La idea de que las decisiones burocráticas sobre la asignación de recursos solucionarán nuestros problemas económicos, está muy arraigada en nuestro país. Así como el Presidente de Estados Unidos habló recientemente sobre la adicción al petróleo en su país, en México nos han convertido en adictos a los controles burocráticos. Esto no es sólo un mal endémico nuestro. Es una verdadera pandemia regional. No hay país latinoamericano que esté claramente a favor de la economía de mercado y de las bondades de la propiedad privada.
Las privatizaciones y otras medidas catalogadas como neoliberales, suelen convertirlas en banderas los partidarios del estatismo y de los controles burocráticos, logrando movilizar a grandes sectores de la sociedad para oponerse a las reformas que le darían más campo de acción al sector privado y, consecuentemente, elevarían el nivel de vida de la población. La aparición de personajes mesiánicos como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es sólo una expresión más de esta animadversión por las soluciones del mercado.
Quienes desean perpetuar la intervención creciente del Estado en la economía, no se detienen a reflexionar que después de siete décadas y media de socialismo en la ex Unión Soviética, el nivel de vida de su población en general no mejoró en forma notable y el sistema de planificación económica centralizada fracasó rotundamente.
Tampoco reconocen que el discurso del combate a la pobreza y la marginación repetido en México y en Latinoamérica por casi un siglo, no ha reducido claramente las desigualdades ni la marginación. En contraste, aquellos países que han ido en la dirección contraria, reconociendo las ventajas de la economía de mercado y de la propiedad privada, sí han aumentado visiblemente el nivel de vida de sus poblaciones. Lo comprueba en nuestra región la experiencia de dos economías relativamente comparables: Cuba y Chile.
En 2003, después de 44 años de socialismo, Cuba alcanzó un Índice de Desarrollo Humano, calculado por las Naciones Unidas, que la coloca en el lugar 50 de 177 países considerados. También en 2003 y al cabo de 30 años de las llamadas reformas neoliberales, Chile registró un índice que lo ubica en el lugar 37. Hay quienes dicen que el rezago ?aparente? de Cuba obedece al embargo aplicado por EU, olvidando que hasta 1991 la economía cubana gozó de los subsidios otorgados por la URSS y contó con la ayuda y complacencia de Europa Occidental y Canadá, entre otros países capitalistas.
Pese a lo evidente, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, por ejemplo, aplican aún hoy controles de precios, cambiarios y expropiaciones que, lejos de resolver la gravedad de su pobreza y rezago, condenan a sus poblaciones a padecer el lastre de una intervención estatal ineficiente y falsamente nacionalista. En México, si bien todo indica que nos escapamos de un gobierno encabezado por AMLO, nuestros políticos tienen un sesgo claro a favor de la intervención estatal. Aparte del tabú respecto a la propiedad pública de las empresas energéticas principales, hay quienes pretenden estatizar otra vez a la empresa telefónica más importante. En efecto, en junio pasado, el ahora diputado con licencia del Partido Revolucionario Institucional, Heliodoro Díaz Escárraga, en representación de su correligionaria, la diputada Sofía Castro Ríos, propuso una iniciativa para nacionalizar Teléfonos de México (Telmex).
Esta empresa logró modernizarse con su privatización en 1990 y el país se incorporó más eficazmente a la era de la tecnología de la información. Es cierto que la fórmula con la que se privatizó Telmex no es la mejor, en función de la falta de competencia en nuestra industria de telecomunicaciones. No obstante, las fallas no se corregirían estatizándola, sino con la apertura del servicio telefónico, tanto local como celular, a más empresas privadas. Otro ejemplo es la amenaza reciente de reimplantar el control de precios en el azúcar. Ante el alza de éstos, debida parcialmente a la política oficial de entorpecer la importación y el uso de fructosa, la subsecretaria de Comercio e Industria de la Secretaría de Economía afirmó estar vigilante y si esos precios seguían subiendo, el gobierno se decidiría a controlarlos, como en 2004.
Omitió señalar la subsecretaria que por varios años en el siglo XX se controló el precio del azúcar, lo que junto al contrato-ley que, incluso hoy, rige sus relaciones laborales, llevó a la ruina a la industria. Esta crisis se profundizó en los años setentas, cuando el gobierno estatizó los ingenios. Todos estos controles fracasaron y, casi dos décadas después, los ingenios tuvieron que ser devueltos al sector privado. No obstante, el gobierno actual los expropió de nuevo en 2001 y, como volvió a quedar demostrado, la medida fue un fracaso.
Más recientemente se ha divulgado el caso de la paraestatal Liconsa. Ésta es obligada a comprar leche fluida a los productores nacionales a un precio fijo (controlado) de 3.84 pesos por litro ($/lt), por disposición legislativa, incorporada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006. El problema es que esa decisión burocrática es onerosa para la empresa y sus consumidores de ingresos bajos, a los que se trata de apoyar, ya que Liconsa tiene una opción más barata, con un costo de producción estimado entre 2.20 y 2.30 $/lt, si utiliza leche en polvo importada.
Estos ejemplos muestran la adicción de la sociedad mexicana al intervencionismo estatal, lo que representa un gran reto para la administración de Felipe Calderón, quien tendrá entre sus múltiples tareas que convencerse y convencer a sus colaboradores y el resto de la sociedad de que seguir confiando en que los problemas económicos del país los habrán de resolver las decisiones de burócratas iluminados, lo único que hará es profundizar nuestro rezago y aumentar más la cantidad de pobres.
