Considera comité de la ONU que las autoridades "tienen una visión tibia de la realidad", en torno a las denuncias de casos de tortura.
EL UNIVERSAL
GINEBRA, Suiza.- El Gobierno mexicano admitió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que persiste la tortura, pero que está haciendo esfuerzos para erradicarla.
En respuesta, los expertos del Comité contra la Tortura de la ONU cuestionaron la efectividad de esas acciones, criticaron con firmeza la forma como las autoridades encargadas de procurar la justicia investigan y sancionan las denuncias por tortura y consideraron que las autoridades "tienen una visión tibia de la realidad".
Claudio Grossman, relator para México de este comité, dijo con ironía: "La tortura no se practica ante un notario público, entonces quisiera que me explicaran cómo se prueba un caso de tortura si los peritajes médicos no son considerados como prueba y si el objetivo del perpetrador es no dejar huella".
En su 37 periodo de sesiones, el Comité contra la Tortura también criticó "la parálisis" del Gobierno para resolver tres casos emblemáticos: los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, los hechos de violencia ocurridos en mayo del 2004 en la Cumbre de Guadalajara y en mayo pasado en San Salvador Atenco.
La delegación mexicana, encabezada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, María del Refugio González, presentó en esta ciudad su informe periódico con el fin de dar a conocer los avances en el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que esta obligado a cumplir.
Como parte de la delegación mexicana, el subproducrador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Álvarez Ledesma, reconoció que persiste la tortura en México, sobre todo, en el nivel de los estados y municipios.
Informó que en 75 casos se aplico el Protocolo de Estambul -una guía internacional que sirve para documentar la tortura- y que sólo en nueve casos (12 por ciento) se comprobó esa práctica y un servidor publico de la PGR fue consignado por ese motivo.
Sobre el caso de San Salvador Atenco intervino Alicia Elena Pérez Duarte, fiscal especial de Delitos contra la Mujer, quien aseguró que sin mediar denuncia, la PGR inició una averiguación previa por la violación sexual que sufrieron las mujeres detenidas durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo pasados "y creímos en su dicho, pero después nos dimos cuenta que los hechos iban más allá de la violación y que se habían constituido en tortura".
Dijo que el proceso es lento y que no han avanzado porque solicitaron pruebas de las violaciones sexuales a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "y no nos las han proporcionado".
El experto del comité, Claudio Grossman, indico que en principio, la violación sexual debe considerarse como un acto de tortura.
Aunque el comité reconoció los avances por la abolición de la pena de muerte, Grossman cuestionó si a raíz de la extradición a Estados Unidos de Francisco Rafael Arellano Félix, el Gobierno mexicano puede garantizar que no será condenado a pena de muerte. En torno al conflicto entre la CNDH y la PGR por un caso de tortura, el comité manifestó su extrañeza por la actitud de la segunda de denunciar penalmente al ombudsman nacional y cuestionó si esa medida tenia carácter político o si estaba relacionada con el próximo cambio de gobierno.
Mañana, el Gobierno de México tendrá que acudir a una segunda sesión para responder a los cuestionamientos del comité.
