La Cámara de Diputados aprobó el pasado día 22 de febrero el dictamen por el cual se busca que los mexicanos en el extranjero tengan derecho a votar para presidente de la República, en las próximas elecciones de julio de 2006.
Los 391 votos a favor del dictamen procedieron del voto unánime de las fracciones del PAN y del PRD, en tanto que entre los diputados del PRI se registraron algunas abstenciones y votos en contra de la medida.
De esa manera los diputados federales impulsaron en lo general el dictamen que busca extender el derecho al voto en aquellas regiones de países extranjeros donde haya más de 15 mil ciudadanos mexicanos con credencial del IFE, estableciendo disposiciones legales para evitar gastos extremos y discrecionales en las campañas presidenciales y aspectos para la credencialización y organización electoral.
Ahora falta el voto correspondiente en el Senado para que pueda hacerse realidad un anhelo que muchos mexicanos que se siguen sintiendo como tales, pero que en su momento tuvieron que abandonar la patria, porque en ella no encontraron las oportunidades necesarias para su desarrollo pleno y el de sus familias, para poder ejercer ese derecho ciudadano al voto en lo que se refiere a la manifestación de su opción en la elección del presidente del Poder Ejecutivo y por ende jefe del Estado mexicano.
La decisión política es sin duda controversial: existen puristas de la ciencia política que consideran que el derecho al voto tiene que ser exclusivamente para aquellos que sufrirán en carne propia las decisiones políticas derivadas de las medidas ordenadas o votadas por el funcionario público al que ese voto ciudadano benefició.
A ese respecto podríamos decir que los mexicanos que han abandonado el país por no haber encontrado en él las condiciones necesarias para su desarrollo, de alguna manera fueron perjudicados en su momento por hechos u omisiones gubernamentales que no han facilitado esas condiciones generales de bien ser y de bienestar y que por lo mismo su incapacidad para influir en el destino político futuro de México a través de su voto, por el hecho de residir fuera de sus fronteras constituye en sí mismo una especie de doble injusticia.
Pero por otra parte ya en el terreno práctico se deberán considerar los problemas logísticos de registro de votantes, de especificación de condiciones para el voto, de implantación de casillas o métodos para el sufragio y de fijación previa de las disposiciones para las campañas electorales, que tendrán que preverse y resolverse en tiempo récord dada la inminencia de los próximos comicios federales.
Resulta también de interés considerar la reconducción de los argumentos políticos que tendrán que plantear los futuros candidatos presidenciales en materias tan interesantes para el voto de los mexicanos en el extranjero como la política exterior mexicana, y más específicamente en la relación bilateral con los Estados Unidos, dado el importantísimo incremento del número de electores, con los respectivos nuevos retos que ese electorado planteará.
