Preocupa al SIP el repunte de crímenes y asesinatos contra pariodistas en el hemisferio, lo que confirma que el ejercicio periodíctico sigue siendo muy peligroso en la región.
El Siglo de Torreón
Ciudad de México.- Las instituciones del Estado, en sus tres niveles, han fallado en la protección de los derechos fundamentales de información y de libre expresión, haciendo que México se mantenga, desde hace ya varios años, como uno de los primeros lugares en agresiones a periodistas en Latinoamérica, advierte Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El editor del periódico guatemalteco Prensa Libre, lamenta que las condiciones de trabajo de los profesionales de la comunicación en México se encuentren peor que antes, sobre todo en el norte del país donde las bandas del narcotráfico y el crimen organizado actúan ?con absoluta impunidad? contra los medios de comunicación.
?Las condiciones de trabajo no han mejorado, el Estado ha fallado en brindar seguridad para el libre ejercicio periodísico, todos conocemos la fuerza que tiene el narcotráfico cuando actúa, pero el problema más es que se le permite que actúe con absoluta impunidad?, señala.
El editorialista explica que en este año se trastocó aún más la condición de la libertad de expresión e información en nuestro país, con la toma de diversos medios de comunicación por parte de maestros e integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, en la capital de ese estado.
?Nos preocupa profundamente que a los problemas que ya existían en la frontera norte se esté sumando ahora una situación como la de Oaxaca, en donde varios medios han sido ocupados, afectando el derecho a la información del pueblo y también el derecho a informar que tienen los medios?, expone.
Entrevistado en el marco de la 62 Asamblea General de la SIP que se realiza en la Ciudad de México, Marroquín afirma que existe ?mucha preocupación? en el organismo internacional por el repunte de crímenes y asesinatos contra periodistas en el hemisferio, lo que confirma que el ejercicio periodístico sigue siendo muy peligroso en la región.
?La impunidad sigue protegiendo al crimen organizado?, lamenta, pero plantea que esta situación indeseable también ha derivado en la valentía y compromiso de muchos diarios que, a pesar de las amenazas, mantienen una actitud de informar con responsabilidad y han rechazado la autocensura como un medio de protección.
?La autocensura promueve los ataques contra periodistas y medios, porque el crimen organizado sabe que cuando se agrede o asesina a un periodista la respuesta será la autocensura, entonces al limitarse están invitando a que sigan las agresiones contra los periodistas?, expone.
Por eso, abunda, es necesario que los medios se mantengan unidos, sobre todo en la frontera, para aguantar la presión.
?Entendemos los riesgos, no es fácil decirle a un periodista que publique cierta información cuando su vida corre peligro, pero esta es la tarea a la que estamos encomendados?, afirma.
Sin ambages, señala la poca preocupación de los gobiernos en sus tres niveles por garantizar el derecho a la información y la seguridad de los comunicadores.
?El Estado debe garantizar el ejercicio de los medios y la función de los periodistas, no ocurre en el norte y tampoco ha ocurrido en Oaxaca, en donde se ha permitido que los medios de comunicación se mantengan ocupados varias semanas después de que fueron agredidos.
?Esto evidencia que en algunas plazas el Estado está desbordado en su capacidad para poder brindar seguridad, que es su obligación principal?, subraya.
Marroquín, quien visita constantemente nuestro país para dar seguimiento a los casos de agresiones contra periodistas, lamenta que a más de un año de la desaparición del reportero de El Imparcial, José Alfredo Jiménez, o del ataque al diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los avances en las investigaciones no presentan prácticamente ningún avance.
?Los avances no han sido significativos, prueba de eso es que siguen los ataques y que se siguen sumando los asesinatos contra periodistas y la ocupación de instalaciones?, explica.
Comenta que la SIP cuenta con reportes de casos en los que hay evidente vinculación entre las corporaciones policiacas estatales y municipales con las mafias el crimen organizado y el narcotráfico, lo que complica la capacidad y profundidad de las investigaciones.
De ahí, señala, que resulte indispensable impulsar una legislación para que los delitos y ataques contra periodistas sean investigados a nivel federal, y no a nivel estatal.
Para Marroquín, si bien la creación de una Fiscalía Especial para estos casos en la Procuraduría General de la República, significó un avance, aún no ha rendido los resultados esperados.
?Como ha ocurrido en otros países cuesta que vaya tomando la agilidad que a nosotros nos gustaría ver, pero queremos pensar que en la medida en que avancen los casos, que algún caso se pueda resolver y se rompa el paradigma de que los casos contra periodistas se ven siempre protegidos por un manto de impunidad, pues vamos a ver algún resultado?, confía.
Destaca que ?es importante es que no se pierda esta tendencia? aún con la inercia de la transición presidencial y los inminentes cambios en las distintas áreas del Gobierno Federal.
Entusiasmado de la idea de visitar nuevamente nuestro país, Marroquín adelanta que en la Asamblea se discutirán específicamente las posibilidades de la despenalización de los delitos ?de prensa?, como la calumnia y la difamación.
Asegura que hay una gran corriente en el Senado de la República a favor de que esto ocurra y que hay confianza que con la nueva Legislatura se podrá cristalizar una reforma que ayude a disminuir las presiones de grupos de poder político y económico contra los medios de comunicación.
?La perspectiva no es nada halagüeña para la libertad de prensa, pero creemos que es un momento oportuno para hacer un llamado a la unidad del gremio, porque sólo unidos y levantando la voz con fuerza podremos lograr que las condiciones mejoren?, señala.
En su apología, Marroquín hace también un llamado a la sociedad civil para que entienda que cuando la libertad de prensa se ve vulnerada, en realidad se atenta contra algo más amplio como es la libertad de expresión y el derecho a la información.
?Los latinoamericanos tenemos muy arraigado el defecto de no tomar parte en los problemas hasta que no nos afectan directamente.
?En el caso de la libertad de prensa, algunos sectores creen que se trata de un privilegio para los periodistas, cuando en realidad de lo que se trata es de proteger un principio que abarca otros derechos?, explica.
