Es bien sabido que cuando Dios quiere perder al hombre lo ensoberbece. O dicho en términos del rey Salomón: Antes del quebrantamiento es la soberbia.
No es de extrañar, por tanto, que la gran mayoría de los actores políticos pierda el piso, se despegue de la realidad cuando se trata de analizar la propia situación en la que se encuentra, así como que caiga una y otra vez en incongruencias.
En efecto, son incongruentes porque suelen criticar el comportamiento de sus oponentes y luego hacen lo mismo que ellos y se tratan de justificar esgrimiendo argumentos baladíes.
La prudencia, la mesura y la congruencia brillan por su ausencia en muchos casos y estas conductas por lo común van acompañadas de la ambición por el poder político.
Tal es lo que le está sucediendo, cada vez en forma más evidente, a Andrés Manuel López Obrador.
El hecho de haber afirmado categóricamente: “Yo soy el presidente de México por voluntad de la mayoría de los mexicanos”, después de criticar a Felipe Calderón por admitir que Elba Esther Gordillo lo llamara “presidente electo”, es un síntoma más de que el ex candidato de la coalición, Por el Bien de Todos, ha despegado totalmente los pies de la realidad.
Nadie que no esté levitando puede autoproclamarse “presidente” cuando las instancias legales no lo han determinado así.
Pero esa declaración no pasaría de una simple anécdota si no fuera porque a esa conducta se suman otras de sus seguidores y simpatizantes, como las amenazas, los plantones en empresas privadas, el saqueo de algunos comercios y las presiones a instituciones públicas.
De manera especial deben destacarse las exigencias a los magistrados del Tribunal Electoral, porque son indicativas de que no se va a aceptar ninguna otra decisión, como no sea la que a López Obrador y sus seguidores convenga.
Nadie tiene derecho a presionar a una instancia judicial, mucho menos a aquella que es la encargada de calificar las elecciones para presidente de la República.
Si alguien llegara a la titularidad del Poder Ejecutivo por esa vía, los mexicanos habremos sellado nuestra suerte. Porque si eso se lograra conseguir a base de presiones, ¿qué cosa no estaría al alcance por la misma vía?
Es preocupante también el hecho de que los medios masivos de comunicación, dicho sea en términos generales, no han entendido la importancia de su función y los hay que disfrutan y pretenden obtener ganancia a costa de ese serio riesgo.
Quizá no advierten que si por medio de presiones se logra vulnerar la voluntad del electorado, es muy probable que una de las primeras acciones de quien de esa forma llegue al poder sea cancelar ciertas libertades y entre ellas, sin lugar a dudas, la de prensa y la libre manifestación de las ideas.
Se asegura y con razón que no puede decirse que en un país existe democracia si no se respetan en él estas libertades.
Sin embargo, cuando las mismas no se usan con responsabilidad existe la posibilidad de que los medios mismos sean la causa de su propia extinción o mínimo de que sean coptados por una autoridad arbitraria y caprichosa.
Está probado que lo primero que hace una autoridad dictatorial es cancelar la libertad de prensa.
De ahí la importancia de que los medios de comunicación se conduzcan con responsabilidad y objetivamente; respaldando las instituciones y no dando lugar a especulaciones que alienten intenciones o acciones desestabilizadoras.
El pecado de omisión en que incurrió Calderón al quedarse callado, no puede ser la justificación para que López Obrador incurriera en el de soberbia.
Todos tenemos que esperar la resolución del Tribunal Electoral. Pero también todos debemos estar dispuestos a respetarla.
Su contenido será la verdad legal, la cual debe finiquitar cualquier diferendo. De otra suerte se atenta contra el principio de certeza jurídica.
Yo confío en que esa resolución se emita muy bien fundada y motivada y por unanimidad de votos, de manera que no quede lugar a duda de cuál fue el criterio de este máximo Tribunal en materia electoral.
Porque una decisión por votación dividida jurídicamente sería válida, pero políticamente daría margen a nuevas discusiones y eventuales confrontaciones.
México requiere que el Tribunal cumpla cabal y profesionalmente con su responsabilidad, para poder darle vuelta a la hoja y ponernos Todos a trabajar por el bien de la República.
