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Viola Anaya Ley General de Catastro de Coahuila

Yolanda Ríos Rodríguez

IMPUESTO PREDIAL | INCREMENTA ARBITRARIAMENTE LAS BASES DEL CÁLCULO

Las autoridades omiten notifican a los contribuyente de los nuevos avalúos.

Torreón, Coah.- El alcalde, Guillermo Anaya, violó la Ley General de Catastro de Coahuila en varios de sus artículos al incrementar arbitrariamente las bases de cálculo para actualizar los valores catastrales del 2005, que dio como resultado un desproporcionado aumento en el cobro del Impuesto Predial.

Además, no se realizaron los trabajos de deslinde correspondientes, ya que se utilizó un programa de fotografía satelital y sobre todo, las autoridades municipales no notificaron de manera directa y personal a los contribuyentes de los nuevos avalúos de sus predios y por ende, los pagos a cubrir.

Según el dictamen emitido al Congreso del Estado por el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, se analizaron los casos de Torreón, Arteaga, Piedras Negras y Saltillo, con el fin de determinar las adecuaciones que se implementaron a los valores catastrales que fueron la base para modificar los cobros del Impuesto Predial este año.

Si bien admite el Instituto que no se hizo una recatastración, sino actualización de los valores, se incumplieron con los procedimientos legales en por lo menos tres importantes artículos.

Señala en su dictamen Sergio Mier Campos que de los documentos obtenidos entre contribuyentes, alusivos a pagos del Impuesto Predial del año 2004 y los estados de cuenta del 2005, se comprobó de manera clara el incremento de los elementos técnicos que sirven para el cálculo del Impuesto Predial, con lo que se violó el artículo 38.

En el resumen del trabajo realizado a finales de febrero y principios del mes de marzo, el Instituto Coahuilense de Catastro informa al Congreso del Estado que en Torreón se pasó por alto lo que indica el artículo 38 en el sentido de que: ?la valuación catastral tiene por objeto asignar un valor determinado a los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Estado y en donde las autoridades catastrales deberán determinar el valor catastral de cada inmueble con la aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por la Ley??.

No se cumplió tampoco el artículo 40 que marca que el proceso de valuación comprenderá las siguientes etapas: clasificación de terrenos y edificación en general, aplicación de unidades, deméritos e incrementos, valuación de los predios.

Otro artículo violado por el municipio fue el relacionado con la localización y levantamiento topográfico de bienes inmuebles, lo cual es necesario para determinar las características de los mismos , principalmente dimensiones, usos y ubicación precisa.

Al no ajustarse a los esquemas legales, la dependencia catastral estatal asegura que se hicieron movimientos sin justificación en perjuicio de la valuación final de los predios que impactó por lo tanto con el pago del Impuesto Predial a la alza.

?Siempre no?.

En su dictamen rendido al Congreso del Estado, el Instituto Coahuilense de Catastro refiere que pese a haber obtenido la autorización del alcalde, Guillermo Anaya, para recibir documentos y explicaciones del trabajo realizado por la Unidad Catastral Municipal, al presentarse a efectuar el trabajo de campo en Torreón, les dijeron que ?siempre no?? y cuestionaron las facultades legales.

El tres de febrero se le requirió por oficio a Guillermo Anaya la autorización y el 15 de febrero se recibió la respuesta por parte de Salvador Hernández Galindo, Jefe de la Unidad Catastral, en la que refrendaba la intención de apoyar la revisión documental e incluso preguntaba las necesidades de información.

Sergio Mier Campos, director General del Instituto Coahuilense de Catastro explica que el 22 de febrero se entrevistó con el tesorero municipal, Jorge Handam Hernández, a quien se le informó que personal del Instituto estaría al día siguiente iniciando los trabajos en la Unidad Catastral Municipal y aparentemente no hubo negativa ni condicionamiento de ningún tipo.

?El día 23 de febrero se presentaron empleados del Instituto para iniciar los trabajos correspondientes y se nos indicó que después de hacer algunas consultas de tipo jurídico, el Instituto no tenía facultades de hacer la revisión de dichos trabajos por lo que la posición cambiaba??.

Por ese motivo, representantes del Instituto iniciaron por su cuenta y en otro lugar, los trabajos de tipo técnico, buscaron documentos y entrevistaron a contribuyentes y sus respectivas cuentas catastrales, inconformidades y papeles comparativos, que dieron como base el dictamen emitido.

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