El reclamo de los empresarios es generalizado: el Gobierno de Coahuila se habría ahorrado recursos, tiempo y accidentes si la anterior Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, a cargo de Jorge Viesca Martínez, se hubiese manejado con transparencia, y no en su postura de defensa a las empresas constructoras del Distribuidor Vial Revolución.
Hoy que finalmente se confirma que el puente tiene fallas estructurales, la sociedad lagunera exige una obra segura, pero también que se paguen los platos rotos. El no al borrón y cuenta nueva es categórico, ya que las omisiones y la negligencia deben castigarse.
Las declaraciones del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, son contundentes: no habrá impunidad para nadie, “puesto que los responsables de esta obra mal hecha tienen nombre y apellido, deben pagar”. Hasta el momento el costo político no le está importando al ejecutivo estatal, su prioridad, dice, es la seguridad de todos aquellos que usan diariamente el Distribuidor Vial Revolución. La postura es de aplaudirse, al mismo tiempo que se exige el cabal cumplimiento de la promesa.
El costo de la nueva obra será de aproximadamente 90 millones de pesos, los cuales se suman a los 140 que costó originalmente la obra, más los aproximadamente cinco millones de pesos que se destinaron a pagar estudios y determinar así las fallas que presentaba el DVR, de esta forma el puente fácilmente tuvo un costo para la sociedad de Torreón del doble de lo proyectado gracias a las omisiones y negligencias.
Además de los funcionarios de la Administración de Enrique Martínez, la gestión de Guillermo Anaya también es corresponsable del colapso del DVR. Es necesario recordar que recursos municipales también se invirtieron en la obra y aunque el Ayuntamiento se negó a recibir el puente, la postura del ex alcalde de Torreón fue muy tibia respecto a la dimensión del problema.
Aproximadamente seis meses se llevará el proceso legal para deslindar responsabilidades, por lo que ex funcionarios y representantes de las empresas constructoras serán citados a comparecer. El DVR es la crónica de un derrumbe anunciado, es cierto, sin embargo ahora lo importante es fincar responsabilidades y que el tema no se quede en el olvido.
