La pobreza en México tiene diferentes ramificaciones. Están aquellos que no tienen un salario justo, los desempleados que en las esquinas tratan de ganarse un peso junto a los niños de la calle. Las grandes ciudades ofrecen a todos aquellos que quieran ver y tomar conciencia, un espectáculo de marginación y tristeza, que en los últimos tiempos se ha agravado como consecuencia del modelo económico neoliberal.
El campo es de los sectores más golpeados por las recurrentes crisis económicas. Ante la falta de trabajo son muchos los que abandonan sus tierras, con la esperanza de encontrar un mejor nivel de vida en la metrópoli. Por desgracia la mayoría de las veces estas historias van acompañadas con un final triste.
Aproximadamente 3.4 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, se desplazan desde sus comunidades de origen a otras regiones del país para emplearse en la cosecha de distintos productos. Salen principalmente de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla e Hidalgo, Chiapas y San Luis Potosí.
Este sector se enfrenta con la existencia de redes de explotación, quienes se aprovechan de la ignorancia de los jornaleros agrícolas para pagarles bajos sueldos. Así, estas personas viven en condiciones precarias, con acceso restringido a servicios públicos, educativos y de salud, careciendo de prestaciones sociales y cumpliendo con horarios de trabajo que rebasan con facilidad las ocho horas.
Matamoros, en la zona conocida como El Paredón, ya fue escenario de estas historias de explotación que también se han registrado en San Pedro en campos de cultivo de chile.
En 1990 el Gobierno Federal creó el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, cuya misión era contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de estas personas. A esta lucha también se ha sumado la Sedesol. Sin embargo denuncias de organizaciones de Derechos Humanos en estados como Oaxaca y Baja California, reflejan la ineficacia de las acciones realizadas hasta el momento por las autoridades.
Así pues los jornaleros agrícolas forman uno de los grupos más vulnerables de la pobreza en México y paradójicamente de los más ignorados para la realización de estudios sobre el fenómeno de la migración, pero sobre todo para generar acciones que protejan sus derechos.
