El proyecto de Ley que inicia una diputada priista ante el Congreso de Coahuila, sobre los Pactos Civiles de Solidaridad como marco para la vida en común entre personas ?de igual o de distinto sexo?, es fruto del oportunismo y no responde a una demanda social de los coahuilenses.
El objetivo político es soslayar la pobreza lamentable de la agenda legislativa estatal y la falta de acciones concretas de Gobierno que impulsen el desarrollo integral de nuestro estado.
En su exposición de motivos, la iniciativa ofrece una alternativa a las personas ?que opten por una unión libre... que no les genere las obligaciones que implica contraer matrimonio?.
Lo anterior conlleva dos absurdos: el primero porque se pretende generar derechos como los que ofrece el matrimonio, sin imponer los deberes correlativos y el segundo, porque plantea una subespecie de matrimonio entre personas del mismo sexo.
El intento anunciado de combatir la discriminación revierte en contrario, porque se crean matrimonios de primera y segunda clase. En el supuesto de personas del mismo sexo, prevalece la imposibilidad de procrear como obstáculo insalvable de la madre naturaleza y en el caso de personas de distinto sexo, los hijos vendrían al mundo en un marco jurídico familiar degradado y precario, que en términos del proyecto de Ley concluye a voluntad de las partes, con la sola decisión de una de ellas otorgada ante Notario Público. Las veleidades a que estarán sujetos la estabilidad de la familia y el desarrollo emocional de los hijos son previsibles.
Tampoco es idónea la iniciativa para reducir la violencia intrafamiliar como pretende, porque la prevención de este fenómeno es tarea educativa y su castigo objeto del derecho penal.
El acceso a la seguridad social por este medio también es una falacia, pues el tema es de competencia federal y no del Congreso de Coahuila. Esta cuestión se atiende impulsando las tendencias legislativas que ya existen, que buscan mayor flexibilidad de los sistemas de seguridad social, que en el caso del IMSS incluyen la afiliación voluntaria y el seguro popular.
La iniciativa remite reiteradamente a otras figuras del Código Civil vigente, para regular situaciones cuyo novedoso tratamiento no es tal. Se trata de instituciones como el contrato de sociedad, la copropiedad, el testamento, la donación, etcétera, a las que toda persona puede acceder para compartir sus bienes con otra, sin importar el sexo, ni el parentesco o intimidad que haya o no entre ambas, con las mismas y en ocasiones hasta menores formalidades y requisitos que los que impone la novedosa iniciativa.
La existencia ancestral de las instituciones mencionadas, hace innecesaria, intrascendente e inútil la iniciativa que se comenta y en cambio, al remitir a las instituciones que ya existen (matrimonio, alimentos, registro civil, etcétera) plantea dudas, equívocos y contradicciones que hacen de la iniciativa un parche, que aportará litigios adicionales a nuestro deficiente sistema de justicia.
Algunas voces que ven en la Iniciativa una solución mágica a los problemas relacionados con los bienes de quienes por cualquier causa hacen vida en común, recurren a ejemplos extremos de los que deriva un estado de indefensión para alguna de las partes, que invariablemente ocurre por ignorancia, imprevisión o falta de recursos, lo que no se remedia con más regulación y más complicada sobre el mismo tema.
La exposición de motivos de la Iniciativa sienta premisas cuestionables, como la presunta existencia de una ?comunidad gay?, como si se tratara de un bloque humano aparte o frente al resto de la sociedad. La sola referencia es sectaria y discrimina en virtud de la etiqueta que imprime y soslaya que los homosexuales son parte de la sociedad, con vínculos múltiples que nada tienen que ver con sus inclinaciones sexuales. La Iniciativa contradice la noción republicana de Ley y su definición técnica jurídica como norma general y abstracta, igual para todos, en contra de la práctica antidemocrática de hacer apartados normativos especiales como en el caso se intenta.
El proyecto es una intromisión en la vida privada. Si alguna razón justifica la regulación jurídica del matrimonio, no es en función de la actividad de los esposos detrás de la puerta del hogar y de la alcoba, sino del impacto social que suponen los deberes de asistencia recíproca que contraen los esposos entre sí y en relación con los hijos.
Todos los seres humanos nos debemos respeto y caridad con independencia de nuestra condición o tendencia sexual. Lo que no tiene sentido es que un sector de nuestra clase política, insista en la explotación morbosa y demagógica del tema con demérito de nuestro sistema jurídico y para cansancio de los ciudadanos, en vez de ponerse a trabajar en lo que México de verdad necesita.
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