No es que tuviera muchas ganas de escuchar al presidente Vicente Fox en su Sexto y último Informe de Gobierno ante el Congreso. Pero de eso a que un puñado de legisladores me impida que lo haga, hay una gran diferencia.
Lo que ayer presenciamos en el recinto de San Lázaro no es más que un acto derivado de la intolerancia y la ceguera. Intolerancia hacia los que no piensan como ellos; y ceguera jurídica y política, porque no advierten que pierden más de lo que ganan.
Hace años, cuando el Partido de la Revolución Democrática toma la decisión en Asamblea Nacional de abandonar la vía de la violencia, como medio para dirimir sus controversias, yo celebré esa determinación y auguré a mis amigos perredistas que ganarían presencia y credibilidad entre el electorado.
Y así fue durante un buen número de años, hasta que no afloró la vieja cara del PRD que alcanzó uno de sus puntos más altos el día de ayer, cuando senadores y diputados federales sitiaron la tribuna del Congreso e impidieron que Fox rindiera verbalmente su informe.
El presidente actuó con prudencia (algo inusual en él) y se concretó a entregar el documento. Qué bueno que así lo hizo. Porque si se empeña en llegar hasta la tribuna hubiera desatado un enfrentamiento directo con sus opositores.
Malamente, el senador Carlos Navarrete apeló al argumento de que, con el cerco al recinto, se estaban violando las garantías individuales a la libre manifestación y al libre tránsito.
Afirmamos lo anterior, porque no es posible alegar eso si al mismo tiempo los seguidores de Andrés Manuel López Obrador tienen bloqueado el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico y violentan en perjuicio de terceros esas mismas garantías.
¿Con qué cara demandan respeto por esos derechos cuando ellos los están violentando?
¿Cómo es posible que apele al hecho de que se vulnera el Artículo 29 constitucional y ellos a su vez impidan el ejercicio de un acto republicano establecido en la Constitución?
No vale que alegue que el Artículo 69 no prescribe que el presidente haga uso de la palabra, porque quienes tomaron la tribuna no constituyen la mayoría del Congreso y además, la práctica parlamentaria establece que el titular del Ejecutivo hablará ante el Congreso y ellos impidieron que así fuera.
Es verdad que el despliegue de las Fuerzas policiacas para proteger San Lázaro fue exagerado. Pero también lo es que de otra suerte las huestes perredistas hubieran tomado el recinto y secuestrado a todos los legisladores y una de las obligaciones del presidente del Congreso es velar por la seguridad de los espacios que lo albergan y la de los legisladores.
Es evidente que lo que ellos buscan es la confrontación física; es la represión para avivar su movimiento. Y lo volverán a intentar el día 16 y el primero de diciembre.
Sin embargo, como lo hemos sostenido, llegará el momento en que el presidente Fox tendrá que hacer uso de la Fuerza pública para mantener el principio de autoridad y el Estado de Derecho. Visto está que no le va a quedar de otra.
No lo ha hecho en casi seis años de Gobierno, porque teme pasar a la historia como un presidente “represor”. Pero no necesita actuar como tal a los ojos de la mayoría del pueblo. Lo único que requiere es conducirse con cuidado y prudencia. No es lo mismo hacer uso de la Fuerza pública en forma abusiva que hacerlo dentro de la Ley y para garantizar el orden.
Al final de cuentas se puede decir que los legisladores del PRD fracasaron, porque el presidente dijo su mensaje por televisión apenas un par de horas después del incidente de San Lázaro, logrando así su propósito de dirigirse al pueblo.
En ese discurso el presidente declaró que la ofensa de los legisladores no era para él, sino para la investidura que ostenta y en eso tiene razón.
“Hay que actuar con prudencia y no con estridencia”, dijo también. Sin embargo, él recurrió a la estridencia muchas veces y se condujo de manera imprudente otras tantas a lo largo de su mandato. A pesar de ello no se justifica que otros lo hagan.
Nuestras libertades no pueden estar al arbitrio de otros. Sólo la autoridad, bajo las condiciones que establece la Constitución, puede restringirlas o suspenderlas. Así lo establece el Artículo primero constitucional.
Nadie tiene derecho a erigirse en interprete auténtico de la Constitución, como no sea la Suprema Corte de la Nación.
Ayer se rompió una larga tradición parlamentaria. No pasará nada si todo queda ahí. Pero me temo que los tambores de guerra seguirán llamando a la confrontación que a nadie favorece.
