“Todos pedimos que se aplique la Ley, y todos tratamos de eludir su cumplimiento”.
Émile Alain
El que Andrés Manuel López Obrador haya incluido entre sus 50 compromisos de Gobierno la promesa de acatar las decisiones del Poder Judicial (se trata del compromiso 48 de los 50 que tiene en su lista) ha provocado cuestionamientos e ironías. Después de todo, cuando un ciudadano toma protesta como presidente de la República jura cumplir y hacer cumplir las Leyes. Acatar los fallos de los jueces no tendría así porqué ser una promesa de campaña. Si lo es, es porque el propio López Obrador ha generado dudas acerca de su inclinación a cumplir las Leyes y las decisiones de los tribunales.
Pero no es sólo el candidato presidencial del PRD el que promueve estas dudas. Alejandro Encinas, el sucesor de López Obrador en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ahondó la incertidumbre en este delicado tema cuando en su conferencia de prensa del viernes pasado, 18 de noviembre, afirmó que respetará el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la expropiación de los predios en que se encuentran las instalaciones de la refresquera Pascual... pero sin acatarlo.
Encinas dijo que negociará con la dueña una indemnización para que ésta ceda voluntariamente los terrenos. Ignora quizá, o prefiere desconocer, que la razón de la larga disputa entre la empresa y doña Victoria Valdés Cacho -la viuda de Rafael Jiménez, el dueño original de Pascual- es que ella se ha negado a venderle los predios a la cooperativa porque considera que ésta despojó a su marido de la empresa que fundó y nutrió con una vida de trabajo.
Lo que más inquieta en la posición de Encinas es su declaración en el sentido de que si la dueña no acepta entregar los terrenos, el Gobierno la expropiará una vez más.
Poco importa que la viuda haya defendido durante 21 años la propiedad de sus predios. De nada vale que haya ganado todos los pleitos en todos los tribunales en los que tuvo que luchar. No es relevante que cuando la cooperativa se vio derrotada en las Cortes, los directivos de la empresa hayan recurrido a sus poderosos amigos en el Gobierno para que expropiaran los predios en su beneficio; ni que la Suprema Corte de Justicia haya decidido revertir la expropiación, por no haber causa de utilidad pública, para devolverle los predios a la viuda.
Encinas nos informa que está decidido a usar todo el poder de su Gobierno, y el dinero de los contribuyentes, para continuar atacando a esta mujer. Me imagino que sabe que una nueva expropiación tendrá en los tribunales el mismo resultado que la primera. Pero también está consciente que a la viuda, por su edad, le queda relativamente poco tiempo de vida.
Su apuesta pragmática y cruel es alargar el pleito tanto como se pueda. Una vez que la vieja fallezca, los herederos, temerosos ante el poder de un Gobierno implacable, seguramente cederán al chantaje y entregarán lo que los tribunales han determinado una y otra vez es legítimamente suyo.
El anuncio de Encinas de que volverá a expropiar si no logra presionar a la viuda para que entregue los predios que ha defendido durante 21 años demuestra que sí hay razones para dudar que los Gobiernos perredistas, o por lo menos los del grupo de López Obrador, están ya dispuestos a acatar los fallos de los tribunales. Su mensaje es que el Gobierno del Distrito Federal sí cree en la Ley... siempre y cuando ésta favorezca sus posiciones.
Para nosotros los gobernados el mensaje es inquietante. El amparo y los tribunales son las únicas armas que tenemos para defendernos de los abusos de las autoridades. En los últimos años, y con enormes dificultades, ha venido surgiendo un nuevo sistema judicial con independencia frente a los distintos órdenes de Gobierno. Por primera vez tenemos jueces con el valor de fallar en contra del presidente, los gobernadores o los presidentes municipales. Pero en el Distrito Federal nos encontramos con gobernantes que, a la vieja usanza, consideran que ninguna Ley ni ningún tribunal pueden prevalecer sobre ellos.
¿De qué le ha servido a la viuda de Rafael Jiménez pasarse 21 años en los tribunales y ganar todos los fallos si al final sigue prevaleciendo la Ley del más fuerte? ¿Para qué queremos jueces si al final lo único que vale es tener amigos poderosos en el Gobierno?
Siempre ha habido dudas serias acerca de la disposición de López Obrador y de los miembros de su grupo a cumplir con los dictados de la Ley y los fallos de los tribunales. Podría haberse pensado que el desacato ante el fallo de El Encino fue un simple error. Pero cuando escuchamos al actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, uno de los políticos más cercanos a Andrés Manuel, decir que si es necesario expropiará nuevamente lo que los tribunales le han dicho que no puede expropiar, tenemos razones muy buenas para temer por el futuro del Estado de Derecho en nuestro país.
SENSIBILIDAD SOCIAL
Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes pasado que “la Corte anda mal... porque no actúa con sensibilidad social”. La respuesta a la decisión sobre el caso Pascual es lógica porque el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal fue quien ordenó la expropiación que el máximo tribunal de la nación declaró finalmente inconstitucional. Lo que preocupa, sin embargo, es el concepto de justicia que tiene López Obrador. Los tribunales no deben aplicar la Ley sino promover políticas de “sensibilidad social”.
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