Un principio de derecho establece que: “Los pactos se suscriben para cumplirse”. Regla elemental ésta y a todas luces lógica, pues nadie debe firmar un pacto, acuerdo o convenio si no tiene la firme intención de cumplirlo.
Debo, por tanto, decir que me alegra que los partidos que postularon a los cinco candidatos por la Presidencia de la República hayan llegado a un acuerdo al que también denominan pacto de civilidad.
Eso es en sí un principio que revela la posible búsqueda de acuerdo futuros que permitan darle gobernabilidad al país y distienden un poco las tensiones que se han generado en las últimas semanas y que nos hacen temer conflictos post electorales.
Por tanto quiero creer que los partidos y sus candidatos están dispuestos a cumplir la palabra empeñada junto a la firma de ese acuerdo.
Sin embargo, hay algo que me hace pensar que esa firma y nada pueden ser lo mismo, puesto que las cláusulas del pacto son en esencia obligaciones que ya existen y que derivan de la aplicación de la Ley en vigor y solicitudes que pueden o no ser obsequiadas.
Vamos por partes. En primer término, los partidos se comprometen a: “Respetar las reglas de la competencia electoral y resolver las controversias o inconformidades a través del IFE y del Tribunal Electoral”.
Dicho en otros términos: Se comprometen a respetar la Ley electoral y a dirimir las inconformidades e impugnaciones que puedan tener al través de las instancias que legalmente están establecidas para ello, a saber, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ni modo que dijeran que no están dispuestos a respetar la Ley y que cualquier controversia que surja de la elección del próximo dos de julio la resolverían a golpes, platones, toma de oficinas públicas y presiones a la autoridad.
También llegaron al acuerdo de: “Exigir al presidente de la República, a los gobernadores, al jefe de Gobierno capitalino, a los alcaldes y a los jefes delegacionales su no-intervención en el proceso electoral; su compromiso de no operar políticamente a favor o en contra de candidato alguno”.
La Ley electoral señala que cualquier servidor público que, por sí o por interpósita persona, destine tiempo de trabajo o recursos que están a su disposición para apoyar a un partido o candidato que participa en una contienda electoral, incurrirá en un delito que es sancionado y penado por las Leyes de la materia.
Luego entonces, exigir esto es tanto como decirles a los servidores públicos de esas instancias de Gobierno que tienen que cumplir con la Ley, lo cual saben ellos que así debe ser, puesto que a eso se comprometieron cuando tomaron posesión de sus cargos.
En otro punto se comprometen a: “Aceptar los resultados electorales sin que esto impida interponer medios de impugnación y salvaguardando en todo momento el libre ejercicio de las garantías y derechos constitucionales”.
Acepten públicamente o no los resultados electorales es intrascendente desde el punto de vista jurídico, pues una cuestión de esa naturaleza sólo tiene efectos en el ámbito político y eso porque quien pierde una elección rara vez acepta que perdió, pues lo común es que diga que le hicieron trampa y que por ello, por tener pruebas de un fraude, va a impugnar la elección.
Si afirman que se comprometen a aceptar el resultado, pero no renuncian al derecho a impugnar éste, da exactamente lo mismo, porque aunque aceptaran el resultado en primera instancia y después dijeran que lo van a impugnar, esa aceptación, como afirmamos, puede tener efectos políticos, pero no jurídicos mientras estén en tiempo de interponer los recursos correspondientes. Además, las garantías y derechos constitucionales son irrenunciables.
Igualmente se pusieron de acuerdo para: “Demandar al presidente no declarar ganador de la contienda hasta que el IFE haya realizado la declaración oficial”. Esto también es intrascendente. Primero, porque falta ver si Vicente Fox lo acepta. Segundo, hay que ver si lo cumple. Y tercero, si Fox anuncia antes que el IFE que ganó Calderón y luego el Instituto informa que ganó López Obrador, para los efectos electorales y jurídicos habrá ganado este último.
“Solicitar al IFE una auditoría para verificar la confiabilidad del padrón electoral, del PREP y del conteo rápido”. A estas alturas del proceso y como ya lo declaró el presidente del Instituto, no es posible realizar una auditoría. Por tanto, esta solicitud nació muerta y los negociadores deberían haber sabido que peticiones -de ese tipo- son inútiles por extemporáneas.
“Mantener el diálogo entre los partidos, aún después de darse a conocer los resultados electorales y asumir el compromiso de ser instancia de diálogo y concertación para construir las bases de una nueva gobernabilidad”. Si bien este punto revela una muy buena intención, su realización se antoja difícil en un futuro próximo, por más que sería deseable y diríamos que hasta necesarísimo que ese diálogo se llevara al cabo, pues es la única forma de darle rumbo y gobernabilidad al país en el próximo sexenio.
De verdad quisiera creer. Pero ya no sé ni en qué creer.
