EL UNIVERSAL
México, DF.- Diputados de la Comisión de Desarrollo Social reconocieron ante el Relator Especial del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (UNICEF), Norberto Liwsky, que a pesar de los avances en materia de protección a los derechos de la infancia y adolescencia hay deficiencias legales que requieren una pronta atención de parte del Legislativo.
En el informe final de observaciones y recomendaciones del representante de la UNICEF, se aseguró que en México aún persiste la explotación sexual, trata de personas, discriminación, tortura, castigo corporal, violencia intrafamiliar, explotación laboral, así como la falta de acceso a la educación y a la salud.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el priista Héctor Olivares Ventura aceptó que la brecha de desigualdad ha aumentado y un ejemplo de ello es que los indicadores de mortalidad materno-infantil no han disminuido al ritmo esperado.
No obstante, dijo que la Cámara de Diputados ratifica su compromiso para realizar un trabajo legislativo que armonice el marco jurídico nacional de acuerdo con lo estipulado en la Convención Sobre los Derechos del Niño y las normas internacionales.
Los diputados coincidieron en dar seguimiento a las recomendaciones y legislar sobre los puntos planteados.
El diputado Javier González Garza, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD compartió la indignación ante los temas motivo de las observaciones y consideró que no habrá ningún legislador que opine lo contrario.
Por su parte, el Relator Especial del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, reconoció los logros en materia legislativa para la protección de las garantías individuales de la infancia en nuestro país, sin embargo, manifestó su preocupación por la ineficacia del Estado en la aplicación de estas leyes. Destacó que un claro ejemplo lo representa la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la cual, pese a que fue promulgada en 2000, aún no ha sido integrada plenamente en las legislaciones de los estados.
En este sentido, exhortó al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias a fin de armonizar las leyes federales y estatales de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños y las normas internacionales.
?Estamos preocupados también por el hecho de que el castigo corporal en el hogar continúe siendo legal y no se prohíba explícitamente en las escuelas, en instituciones penales y centros alternativos?, subrayó.
