Sorprendentemente, en esta ocasión no está habiendo mayores fricciones para que los poderes ejecutivo y legislativo se pongan de acuerdo en la cuestión de los ingresos fiscales y el presupuesto para el próximo año. Como siempre, la rebatinga por ver de donde se saca dinero y la distribución del mismo dejará algunos satisfechos y a otros de mal humor. Todo ello con la insuficiencia fiscal estructural del Estado mexicano como el telón de fondo.
Pero hemos insistido mucho que los tiempos presupuestales debieran ser también ocasión para profundizar y afinar los instrumentos de control, fiscalización y rendición de cuentas sobre el manejo de los dineros públicos. Este es un imperativo, entre otros, para que la democracia representativa sea algo más que una fecha en la que la ciudadanía acude a depositar su voto en las urnas para, teóricamente, elegir a quien represente sus intereses, es decir, vigilar que su dinero sea bien gastado.
Este es un paso necesario para que los ?representantes populares? y los ?servidores públicos?, sean eso verdaderamente. Desafortunadamente en nuestro país dichos personajes son una casta de privilegiados. Los funcionarios de los tres poderes de la Unión, de los organismos autónomos (IFE, etc.), de los diferentes órdenes de gobierno, de las empresas paraestatales y los partidos políticos se sienten personas de excepción en cuanto a sus remuneraciones y, a juzgar por las reticencias que ponen a ello, para dar cuenta del manejo de los recursos públicos.
Lo dicho no podía quedar mejor ilustrado que con las palabras de Felipe Calderón cuando anunció el famoso decreto de austeridad: ?debemos evitar prácticas abusivas que merman considerablemente contra el erario público?. Se entiende que los altísimos salarios de los funcionarios públicos, y encima de ello las generosas prestaciones, son parte de ello.
De manera que, según los cálculos del gobierno, con la ?austeridad? que está proponiendo, recorte de diez por ciento al salario de los altos funcionarios y otro tipo de gastos y prestaciones, se obtendrá un ahorro de 25.5 mil millones de pesos.
Cifra nada despreciable si, como ya algunos analistas han apuntado, se multiplica por seis años, dando una cifra aproximada de 14 mil millones de dólares. Recursos muy útiles para inversiones productivas tan necesarias, como refinerías por ejemplo, pero no hay dinero.
Dicha medida, mínima por cierto, es solamente en el Ejecutivo, imagínese usted la cantidad de recursos que se podrían obtener si se considerarán las cámaras del Congreso (que ya se andan queriendo aumentar el presupuesto), el poder judicial (con sus famosos fideicomisos), los estados y municipios de la república (que demandan más dinero, pero no quieren dar cuentas porque se ?viola el federalismo?), amén de los escandalosos salarios de algunos gobernadores, no necesariamente ?preciosos?.
Este abuso, además de anarquía, en los sueldos de los funcionarios públicos, ha sido constatada una vez más, y ahora reconocida públicamente por los propios políticos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que las bancadas del PAN, PRI y PRD coinciden en que se requiere una disminución de las remuneraciones, además de ordenarlas.
En este sentido ha trascendido una negociación entre las tres principales fuerzas políticas en la Cámara de Senadores para aprobar en estos días tres iniciativas: la reforma del Estado, presentada por el PRI; la del PRD que busca limitar los sueldos de los funcionarios públicos, y la del régimen de incompatibilidades, con el propósito de evitar el tráfico de influencias y los conflictos de intereses entre los legisladores, del PAN.
Al parecer hay un apoyo mutuo para apoyar para apoyar las respectivas iniciativas, esperemos que sean auténticamente sustantivas, y no signifiquen reformas intrascendentes.
Hay que agregar que no se puede argumentar que los enormes salarios, y jugosas prestaciones, de los altos funcionarios públicos son tales porque de esa manera se pretende combatir prácticas corruptas, ya que sería tanto como aceptar darle dinero al potencial ladrón, para evitar que lo asalten a uno. Aquí se asienta un privilegio que no tiene el ciudadano de a pie. Más bien parece que con estas prácticas se alienta la corrupción. Por ello sigue siendo muy cierta aquella celebre frase de que ?vivir fuera del presupuesto es vivir en el error?.
Tampoco es válido tener como referencia los sueldos de los altos ejecutivos del sector privado. La diferente naturaleza y los objetivos que se persiguen en ambas esferas, hace que los sueldos sean totalmente incomparables. Más aún cuando en el sector público debe persistir la austeridad republicana. A menos que, reiteramos, el funcionario público sea considerado un privilegiado en este país.
Una reforma fiscal, si se quiere llamar integral, además de prever de donde se van a obtener los dineros, debe tener en cuenta como se gastan, como en este rubro que comentamos. Hay tareas.
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