“Es como si el reglamento de tránsito, además de imponer multas a quien se pase un alto, especifique que los semáforos deben estar ocultos para que nadie los pueda ver”.
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El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, cuestionó este martes en la Convención del Mercado de Valores los cambios que se han propuesto a la iniciativa para la nueva Ley del Mercado de Valores: si no se acepta la versión salida del Senado y apoyada por Hacienda que la Cámara de Diputados está analizando -dijo- habrá un fuerte deterioro en la calidad de Gobierno corporativo en nuestro país.
México, según Gil Díaz, se encuentra en el lugar 125 de 145 en el mundo en términos de Gobierno corporativo y protección a los inversionistas. Si se aprueba la iniciativa tal y como está, afirma, el país ascendería en automático al lugar 45. Pero si se aprueban “los cambios como están planteados, México caería del lugar 125 al 132”.
Es difícil pensar, por supuesto, que cuatro modificaciones en una Ley de 423 artículos y 25 transitorios puedan tener un impacto tan grande. Pero cuando se pasa de las abstracciones a la revisión concreta de las modificaciones, el escepticismo se vuelve total. Sea usted el juez:
En el caso del Artículo 28, el secretario de Hacienda afirma que si una empresa no divulga obligatoriamente que el consejo de administración ha tomado “una decisión contraria a la de los comités” (auxiliares) éstos se vuelven “irrelevantes”. Sin embargo, la modificación propuesta no pide que se oculten estas diferencias sino que, junto a ellas, se revelen las deliberaciones que llevan al consejo a tomar su decisión. El secretario de Hacienda argumenta que “la Ley ya contempla que si hay diferencias se publiquen los dos puntos de vista”. Pero si fuera así, ¿por qué entonces objeta que el Artículo 28 establezca que, además de las diferencias, se difundan las deliberaciones?
En el Artículo 359, Gil Díaz sostiene que si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores “no puede admitir o negar que existe una investigación” sobre una empresa, “podría implicar que el mercado no esté debidamente informado”. Pero en esto hay dos problemas. El primero es de discrecionalidad: si la CNBV “puede admitir o negar que existe una investigación”, podrá decidir a discreción qué empresas afectar, ya que el anuncio de una investigación hace que se desplomen las acciones bursátiles. El otro problema es de garantías jurídicas. Un principio fundamental del derecho establece que las averiguaciones deben ser secretas y los juicios públicos. La razón es que una investigación puede afectar el buen nombre o patrimonio de una persona o empresa sin que al final se encuentren pruebas de algún acto indebido. Por eso en los procesos penales se prohíbe revelar información en tanto no haya pruebas suficientes para consignar ante un juez. Como está redactado ahora, el Artículo 359 es un arma de extorsión en manos de la CNBV.
En el Artículo segundo, el secretario dice que “limitar la definición de evento relevante (el anglicismo es de Hacienda) a una lista implica que gran parte de la información no sea revelada al mercado”. El problema está en que la Ley establece sanciones a quienes no divulguen hechos pertinentes al valor de una acción, pero no define cuáles son. La que decidiría a posteriori si hay una falta es la autoridad que sancionará. Esto elimina cualquier garantía jurídica frente a la autoridad. Pero es injusto sancionar a alguien por violar una regla que se le impide conocer. Es como si el reglamento de tránsito, además de imponer multas a quien se pase un alto, estableciera que los semáforos deben estar ocultos para que nadie los pueda ver.
En el Artículo 25, Gil Díaz afirma que “introducir un consejero no independiente al comité de auditoria equivale a convertir a la administración en juez y parte de su vigilancia”. Olvida que en el comité de auditoria hay cuando menos cinco integrantes. La enmienda plantea que haya un representante de los accionistas mayoritarios en el comité. Su voto no cambiará las decisiones, pero sí permitirá que los mayoritarios expresen sus opiniones o expliquen las acciones que han tomado antes de que se produzca una diferencia con el consejo de administración. Hacienda dice que esto llevaría a México a los últimos lugares del mundo en gobierno corporativo. Pero países como Estados Unidos, España, Argentina y Chile, entre otros, incluyen a este consejero de mayoría en los comités auxiliares.
Hacienda ha presentado una buena propuesta de Ley que promueve la transparencia y la protección a los accionistas minoritarios en las empresas que cotizan en bolsa. Hay que aplaudirle por eso. Pero se ha empecinado en hacer creer que cualquier cambio a su iniciativa es una traición. La verdad es que si dejamos de lado los argumentos de hígado, y reflexionamos honestamente sobre cada enmienda, encontraremos que mejoran en vez de empeorar el gobierno corporativo de nuestras empresas.
ACLARACIÓN
Vale la pena aclarar que el Grupo Salinas ha sido el promotor más visible de los cambios a la Ley del Mercado de Valores y que yo soy colaborador de él (aunque también de otros grupos). Varios importantes empresarios con los que he hablado, sin embargo, me dicen que los cambios les parecen positivos, sólo que no quieren enfrentarse públicamente con el secretario de Hacienda.
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