El modo y el momento fueron atroces, ejemplo de arbitrariedad arrogante: a media mañana del dos de abril, domingo anterior al de Ramos, comienzo de la Semana Santa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió las operaciones de Aerocalifornia. En vez de anunciar que lo haría en una fecha posterior, para que los usuarios tomaran sus providencias, el golpe administrativo dejó varados a miles de viajeros que ese mismo día y los posteriores tuvieron que cubrir en casi todos los casos cuotas adicionales a las aerolíneas que, entre voraces y solidarias, tomaron para sí el pasaje al que la empresa sudbajacaliforniana no pudo cumplir los traslados convenidos.
La Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT explicó que tras dos verificaciones mayores, realizadas en menos de año y medio, le resultó claro “que no existen las garantías de seguridad necesarias para los pasajeros y personal de esta empresa”, por lo que dispuso suspender las operaciones por un lapso de noventa días. Los trabajadores de aire y tierra de la línea afectada, en vez de agradecer la protección a su integridad física, desmintieron varias veces a partir de entonces a la autoridad.
He escuchado a mecánicos, pilotos, sobrecargos afirmar que las condiciones de seguridad con que trabajan son satisfactorias. De no serlo, dijeron, no arriesgaríamos nuestras vidas y la de los nuestros que utilizan el servicio de la empresa.
Ésta, por su parte, emitió el cinco de abril una protesta por el acto administrativo, y con sintaxis enrevesada anunció que en esa fecha presentaría a la SCT “todas y cada una de las constancias con las que sustancialmente se acredita haber dado cumplimiento a las condiciones con base en las cuales la autoridad motivó la suspensión de operaciones de esta aerolínea, habiendo cubierto así las observaciones contenidas en las 35 páginas de la inspección celebrada entre el 20 y el 24 así como del 27 al 31 de marzo de 2006”.
Para contrastar el talante de cada una de esas resoluciones, la empresa informó también que el 31 de marzo, dos días antes de la suspensión ordenada por la autoridad mexicana, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de transporte del Gobierno norteamericano “dio por satisfactoriamente concluida una inspección -con folio 2005SU230015-de carácter técnico y de mantenimiento practicada a esta empresa, siendo esta inspección tan rigurosa en el mantenimiento de las operaciones aeronáuticas para las condiciones de aeronavegabilidad como la practicada por la SCT a esta aerolínea”.
Esta inspección se explica porque además de los 29 destinos mexicanos, a los que realizaba 130 vuelos diarios, Aerocalifornia cubre la ruta de La Paz a Los Ángeles, por lo cual está sujeta a la supervisión norteamericana, cuyo resultado es irrelevante para la autoridad mexicana.
Contrariamente a lo que sostienen funcionarios que desatienden sus responsabilidades, éste no es asunto entre particulares, que afecte sólo a usuarios lastimados en sus intereses a los que se aconseja acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, ni sólo interesa a los trabajadores a los que no se les cubrió el salario de la primera quincena de abril y ven con temor el riesgo de que se suprima su fuente de trabajo, la segunda de mayor importancia en Baja California Sur, después de Exportadora de sal.
Desde el principio, y de más en más cada día, se ha vuelto un problema público. Anteayer el gobernador del estado Narciso Agúndez, acompañó a los trabajadores y sus familias en su petición de que se reanude cuanto antes la operación de la aerolínea, cuyo difícil situación financiera se agrava cada día que pasa, en un círculo perverso a cuya dinamización parece apostar la autoridad aeronáutica.
Ésta parece cumplir plausiblemente con su deber, pues nadie rechazaría una intervención oficial destinada a prevenir desgracias en vez de una acción extemporánea que sólo las lamente.
Pero dado el parecer contrario al gubernamental, presentado por la empresa y los trabajadores, podría ser que no fuera la preservación de la seguridad el móvil verdadero y último de la SCT. Tenga o no relación con el infortunio de Aerocalifornia, lo cierto es que sus operaciones han sido suspendidas en un momento peculiar de la aviación mexicana.
Por primera vez en la historia el gran dinero está directamente presente en negocios aeronáuticos. La tríada de socios de Volaris, una de las nuevas aerolíneas de bajo costo: Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Pedro Aspe, corre pareja en cuanto a relevancia política y financiera con la dupla de los Miguel Alemán, Velasco y Magnani, propietarios de Interjet, y no se hallan muy distantes de ellos los dueños de la futura línea llamada Ave, Alejandro Burillo y Fernando Chico Pardo.
Además de las rutas que la quiebra de Aerocalifornia dejaría en calidad de bienes mostrencos, sus espacios en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México podrían ser ocupados por las nuevas empresas que operan en el de Toluca o lo harán próximamente.
Debe tenerse presente, también, que el propietario de Aerocalifornia lo es también del canal 28, un espacio casi vacío en la banda de UHF, la misma del canal 40 y del 22, que otros emisores pretenden utilizar. Intereses semejantes y aun los mismos de la nueva aviación tienen capital importancia en la radiodifusión. Quizá se trata de un juego de presiones en ambos campos y por eso Aréchiga no se defiende legalmente como podría hacerlo.
