Durante cinco años han padecido agresiones físicas y legales
El Siglo de Durango
Durante cinco años, tres familias de escasos recursos económicos han sido víctimas de acoso por parte de un particular que ha usado todos los medios legales para despojarlas de sus viviendas, a tal grado que han llegado al extremo de derrumbar una casa, de alterar datos y documentos oficiales para conseguir sus objetivos.
Armando Contreras Olvera, abogado de Martha Alicia Terán Castillo, quien tiene su domicilio en la calle Juan E. García número 909, comenta que su cliente ha sido víctima de procesos judiciales viciados y sin ningún sustento, así como de acoso y persecución para despojarla del inmueble que habita.
Narra que desde 2001, la señora Martha Alicia fue acosada por el señor Francisco Antúnez, el cual reclamaba su vivienda como suya -a pesar de que la documentación que presentó decía que el terreno estaba marcado con el número 913, por lo que no correspondía a la propiedad-, de ahí que a través de engaños hizo firmar a la señora recibos de renta, con la amenaza de que si no lo hacía la desalojaría de ?su casa?.
Sin embargo, el presunto dueño demandó y se abrió un juicio en donde con pruebas y documentos falsos indicaba que la propiedad era un lote baldío marcado con el número 913 de la calle Juan E. García y con número ?informal? 909, cuando en el terreno que marca como suyo hay tres casas.
Comenta que la casa en donde habita la señora Martha ha pasado de generación en generación, por lo que ella no tiene registro alguno de la propiedad, y al pedir información sobre el inmueble a las autoridades no hay documento ni registro de la vivienda.
Al realizarse el juicio -indica el abogado- no se contrató a un perito en discordia, ya que el señor Antúnez argumenta que las propiedades son lotes baldíos, cuando éstas tienen construcciones de más de cien años.
Inclusive, en el juicio que se abrió aporta una fotografía aérea ?alterada? en donde presuntamente demuestra que no existen casas, por lo que esto nunca fue corroborado por el juez, ni nunca fue plasmado en el proceso.
Posteriormente el caso fue atraído por el esposo de la hija del señor Antúnez, Luis Ignacio Covarrubias, por lo que hasta el momento es quien está llevando el caso de represión contra esta familia.
Para hacer coincidir los mapas que presentó el señor Antúnez, con maquinaria, acudió a las casas marcadas con los números 907, 909 y 911 para derrumbarlas a fin de que concordaran con sus documentos; sin embargo, con ayuda de sus vecinos ha impedido que se destruyan.
Por ello, los vecinos ya han conformado la asociación Protección Patrimonial Inmobiliaria de Vecinos de Analco y Tierra Blanca, porque constantemente hay patrullas de la Policía Preventiva y agentes investigadores con el único afán de amedrentar a los habitantes de este sector.
Uno de estos hechos fue que hace un año, adentro de una de las casas, se encontró una bomba molotov que desactivaron elementos de Protección Civil Municipal; las personas que han querido derrumbar los inmuebles han golpeado a personas.
Contreras Olvera expresa que, a todas luces, es un abuso lo que se está cometiendo contra estas personas ya que sin ninguna orden han querido desalojarlas del lugar donde han habitado toda su vida.
Añadió que, aun así, la resolución de la jueza María Teresa Solano Riva indica que se le da la propiedad marcada con el número 913 de la calle Juan E. García (que pertenece a la familia Gutiérrez, dueña de una fábrica de colchones), cuando el inmueble de Martha Alicia es el que aparece con el número 909.
Es por ello que se presentó un documento, donde se explican todas estas irregularidades cometidas, a las diferentes instancias como el Registro Público de la Propiedad, Dirección General de Catastro, Contraloría Municipal, Unidad Técnica de Información Municipal y al Gobernador del Estado.
Petición
La petición que realizan es:
-Que se explique cuáles son los números ?informales? para ejecutar una acción penal.
-Verificación de peritos de investigación para cerciorarse de que el terreno marcado con el 909 no es el mismo que indica el señor Francisco Antúnez.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
