Si bien es cierto el gobernador Enrique Martínez, ha reiterado que está cerrando su Administración con el acelerador a fondo, la realidad es muy distinta a las palabras y como ejemplo está lo que sucede en la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa, a cargo de Inés Garza Orta. Resulta que esta funcionaria se ha pasado las dos últimas semanas del sexenio viajando, más preocupada por conseguir chamba, -ya que el hueso se le termina este jueves-, que de resolver las encomiendas que tiene a cuestas. De entrada, la aún funcionaria estatal ha remitido a la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas (SUOP) cualquier cosa que tenga que ver con las fallas del tristemente célebre Distribuidor Vial Revolución (DVR) de Torreón, no obstante, a que es justamente su dependencia la encargada de investigar las irregularidades que se cometieron en la construcción del citado puente. A Garza Orta ya le apodan ?la torera?, por aquello de las faenas que se avienta para evitar tomar el toro por los cuernos y darle la vuelta a su responsabilidad. Lo peor del caso es que al remitir a la SUOP todos los asuntos relacionados con las irregularidades del DVR, sucede algo así como dejar la Iglesia en manos de Lutero, pues si una dependencia es responsable de las fallas en el complejo vial, es justamente la que encabeza Jorge Viesca Martínez.
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El profesor Samuel Rodríguez Martínez no sólo es el principal operador político del gobernador electo, Humberto Moreira Valdés, sino a partir de ayer también funge como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en sustitución de Sigfrido Macías Pérez. Nadie duda de las capacidades políticas que tiene el ex delegado del Instituto Nacional de Enseñanza Abierta (INEA), pero entre los muchos priistas que ayer acudieron a su toma de protesta, hubo quienes se cuestionaron la forma en que Samuel Rodríguez llegó al PRI y no se referían precisamente a la serie de marometas políticas que los moreiristas tuvieron que hacer para ponerlo en el puesto, sino simplemente a lo que el nuevo dirigente tuvo que hacer para arribar físicamente a la sede estatal del tricolor. Y la interrogante de los priistas tal vez tiene que ver con el hecho de que don Samuel desde hacía mucho tiempo no se presentaba en el edificio y mucho menos se le identificaba como priista de hueso colorado, sino más bien como moreirista de cepa.
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Ayer por la tarde casi ex gobernador Enrique Martínez, inauguró el edificio del Instituto Coahuilense de Geriatría, de donde saldrán programas y estrategias para atender las necesidades de salud de los adultos creciditos, no sólo de Coahuila, sino del país en general. El Instituto es único en su tipo y todo indica que lo va a dirigir la actual secretaria de Salud y Desarrollo Comunitario, Bertha Castellanos Muñoz y no precisamente por caprichos de alguien, sino simplemente porque la doctora Castellanos es de las pocas geriatras que existe en Coahuila y ampliamente reconocida en el norte del país.
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Uno de los primeros conflictos sociales que tendrá que resolver el próximo secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, está vigente desde ahora, es decir, desde antes que inicie la siguiente Administración. El caso tiene que ver con el intento de desalojo de unas treinta familias que habitaban en un lote presuntamente irregular de Monclova, a quienes la Policía Municipal de aquella ciudad demolió sus viviendas. Por lo pronto los inconformes ayer se manifestaron en la sede del Tribunal Superior de Justicia y amenazan con plantarse mañana jueves en el parque ?Las Maravillas?, a fin de hacerse escuchar durante el evento donde Humberto Moreira Valdés, asumirá el Gobierno estatal. Hace días Pimentel dijo que el Gobierno de Moreira no sería de mano dura y que la principal arma para resolver conflictos sociales iba a ser el diálogo. Ahora precisamente este grupo de monclovenses espera que el ex alcalde de Saltillo lleve a la práctica sus palabras y dialogando, dialogando y con el mazo dando, les resuelva su problema.
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Quizá quienes dicen que política es la ciencia de comer sapos sin hacer gestos, tengan razón, pues como ejemplo se puede citar un caso que envuelve actualmente a la titular de la Dirección de Notarías en Coahuila, Hilia Shober. Resulta que a esta funcionaria el gobernador Enrique Martínez, primero la premió entregándole una patente para que se convirtiera en notaria y después la castigó enviándole un grupo de auditores, pues presumiblemente se detectaron irregularidades en el manejo administrativo de la citada dependencia. Sin embargo, por lo menos ahora podrá dar fe de que don Quique le jugó rudo.
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Las palabras y las promesas se las lleva el viento. Hace seis meses aproximadamente que Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila, anunció que daría un donativo de trescientos mil pesos para la construcción del Centro de Integración Juvenil (a lo mejor pensando que como Moreira es joven lo vería con buenos ojos.) Sin embargo, el gobernador no mandó ni un peso para la construcción del nuevo edificio y es poco probable que lo haga porque debe haber recordado que el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Desgraciadamente la alcancía de Centro de Integración Juvenil está prácticamente vacía y el dinero no alcanza más que para unos bultos de cemento, por lo que la edificación se encuentra detenida esperando que para el próximo año lleguen más recursos y que el ?jovenazo? Moreira no se haga el distraído.
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Nuestros subagentes que ya están más que listos para viajar a la peronera ciudad de Saltillo a fin de ocupar las primeras filas en la ceremonia de toma de protesta del nuevo Gobierno estatal, nos informan, e inclusive hacen apuestas, que eso de las ?renuncias verbales? al fiat notarial que hicieron don Memo Anaya y Jesús de León, no es otra cosa que un doble lenguaje y una bien jugada carta que le redituó al menos en el caso del ?Niño Azul? buenos resultados políticos, pues ya es candidato a diputado federal. Ya pasado el miedo, Chuy de León dijo que su renuncia había sido a su derecho a ejercer la función, es decir, que su nombramiento lo pondrá bajo la almohada un tiempo hasta que se calmen las aguas. Por su parte, una postura mucho más soberbia asumió el aferrado alcalde al decir que renunció a todo y por todo lo relacionado con eso y casi cantó la canción: ?de esas cosas ya no quiero ni acordarme, por el fuerte dolor que me dejó?. Pero el tiempo pasa y ninguno de los dos ha iniciado trámites para marcar legalmente sus posturas y lo interesante será escuchar la nueva versión de Guillermo Anaya después del día 11 cuando se desarrolle la elección interna para votar candidatos a senadores. Dicen los que saben que el escándalo de los fiat notariales, tendrá su costo político en la siguiente ronda, sobre todo bajo el manto nada protector del gobernador Moreira.
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En los pasillos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango, corre el rumor que actividades delictivas como el robo a casa-habitación, los asaltos y los hurtos al interior de vehículos o también llamados cristalazos, han comenzado a repuntar en toda la entidad, debido a que se ha descuidado la labor de los elementos de la Policía Ministerial. Lo anterior, derivado de las indicaciones que ha girado el gobernador del estado Ismael Hernández Deras, en torno a combatir el ?narcomenudeo?, sin embargo, ante la falta de personal en la citada corporación, las acciones en otros rubros del combate a la delincuencia se han debilitado, sin contar con que durante las siguientes semanas habrá de registrarse un incremento en dichos delitos como suele suceder a fin de año.
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Aunque la noticia de la modificación al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos significa una avance en materia de combate al ?narcomenudeo?, dado que se vislumbra el cristalizar darles mayores facultades a las policías estatales y municipales para combatir este mal, las diversas corporaciones de Seguridad en el país aún tendrán que esperar las modificaciones correspondientes en las leyes relacionadas. Pero ante todo, las entidades federativas deberán enfrentar un reto adicional en lo que a la Procuración de Justicia se refiere, pues de concretarse tales modificaciones y que las policías estatales y municipales puedan combatir de manera directa el ?narcomenudeo?, para acudir ante un juez del fuero común -y no federal como se ha hecho- implicará una mayor actividad en el sistema judicial de cada estado. Dado que habrá la necesidad de crear mesas receptoras de denuncias y juzgados especializados. ¿Estarán preparadas las entidades federativas para responsabilizarse de dichas acciones?
