Aunque ayer fue aprobada esa modalidad en el Senado de la República, tan a última hora volvió a San Lázaro la enmienda electoral que permitiría el voto por correo desde el exterior, que no es seguro que la Cámara de Diputados la acepte hoy, en la última sesión del periodo ordinario de sesiones que concluye formalmente el sábado.
Además de objeciones al mecanismo acordado en Xicoténcatl, privaría en los diputados el resquemor institucional de que la minuta que aprobaron el 22 de febrero pasado haya sido reprobada en el Senado. Ciertamente, la iniciativa que aprobó la Cámara hacía imposible el montaje legal e institucional necesario para recoger el voto de los mexicanos en el extranjero. Sólo su costo y la premura con que había que proceder la hicieron impracticable. Los diputados, adicionalmente, quedaron al descubierto, como irresponsables, porque no efectuaron consultas al respecto, como sí lo hicieron los senadores. Y tal operación marcó la diferencia.
Los dos órganos electorales federales, el IFE que responde por la organización de los comicios y el tribunal adscrito al Poder judicial de la Federación, que dirime los conflictos de esa naturaleza, se manifestaron contrarios a la opción definida por la Cámara, que significaba realmente establecer un IFE en Estados Unidos, con toda una estructura material y humana carente, por lo demás, del instrumental jurídico que le permitiera actuar en tierra ajena.
La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó objeciones semejantes, para el caso en que los consulados debieran intervenir en la función electoral, lo que por sí solo es un retroceso, ya que se transitó un largo trecho para sacar a los órganos gubernamentales dependientes del Ejecutivo de las prácticas electorales.
Cundió a partir de febrero, cuando la minuta de los diputados llegó al Senado, la percepción de que los legisladores en San Lázaro habían escogido la opción maximalista para recoger los lauros que otorguen los beneficiarios y en su caso, trasladar a otros el costo del realismo que implicaba echar abajo el castillo de ilusiones que era el mecanismo aprobado por la Cámara. De hecho, diversas fracciones hicieron venir de Estados Unidos a representantes de mexicanos interesados en votar, que festejaron el momento en que fue aprobada la iniciativa y declararon histórica esa fecha.
A poco andar, sin embargo, quedó claro que el Senado se apartaría por completo del camino trazado por la Cámara. El siguiente paso consistió en construir una alternativa, que necesariamente sería más conservadora, para hacerla viable. Se determinó así, en comisiones, proponer el voto por correo. Según el calendario que se estipularía en los transitorios, del primero de octubre al 15 de enero próximos los mexicanos residentes en el exterior, supongo que a través de los consulados, tendrían a su disposición un formato para expresar su voluntad de sufragar, que hasta el 15 de febrero, deberían enviar al Instituto Federal Electoral acompañado de una copia de su credencial de elector y constancia de domicilio en el exterior.
El cumplimiento de esos dos requisitos achicaría notablemente el número de compatriotas en posición de sufragar en julio del año próximo. Al contrario de la desmesurada ambición de los diputados, de otorgar millones de credenciales en el extranjero, sólo podrían votar quienes ya contaran con la suya. Y quienes andan a salto de mata según lo demandan las posibilidades de trabajo y quienes se ocultan de las autoridades, no tendrían posibilidad o interés de hacer conocer su domicilio.
El IFE integraría un padrón de migrantes y los eliminaría de las listas del lugar donde obtuvieron su credencial. El procedimiento podría generar confusiones y lesionar el derecho de ciudadanos homónimos de los residentes en el exterior, que serían rasurados del padrón como se decía (y se hacía) antes.
Antes del 20 de mayo, los votantes en el exterior recibirían un instructivo, la boleta electoral y un sobre dirigido al IFE. El sobre con su contenido, la boleta marcada, debería ser remitida a la autoridad electoral a más tardar el 29 de junio. Los votos se contarían como si se tratara de los emitidos en casillas especiales, y el resultado de la votación venida de fuera sería anunciado después de difundidas las tendencias de la votación nacional.
El procedimiento aprobado por los senadores genera dificultades obvias. La primera es la incertidumbre del votante sobre el destino de su comunicación y el momento en que queda a disposición del órgano electoral. Es fácilmente previsible que los sufragios remitidos a fines de junio no llegarían a tiempo para ser computados. Aunque el Servicio Postal Mexicano ha hecho esfuerzos para acompasarse a las exigencias del mercado de mensajería, no es todavía un instrumento eficaz y digno de crédito. Sería una sorpresa desagradable encontrar en basureros sacos postales repletos de sobres electorales que no se entregaron. El extravío o retardo de las piezas postales electorales constituiría un ilícito sin sanción electoral posible.
El voto por correo, adoptado con prisa, puede ser un mecanismo que al contrario de su propósito, inhiba la participación electoral de los mexicanos en el exterior y puede vulnerar la confianza ciudadana en la efectividad del sufragio, que tanta energía social (y dinero) costó edificar.
Más vale que los legisladores admitan que quedaron mal ante los mexicanos migrantes y no que queden mal ante los residentes aquí.
