El veto a la exportación aplicado a la ganadería del Estado de Durango por la Comisión Binacional Sanitaria de México y Estados Unidos, demanda una explicación puntual y una respuesta pronta y eficiente, del Gobierno de Ismael Hernández Deras.
Durango ha sido una entidad líder en producción de carne, que hoy día ve frenado su desarrollo productivo por virtud de un veto sanitario que impide la exportación de becerros a Estados Unidos, en virtud de la aparición de enfermedades que azotan a la especie.
El fenómeno tiene su origen en el tráfico ilícito de animales procedentes de otras partes de la República, en virtud de la iniciativa de seudoganaderos vivaces que coludidos con funcionarios sin escrúpulos, obtienen ganado de bajo precio fuera de la zona sanitaria para introducirlo al territorio del estado, con la intención de exportarlo con posterioridad, en función de un interés especulativo de corto plazo y dada su naturaleza, de alto riesgo para la economía y la salud pública.
La operación señala como responsables a las autoridades encargadas del control sanitario a nivel federal (Sagarpa) y a las correspondientes autoridades del estado de Durango, que comparten funciones en materia de control sanitario. Sin embargo, dada la inmediatez del Gobierno del estado con esta vertiente de la realidad cotidiana y su competencia en el rubro de desarrollo económico y en la vigilancia de los caminos vecinales, es a dicha instancia a quien corresponde de manera principal dar la cara en el caso que nos ocupa, para responder por sus propios actos y omisiones y como gestora ante la Federación.
Los ganaderos duranguenses que viven en carne propia el problema, saben que el control sanitario aplicado al tráfico de ganado en el estado, es tarea incumplida desde las postrimerías del Gobierno de Sergio Guerrero Mier hasta nuestros días.
El resultado es que al menos se están dejando de exportar ciento cincuenta mil becerros al año, lo que implica una pérdida de mas de doscientos millones de pesos, considerando la diferencia en el precio a obtener entre la venta que se realiza en suelo nacional y la que se obtendría mediante exportación.
No faltan suspicaces que en el caso hablan de un sabotaje premeditado en beneficio de grandes engordadores locales, que de esta suerte obtienen ganado a bajo precio con motivo del desplome del mercado que es consecuencia directa del cierre de la frontera.
A la falta de control de las autoridades, se suma la procuración de intereses particulares ilegítimos, así como la falta de unidad ancestral de los ganaderos y la debilidad de las asociaciones locales y regionales que agravan el problema.
La apatía de las autoridades administrativas al respecto, ha hecho que el problema pase a convertirse en tema de análisis en el seno del Congreso de Durango, lo que es positivo siempre y cuando las discusiones sobre el particular no se eternicen y se pongan cuanto antes manos a la obra.
La solución es muy simple: la implantación de un cerco sanitario respaldado por un operativo de vigilancia en forma, que impida el tráfico irrestricto de ganado y que permita la determinación de una zona segura; pero para ello se necesita de voluntad política de los gobernantes por hacer respetar la Ley y de voluntad cívica de los gobernados para cumplirla.
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