En México, la política parece estar más al servicio de los intereses particulares de los funcionarios públicos antes que al beneficio de la ciudadanía. En los últimos meses han estallado tres escándalos que son ejemplos claros de esto: el presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas; el posible tráfico de influencias a favor de los hijos de la primera dama Marta Sahagún y el supuesto uso del aparato de justicia por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para dañar a la periodista Lydia Cacho, como un “favor” para el empresario maquilador Kamel Nacif.
En el primer caso, el escándalo estalló el pasado octubre, cuando Montiel Rojas aspiraba a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, se difundió la existencia de una supuesta investigación de Hacienda relacionada con delitos fiscales u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones han revelado que antes de asumir como gobernador, Montiel tenía alrededor de dos millones de pesos. Hoy, las cinco residencias que se le conocen están valoradas en más de 111 millones de pesos.
En el segundo ejemplo se encuentran Manuel, Jorge y Fernando Bribiesca, hijos de la primera dama Marta Sahagún, quienes son investigados por tráfico de influencias. Funcionarios del Infonavit, Fovissste e IPAB han sido también señalados por la presunta complicidad con las empresas de los Bribiesca quienes en el presente sexenio han incrementado considerablemente su fortuna.
La reciente revelación de un posible complot orquestado por el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y Kamel Nacif Borge para detener y encarcelar a la periodista Lydia Cacho, muestra que en algunos casos valen más las relaciones que la justicia. El empresario fue una de las personas mencionadas en Los demonios del edén, libro en donde se le vincula con Jean Succar Kuri, otro empresario libanés, acusado de ser la cabeza de una red de pornografía infantil y abuso a menores.
Todos estos casos retratan el bajo perfil con el que se hace hoy en día la política. Al parecer, para muchos servidores públicos, ésta sirve sólo para satisfacer sus ambiciones personales y mientras la ciudadanía no demande que la justicia sea imparcial y que se castigue con mano firme a todos los funcionarios que abusan de su confianza, éstos seguirán haciendo mal uso de su cargo, sintiéndose “cobijados” por la impunidad.