EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAHUILA.- Édgar y Salvador Acosta Olvera, representantes de la empresa Acolsa, constructora del Distribuidor Vial Revolución (DVR), lamentan que vayan a demolerse los cuatro viaductos de este importante complejo vial, como lo anunció el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Sin embargo, precisan que ahora en lo que será la fase de deslinde de responsabilidades: ?Estamos tranquilos, porque sólo nos ajustamos a las especificaciones del proyecto que nos presentaron?.
Ellos se dicen tranquilos y dispuestos a comparecer en el momento que lo requiera la Secretaría de la Función Pública, para lo cual tiene preparado su documentación con respecto al contrato realizado al Gobierno del Estado y los oficios de comunicación así como la bitácora de la obra.
Édgar Acosta señala que en ningún momento solaparon irregularidades cuando en el proceso de construcción del DVR se presentaron movimientos atípicos, además de que el hecho está registrado en la bitácora, se anotaron también las recomendaciones que se tuvieron en el sentido de que se continuara con la obra y que no se parara.
Explica que se pretendía subsanar las situaciones extrañas que iban ocurriendo, una vez que se terminara de hacer la conexión total de los cableados a la parte de las bases. ?Evidentemente no se arregló nada y los viaductos siguieron teniendo rotaciones y pérdida de los peraltes, como se mantienen hasta ahora pese a las reparaciones realizadas por otras constructoras?.
Asegura que siempre estuvieron supervisados sus trabajos tanto por la empresa Coordina como por Obras Públicas del Estado, de lo contrario, indica Édgar Acosta, ?no nos hubieran pagado la obra que ganamos en una licitación pública?.
VIGILARÁN INVESTIGACIONES
Por su parte, el alcalde de Torreón José Ángel Pérez, aseguró que el Municipio estará al pendiente del desarrollo de las investigaciones que se realicen sobre el Distribuidor Vial Revolución en la etapa del deslinde de responsabilidades civiles, penales y administrativas por las fallas que presentó la obra.
Y es que no se va a solapar la impunidad, pues es además el compromiso del gobernador Humberto Moreira hacia los torreonenses y esperamos que cumpla su palabra, dice José Ángel Pérez.
El alcalde de Torreón afirma que los laguneros están indignados porque se tendrán que tumbar los cuatro puentes del DVR y finalmente, el costo de la demolición y la posterior reconstrucción la absorberá el Gobierno del Estado.
El gobernador Humberto Moreira declaró el miércoles que la obra será demolida en sus cuatro puentes. Habló de un costo estimado de 90 millones de pesos en ello y que en el asunto de las responsabilidades que les resulten a las empresas que hicieron la obra, al igual que ex funcionarios estatales y municipales, no le temblaría la mano para hacer que se cumpla la Ley.
realizó ayer una visita al Centro de Atención Múltiple en la colonia Villa California en donde realizó un recorrido y convivió con los niños y sus maestras.
Podría Anaya ser sancionado: Moreira
El Gobierno de Coahuila actuará sin contemplaciones, pero conforme a derecho, en contra de los ex servidores públicos, tanto municipales como estatales, que aparezcan como responsables de las fallas en la construcción del DVR, advierte el gobernador Humberto Moreira Valdés, quien incluso anticipó que si el ex alcalde de Torreón, el panista Guillermo Anaya, tiene culpa por omisión, estará sujeto a las sanciones que correspondan.
?La omisión también implica responsabilidad?, considera Moreira al ser entrevistado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, durante un acto donde entregó apoyos a esta dependencia.
Mientras tanto, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Samuel Rodríguez Martínez, considera que los castigos en contra de los responsables de las fallas en el distribuidor vial deben extenderse sin anteponer intereses partidistas.
Por su parte, el procurador Jesús Torres Charles dice que sólo espera a que la Secretaría de la Función Pública estatal le notifique oficialmente del caso, para iniciar la averiguación previa penal correspondiente.
