Muchas situaciones tenemos en el panorama nacional que ponen sombras de duda en el futuro inmediato de nuestro país.
El clima social no es halagüeño: subsisten la pobreza y la miseria, la distribución del ingreso nacional es inicua y la prospección económica de nuestros importantes vecinos del Norte plantea vaticinios poco favorables a la estabilidad financiera de la República, así se desgañite augurando lo contrario el señor presidente de la República. Crecen los alardes homicidas de los narcotraficantes y también se desmesura la incapacidad de los órganos de seguridad y justicia para prevenirlos y castigarlos.
Lo más grave es que el año 2006 se perfila como un período de alta y riesgosa inestabilidad en materia laboral. La explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, no sólo causó daño irreparable a 65 mineros allí fallecidos, más una concomitante tristeza y desamparo en sus respectivas familias; también corrió el telón de la inseguridad en los centros de trabajo, la corrupción sindical y la prevaricación de los funcionarios de la Secretaría del ramo en el Gobierno del presidente Fox. Además abrió la espita a las secuelas de la tragedia minera cuya importancia y consecuencias no ha sabido o no ha podido prever ni resolver el secretario Francisco Javier Salazar.
Apenas hace dos días, para colmo, se registraron dos muertos y más de 70 lesionados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, víctimas en la batahola de desalojo de la acería Sicartsa, que había sido tomada por trabajadores de la sección 271 del Sindicato nacional de mineros y siderúrgicos en un procedimiento ya declarado ilegal por los tribunales laborales.
Los sindicalizados defendieron sus posiciones ante la amenaza del desalojo. Hubo balazos y baleados en el encuentro de las Fuerzas opuestas y aunque la Policía Federal Preventiva, la Preventiva y la Judicial Estatal y la Municipal, dijeron haber concurrido desarmadas, los fotógrafos de prensa lograron imprimir gráficas que evidencian lo contrario: los judiciales portaban ametralladoras AK-47.
El hecho es lamentable por sus efectos trágicos y la inconsecuencia de soslayar o agotar sin resultado positivo el recurso de un diálogo paciente y civilizado, asaz inoportuno en la coyuntura electoral que vive la República.
Grave por sí misma la verborrea con que los candidatos presidenciales conducen sus campañas, cada partido y cada candidato de cualquier nivel podrían aprovechar ahora el desgraciado suceso para llevar agua a su propio molino. Nada hay más deplorable que capitalizar en réditos políticos las vidas perdidas y lesionadas.
Tras de la escena late una realidad que es necesario poner de relieve: casi a punto de concluir el sexenio de Fox algunos de sus secretarios siguen mostrando la incapacidad funcional con que iniciaron el año 2001. Se dio a conocer, por ejemplo, que el presidente de la República citó de inmediato a su Gabinete de seguridad y ordenó a sus integrantes: “Hagan valer la Ley, (porque) esas empresas necesitan regresar y estar trabajando y para ello no tiene tiempo que perder en argumentos y debates políticos”. Esa draconiana orden descobija el abandono del presidente a los obreros y su oficiosa tutoría para los empresarios.
En otros tiempos... (sí, en aquellos días a los que con tanto desprecio se refiere el jefe del Poder Ejecutivo en la campaña electoral paralela a la de Felipe Calderón) el presidente que estaba a cargo en alguna circunstancia similar, habría convocado de inmediato a las altas dirigencias empresariales y de trabajadores, en previsión de las emergentes y contrapuestas posiciones de solidaridad con sus respectivos representados, para llamarlos a la sensatez, conciliar sus puntos de vista y demandarles cualquier sacrificio, que poco valdría ante la gravedad del problema. Todos sabemos que no hay mexicano, obrero o empresario, que desacate las prioridades del interés nacional sobre los intereses personales.
Lo que don Vicente llama “pérdida de tiempo en argumentos y debates políticos”, no es otra cosa que el uso de la política y sus recursos dialécticos para preservar el interés superior del país en cada contingencia. Si previamente a la tragedia del jueves pasado no hubo funcionarios laborales capaces de resolver el conflicto entre mineros y empresarios, el mismo presidente debería tomar ahora las riendas de los acontecimientos para evitar que aquel error pueda trascender en hechos de la mayor gravedad.
Se trata, sí, de sentarse a ponderar la situación que tenemos encima, de hacer un llamado a la ponderación y de conducir a ambas partes hacia soluciones pacíficas. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Lo indicado es intentar la armonización, así sea a costa de perder un secretario que no funciona. A fuerzas ni los zapatos entran...
