Dentro del cúmulo de factores institucionales a los que habrá que seguir de cerca durante este año, dada la importancia que tienen sobre la marcha económica y social de nuestro país, sin duda alguna se encuentra el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública y, en especial, del presupuesto.
Este señalamiento es muy pertinente no obstante que en México la participación del Estado en la economía es mínima, ya que, según datos de la OCDE en el 2002 el gasto presupuestario del gobierno central como porcentaje del PIB era de 19 por ciento, mientras que en países como Suiza la cifra correspondiente fue del 34.8 por ciento y de ahí el porcentaje es ascendente hasta llegar a Suecia con un 58.3 por ciento. Con ello nos podemos dar una idea de que tan en serio se han tomado los gobiernos mexicanos de los últimos sexenios el retirar al Estado de la economía.
Para ilustrar un poco el caso de la cuestión de la rendición de cuentas es útil citar algunos datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) la cual señala que existen ocho grandes áreas en las que la lámpara de la rendición de cuentas no ha llegada a iluminar, que en conjunto involucran más del 30 por ciento del presupuesto federal.
Dentro de estas áreas están los Pidiriegas; los recursos destinados a las campañas políticas y los transferidos a estados y municipios; el asunto de la deuda contingente derivada de pensiones y jubilaciones estatales, así como la falta de información clara sobre el destino de 662 mil millones de pesos manejados por fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos. Dichas instancias de gastos equivalen al diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) aproximadamente.
Pero además de la existencia de estas áreas de penumbra en el presupuesto público, se encuentra una gran cantidad de obstáculos que se oponen a la transparencia y a la revisión del ejercicio presupuestal, entre ellos están los amparos, las controversias constitucionales, las negaciones de información por parte de las dependencias y entidades públicas.
Todo ello hace ver la necesidad de aumentar las esferas de acción para la rendición de cuentas, así como dotar de las facultades legales necesarias a las entidades fiscalizadoras para que las determinaciones de éstas tengan efectos vinculatorios para con los sujetos obligados.
Un ejemplo de esta necesidad es el reciente decreto de Presupuesto de Egresos para 2006. En un hecho inédito, ilegal y anticonstitucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el pasado 22 de diciembre en el Diario Oficial un presupuesto de 2 billones 72.4 millones de pesos, cifra diferente a lo aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 15 de noviembre por un billón 973 mil 500 millones de pesos, la discrepancia es de 26 mil 572.4 millones de pesos; pero además, se trata de un monto superior a lo aprobado en la Ley de Ingresos, con lo que el balance fiscal proyectado, que ya era artificial, ahora se encuentra descuadrado porque resulta que los Egresos son mayores que los ingresos, con lo que virtualmente se tiene un déficit fiscal.
Esta discrepancia, a juicio de un diputado priista, es atribuible a un error, real o intencionado, de la Comisión de Presupuesto. Lo del error es muy cuestionable, ya que desde que se aprobó el paquete de ingresos y egresos para 2006 los diputados ya se habían percatado del error numérico que impedía que las cifras cuadraran. A decir del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional (PAN) manipuló la resolución del pleno de la Cámara de Diputados del 15 de noviembre, al elevar el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación a dos billones 72.4 millones de pesos. La Constitución señala que los ingresos deben corresponder a los ingresos.
Como sea, la cuestión es que la mesa directiva de Comisión de Presupuesto incurrió en responsabilidad al consignar cifras que no guardan congruencia entre si, sin que hasta el momento se haya procedido legalmente contra los autores de esta manipulación. En esta perspectiva, ¿cómo se ubicaría, o que papel vendría a jugar la Ley de Presupuesto Público y Responsabilidad Hacendaria, que ya se tiene aprobada en la Cámara de Diputados y será discutida en el Senado en febrero próximo?
Dado el planteamiento que hemos venido comentando, es de esperar que dicho ordenamiento deba apuntalar el marco normativo sobre este tema y precisar la responsabilidad en la que caerían quienes hagan un uso ineficiente e ilegal de los recursos públicos, así como las sanciones a las que se harían merecedores.
Desde el punto de vista de las finanzas gubernamentales, es claro que debe reiterar los parámetros de un ejercicio eficiente, legal y transparente del gasto público; y en el marco general de la política económica, se espera que sea un instrumento que incorpore la flexibilidad necesaria, dada la naturaleza política de esta cuestión de las finanzas públicas.
Así pues, tal como lo planteamos al principio del texto, vemos que la profundización del marco normativo de la fiscalización y la rendición de cuentas, así como el incremento de sus ámbitos de acción son un paso necesario para la consolidación de la democracia representativa en nuestro país, por lo que sin duda será una temática de interés que abordaremos con ustedes en posteriores entregas. Hay tareas.
