El anuncio que hace el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que el día doce del presente mes de febrero tendrá lugar el Consejo Político de ese partido que decidirá el método para postular candidatos a Gobernador, Alcaldes y Diputados al próximo proceso electoral en Coahuila, constituye el primer paso formal de la precampaña del PRI en el Estado.
Sin embargo el procedimiento interno del PRI se inicia fuera de tiempo y en forma anticipada a lo previsto por la Ley de Instituciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Coahuila, en sus artículos 84, 85, 86 fracción I, 87, 107 y 108, lo que afecta de nulidad los actos extemporáneos.
Disponen los artículos citados que los procesos electorales son el conjunto de actividades que realizan los órganos electorales estatales, los partidos políticos y los ciudadanos, tendientes a renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y a los miembros de los Ayuntamientos.
De acuerdo a esas mismas disposiciones, el proceso electoral en Coahuila inicia el día quince del mes de marzo del año en que deban realizarse las elecciones y concluye el mes de diciembre del mismo año. Como parte del proceso, se definen diversas etapas que incluyen los Actos Preparatorios de la Elección (Título Segundo de la Ley), entre los que se cuentan las precampañas reguladas por los artículos 107, 108 y demás relativos de la Ley que es objeto de comentario.
La Ley define a las precampañas, como los procesos democráticos internos de los partidos para designar a los candidatos a los cargos de elección popular. El artículo 108 de la Ley Electoral de Coahuila, dispone que los partidos políticos que realicen precampañas para elegir candidatos, deberán dar aviso por escrito al Instituto Estatal Electoral al inicio de sus procesos democráticos internos.
El arranque de la agenda electoral interna del PRI que anuncia Miguel Arizpe, implica una violación por parte de ese partido a los tiempos previstos por la Ley Electoral en el caso de los procesos de esta índole.
De acuerdo a la Ley, el PRI (como cualquier otro partido) se encuentra obligado a dar aviso por escrito al Instituto estatal Electoral respecto del inicio de sus procesos internos, que ocurrirá según el anuncio oficial de su presidente Miguel Arizpe Jiménez, el próximo día doce de febrero, pero curiosamente lo hará un mes y tres días antes de que dé principio el proceso relativo a la elección constitucional, lo que constituye a todas luces un anacronismo irresoluble que dará lugar a litigios que empañarán el proceso.
Lo anterior con mayor razón, porque el doce de febrero ni siquiera habrá tenido lugar la primera sesión (de instalación) del Instituto Electoral a que se refiere el artículo 87 de la Ley Electoral de Coahuila y por ende, el PRI arrancará su proceso interno fuera de todo control del órgano electoral.
La violación que es objeto de comentario no es un simple capricho de los priistas, sino que deriva de una contradicción entre el calendario de precampaña determinado por los estatutos del PRI y los tiempos de nuestra Ley Electoral local.
Esta violación a la Ley Electoral de Coahuila revierte como bumerán a sus empecinados autores, que anunciando que harían una “Ley de Vanguardia” crearon hace cuatro años una camisa de fuerza (ajustable en cada caso a discreción del Gobierno) para partidos, ciudadanos y observadores electorales, que limita la participación y en esa medida empobrece nuestra vida pública.
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