Ha pasado un mes luego de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en donde fallecieron 65 trabajadores, las interrogantes siguen sin responderse, mientras las acciones de las autoridades para esclarecer la causa del accidente son cada día más lentas.
Expertos, familiares y trabajadores del carbón, coinciden en que la catástrofe se pudo haber evitado, siempre y cuando la empresa incorporada al Grupo México hubiera garantizado las mínimas medidas de seguridad.
Una investigación realizada por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), afirma que la empresa Industrial Minera México operaba desde un año y ocho meses antes del siniestro, en condiciones que ponían en riesgo la vida de sus trabajadores.
Las Organizaciones No Gubernamentales también han señalado negligencias por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que emitió 34 recomendaciones que la empresa nunca cumplió y, a pesar de ello, no hubo sanción alguna.
Por si fuera poco, ayer otro accidente puso de nuevo de manifiesto las malas condiciones en que laboran cientos de mineros en todo el país. Dos trabajadores murieron y tres más resultaron heridos a causa de un derrumbe en un yacimiento de ámbar en el municipio de Simojovel, en Chiapas.
Según autoridades, las familias indígenas zoques de Simojovel aún realizan excavaciones de manera rudimentaria con mazo y cincel, y se les paga 300 pesos por cada 100 gramos de ámbar que consiguen extraer de las minas, mientras que una joya de este material puede superar los 20 mil pesos.
Las tragedias continúan repitiéndose, por lo que resulta urgente que las autoridades actúen con firmeza para que los trabajadores mineros cuenten con mejores condiciones de seguridad en los yacimientos, y que castigue con mano firme a aquellas empresas que incumplan con las medidas de seguridad establecidas en esos peligrosos centros laborales.
