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Verdades y Rumores

El Agente 007

El que no se quiso quedar con las ganas de tener casa en Saltillo, fue el próximo titular de la Secretaría de Obras Públicas, Eduardo Olmos Castro, quien rentó la misma residencia que durante sus seis años como gobernador de Coahuila habitó Rogelio Montemayor Seguy. El inmueble está ubicado en la exclusiva colonia “San Lorenzo”, donde la mayoría de las residencias ocupa hasta una cuadra completa. La nueva mansión del nuevo funcionario estatal se localiza sobre la calle Primo de Verdad. Lo picosito del asunto es que aún cuando falta poco menos de dos semanas para que asuma el cargo, Olmos ya estaría contrariando las disposiciones y advertencias que Humberto Moreira (el ex profe cumbianchero y ahora, sublime esteta de las artes dancísticas), ha lanzado a quienes serán sus colaboradores, en el sentido que deberán ser austeros en su comportamiento.

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El que de plano ha querido engañar a los coahuilenses es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Salomón Juan Marcos Issa, quien ha repetido varias veces a los reporteros que no habrá bono de marcha para los legisladores locales que terminarán su gestión el 31 de diciembre. Y es que mientras el también coordinador de la mayoría priista en el Palacio de Congreso asegura lo anterior, son muchos los diputados que ya saben incluso cuánto les tocará de bonificación. De la misma Tesorería que encabeza José Ignacio Flores Guerrero se ha dicho a los diputados que el bono superará los doscientos setenta mil pesos y la versión no resulta extraña, pues a Flores le conviene que los diputados presionen para acceder al bono, ya que él también se estaría autocontemplando en el beneficio. “No le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde haya”.

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Ayer nuevamente Javier Guerrero García aclaró que no sale de las filas del Partido Revolucionario Institucional y reiteró su deseo de firmar en la sagrada nómina como senador de la República respaldado por las siglas del tricolor. Y es que si bien es cierto cada vez son más constantes las versiones de su renuncia al PRI y su eventual ingreso al Partido de la Revolución Democrática, Guerrero tiene firme, al menos por ahora, su permanencia en el partidazo. Tal vez las versiones surjan dada su vinculación con dos o tres personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador, con quienes mantiene comunicación directa y periódica desde hace años, lo que hace recordar aquella máxima que reza: “dime con quién andas y te diré quién eres”.

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Si bien es cierto ayer formalizó su registro como precandidato a senador Guillermo Anaya Llamas, ya tiene camino recorrido en su intento por conseguir el respaldo de los panistas coahuilenses. Como ejemplo está la reunión que el alcalde de Torreón tuvo esta misma semana con consejeros estatales panistas, a quienes manifestó su deseo de convertirse en cobrador, perdón, en senador de la República. Lo peor del caso es que si bien las mismas normativas panistas prohíben a cualquiera de sus militantes promocionarse políticamente sin antes enterar a la dirigencia estatal el turno, la presidencia del Comité Directivo Estatal del albiazul, a cargo de Esther Quintana, no hizo nada para detener la actitud ventajosa de Anaya Llamas. Es verdad que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros.

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Nuestros subagentes que trabajan arduamente por descubrir si fue primero el huevo o la gallina, nos informan que serios problemas está causando a los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado la postura hermética asumida por la Administración de Guillermo Anaya, ya que en materia de cuentas públicas no ha querido soltar prenda y al menos en lo que hace a 2005, es hora que no se sabe qué hizo y cuánto gastó, pues la contralora Natalia Virgil, ni en el primero ni en el segundo semestre respondió a los requerimientos informativos que se le hicieron llegar. Corre el riesgo pues este Municipio, de no ser aprobado en sus finanzas. Es comprensible este desorden financiero, ya que la citada funcionaria corre de una oficina a otra viendo qué les conviene entregar y qué no a la Comisión de Entrega-Recepción nombrada por José Ángel Pérez y encabezada por la eventual sucesora María Eugenia Cázares Martínez. Total, no cabe duda que la mano es más rápida que la vista.

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Conforme se acerca la hora cero, nombres van y nombres vienen de los que serán ungidos para integrar la primera Administración de cuatro años y que dirigirá José Ángel Pérez, el bueno, y dicen los que saben que este calificativo es por lo confiado al considerar a muchos, de una lista -supuestamente ya palomeada- que circula por ahí y que parece más bien de chunga o armada por su peor enemigo. Y para muestra van unos cuantos botones que dan una idea del bajo perfil de la supuesta elección de colaboradores: en Urbanismo, actualmente representado por el constructor Eduardo Jiménez Saracho, se menciona el nombre del propietario de la empresa Acolsa, la misma que hizo (muy mal) el Distribuidor Vial Revolución, la empresa que más contratos logró en el actual sexenio, gracias a su amistad con Jorge Viesca y la que nunca dio la cara para explicar lo que pasó. El nuevo jefazo y quien decidiría lo que se haría y cómo se haría es Salvador Acosta Olvera. El hábil constructor, ese que tiene demandas tras demandas de los habitantes del fraccionamiento El Salvador por la mala calidad de las viviendas, seguramente intervendría también en Obras Públicas ya que ahí se menciona a Manuel Pérez González, que no sabe siquiera armar un “slipping” y actualmente es el bueno en la oficina local de la Secretaría de Economía. ¿Será?

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Y un poquito más de lo mismo: dicen los apanicados subagentes que se rumorea que el bueno para la Secretaría del Ayuntamiento es Eduardo de la Peña y lo más seguro es que correrá con policías a un lado a todos los expositores que vengan a Torreón, además que irá a agarrarse de los cabellos con Eloy Dewey del ICAI, es decir, que sería un operador aún más feito que Alfonso Tafoya y precisamente por su nulo sentido común, será rehén de sus propios berrinches. En la Dirección Jurídica dicen que estaría Pedro Luis Bernal -quien se ha dedicado más que nada a ser cobrador de empresas-, de un plumazo pasaría a tener la representación legal de un municipio. En Comunicación Social se anota a Guillermo Alarcón, de quien las lenguas de doble filo ponderan que es dueño de una cantina y protector de giros negros y que desde la oficina de la Presidencia en la Administración municipal estuvo filtrando información a cambio de buenos dividendos al grupo de Raúl Sifuentes durante las pre-campañas priistas para gobernador del estado. Otro que también carga un pesado morral, es Roberto Mascorro para Atención Ciudadana y Gerardo Montañés para Fomento Económico, lo que implica que en ambos rubros -según los agoreros del desastre- a José Ángel le irá peor que Anaya. Y finalmente, para Tesorería Municipal se piensa en Alfonso Gómez y para la Contraloría se está deshojando la margarita entre Víctor Alducin o Robert Stefanic -y vaya que hay diferencias entre ambos-, por lo que más de dos podrían sacar la conclusión que José Ángel realmente no tiene mucho de dónde escoger. A estas alturas, habrá algún maloso que diga: pobre José Ángel, tan lejos de un verdadero grupo de apoyo y tan cerca de Anaya.

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Las personas que pasaron ayer por la avenida Victoria e Independencia, en Gómez Palacio, pudieron darse cuenta que en la esquina citada, debajo del Departamento de Atención y Defensa de la Mujer, ya no se encuentra la casa de campaña del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo. Por supuesto que las especulaciones no terminan, pues el lugar quedó totalmente vacío y los vecinos aledaños desconocen cuáles fueron las razones de la mudanza, pero presumen que quizá los priistas decidieron que no era buena idea que la casa de campaña estuviera tan cerca de una oficina pública, para evitar malas interpretaciones.

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Mucho ruido y pocas nueces, eso es lo que resultó de la apasionada confrontación que mantuvieron durante varios meses la alcaldesa de Lerdo, Rosario Castro Lozano y el ex presidente municipal Luis Fernando González Achem, en torno a los recursos de las arcas municipales que no logró acreditar el priista y que se estimaron en más de cuarenta mil pesos. Las declaraciones de uno y otro se tornaron parte de la actividad diaria en la Ciudad Jardín, mientras que la defensa desgarradora que hacía Castro Lozano del erario público llegó hasta la capital del estado, pidiendo a los diputados locales que rechazaran las cuentas públicas de González Achem. Pues bien, tras aquellos dimes y diretes de no hace mucho tiempo, hoy las autoridades encargadas de dar vigilancia a la recuperación de los recursos municipales y de defender a capa y espada las finanzas de Lerdo, permanecen acalladas, mutis, sin habla. Tal parece que se ha echado en saco roto todas las declaraciones vertidas en torno a proceder, incluso ante las autoridades judiciales, acerca de los más de cuarenta mil pesos que no logró comprobar el güerito Achem. Tanto la Contraloría municipal, como el síndico del Ayuntamiento, que dieron seguimiento fiel al caso hoy se echan la pelotita uno al otro y se escudan en la “confidencialidad” de la información. Según se dice las aguas se mantienen tranquilas y sin olas, pues al parecer el gobernador del Estado, Ismael Hernández Deras ha intervenido en el asunto con el fin que los panistas dejen por la buena el asunto de González Achem; así que bien dicen que: el que con lobos anda, a aullar se enseña. De ser cierto el rumor, ¿qué habrá de solicitar el albiazul posteriormente por tan “heroico silencio”?

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Despierta muchas sospechas la postura que mantienen las autoridades gomezpalatinas en torno a la problemática de las antenas de telefonía celular. Algunos funcionarios y el propio alcalde Octaviano Rendón Arce están defendiendo a capa y espada la instalación de las torres, ignorando la oposición de los vecinos y esto da mucho qué pensar, porque podría presumirse que hay algún interés no muy sano. Y aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable señalar que en Torreón uno de los requisitos indispensables para otorgar la autorización de colocar una de esas antenas, es la anuencia del ochenta por ciento de los vecinos y las empresas que no cumplen con este requisito han sufrido la cancelación de sus obras. Dicen los que se dicen enterados que en la Dirección de Desarrollo Urbano es donde hay más intereses ocultos y claro, es justificable la molestia de los vecinos a los que se deja pensar sin darles razones válidas para convencerlos que no hay peligro en el caso que así sea.

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