula priista estaría buscando un perfil más bajo, con el propósito de permitirle al recién nombrado delegado nacional, Manuel Cavazos Lerma, mayor poder de maniobra y de operación política.
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Si bien es cierto que ha sido criticado en varias ocasiones por su comportamiento, resulta que el diputado priista Tereso Medina Ramírez (a quien sus detractores señalan como el más faltista) y el perredista José Guadalupe Saldaña Padilla (protagonista de un escándalo de insultos y agresiones a policías federales que lo detuvieron cuando se encontraba en completo estado de ebriedad), son los únicos legisladores, de los treinta y cinco que hay, que en el curso del presente año no han sangrado la ubre del presupuesto con el acceso de viáticos foráneos. De ahí en más, todos, absolutamente todos han viaticado, algunos para “cuestiones de trabajo” (no conocen ni la palabra y otros de plano para darse una paseadita). “De todo hay en la viña del Señor”.
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Quien se recupera de un decaimiento físico es la titular de la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa, Inés Garza Orta, quien al parecer resintió la sobrecarga de trabajo que tiene con las tareas ordinarias de su dependencia, a las que se han sumado también los compromisos para organizar el proceso de entrega-recepción del Gobierno estatal. Se le desea pronta recuperación y nueva nómina en su futuro.
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Hoy andarán por las soleadas playas mazatlecas a bordo de una “pulmonía” y con primaverales camisas anaranjadas, amarillas y azules, tres funcionarios de la administración de Guillermo Anaya: el director de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez, el director de Planeación, Programas, Inversión y Fomento, Luis Gurza Jaidar y el secretario del Ayuntamiento, Alfonso Tafoya Aguilar. Este último, aseguran sus amigos transportistas, viajó con el fin de “distensionarse” un poco del conflicto por la reestructuración de rutas que no ha podido resolver, lo que lo trae loco. Por lo que hace a los flamantes directores, la información proporcionada en sus oficinas es que fueron a una reunión sobre el Instituto Municipal de Planeación, (Implan), algo así como copiar modelos de otros lados que es una práctica de esta administración, desgraciadamente fallida, casos concretos: Transporte, Alcoholes y Reglamento de Salud.
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Por cierto que algo debe hacer Fernando Gutiérrez, ya que se ha convertido en un director de Comunicación Social incomunicado. Resulta que al funcionario de Torreón no le pasan los recados sus colaboradores, es decir, que más que un equipo de trabajo el famoso “Gutis” tiene un grupo que le pone piedritas para dificultarle su trabajo. Lo malo es que este problema se presentó durante los tres años de la administración de Guillermo Anaya, por lo que ya es tarde para “comunicarlo”, aunque sea por teléfono.
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Siempre hacía falta un “baño de pueblo” para comprobar que efectivamente los automóviles que fueron destinados para la Policía Preventiva de Lerdo, no servirán para dar vigilancia en las comunidades rurales. Ayer, algunos funcionarios -aprovechando la visita del titular de Desarrollo Rural en el estado, José de Jesús Muñoz-, estuvieron visitando ejidos de Lerdo. Hasta allá se trasladó uno de nuestros sub agentes para comprobar que ni por error un automóvil podría circular a más de treinta kilómetros en las calles polvorosas y sin asfalto como las de “La Loma”, por citar un ejemplo. Y es que ni siquiera las camionetas último modelo en las que llegaron los funcionarios, se escaparon de caer en tremendos hoyancos y esquivar uno que otro burro, pero en fin, ojalá y los automóviles de la Policía Preventiva en verdad no sean enviados a vigilar los ejidos, porque de lo contrario en pocos meses quedarán peor que las unidades usadas, perdón, recicladas, que entregó el Gobierno del Estado para “taparle el ojo al macho”.
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Hace ya tiempo que Rosario Castro Lozano, alcaldesa de Lerdo, se comprometió a entregar los resultados de la segunda etapa de la reestructuración de su equipo de trabajo, lo que sería muy conveniente, pues hay directores y subdirectores que dejan mucho que desear y que en lugar de cumplir con sus funciones se dedican a “grillar”. Esperemos que la alcaldesa cumpla con su palabra y analice a cada uno de los funcionarios que tiene a su lado para ver cuáles trabajan y cuáles hacen como que laboran haciendo tiempo para que llegue el día de cobro. Todo esto en bien de Lerdo cuyos ciudadanos son los que pagan la nómina.
