Cuando uno pensaba que se había llegado al límite que la capacidad de asombro permite en la nueva Legislación de radio y televisión, nos encontramos con un lamentable boletín de prensa de la Secretaría de Gobernación.
En efecto, fue esta dependencia (Segob) quien fijó la posición del Gobierno Federal respecto a la determinación del presidente Vicente Fox de no vetar el Decreto por el cual se reforman y adicionan una serie de disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión (la Reforma).
Evidentes resultaron los signos de ausencia formal aunque de activismo real, por parte del Gobierno Federal, a lo largo del proceso legislativo. No se trataba, como algunos hubieran querido, de boicotear la Reforma. El llamado “veto” es, meramente, una atribución constitucional y una obligación política.
Es parte del sistema de pesos y contrapesos que tenemos en nuestra vida institucional. Y tan lamentable fue la abdicación del Senado de la República de fungir cual auténtica cámara revisora como la renuncia del presidente Fox en el ejercicio de su atribución de veto.
Es pertinente recordar que la Constitución, en su Artículo 72-C., prevé que el Ejecutivo puede desechar en todo o en parte, el proyecto de Ley o decreto de que se trate, mismo que, en su caso, ha de ser devuelto con sus observaciones a la cámara de su origen.
Es decir, no existe en nuestra Ley fundamental el término “derecho de veto”. Lo que procede es la emisión de observaciones al proyecto para que, a su vez, las dos cámaras legislativas conozcan de las mismas y actúen en consecuencia.
De hecho, esta atribución no es absoluta pues si ambas cámaras del Congreso de la Unión insisten en aprobar, en sus términos, el proyecto enviado al Ejecutivo, por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, éste ya no tendrá más opción que la de promulgar y publicar el decreto.
Ante la expectativa -que sólo la ingenuidad permitía abrigar- de que el presidente Fox ejerciera su “derecho de veto”, hoy se sabe que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo llegar una nota técnica al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, expresando sus particulares observaciones relacionadas con la Reforma. De nada sirvió ese dictamen. Como inútil fue el ejercicio de consultas realizado por el Senado.
Errática, insisto, fue la actuación del Gobierno Federal en todo este proceso. No se puede entender el silencio ominoso de los secretarios y subsecretarios de la Segob y de la SCT, a pesar de que sus órganos desconcentrados (Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de Telecomunicaciones), acudieron a las consultas del senado para expresarse en contra.
Y tampoco se entiende, en ese contexto, la ausencia del titular de la Secretaría de Educación Pública mientras sus órganos coordinados, Canal Once y el Instituto Mexicano de la Radio, hicieron públicas manifestaciones de repudio ante la Reforma. Un verdadero vacío de autoridad.
Y la cereza de ese pastel fue el escueto comunicado de prensa, emitido por la Segob el día en que se publicó la Reforma en el Diario Oficial de la Federación, cuyos párrafos relevantes transcribo a continuación: “El mismo Poder Legislativo ha reconocido que si bien los proyectos de reformas y adiciones fueron aprobados por unanimidad en la Cámara de Diputados y por una amplia mayoría en el Senado, varios sectores de la sociedad presentaron opiniones tanto a favor, como en contra. En consecuencia, el Senado de la República, después de escuchar las propuestas de la sociedad, trabaja en iniciativas complementarias.
“Para el Ejecutivo Federal, entonces, resulta claro que el proceso de perfeccionamiento de las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones que hoy se publican, no ha concluido.
“En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal tomó la decisión de publicar la propuesta que le fue remitida sin observaciones, con el fin de permitir que los trabajos y deliberaciones que aún lleva a cabo el Legislativo continúen sin mayor dilación.”
Muy bien. Reconocemos todos que el trabajo fue deficiente e insuficiente. Que hay decenas de voces que insistieron en la necesidad de corregir la minuta. Que el Senado está trabajando en algunas iniciativas paralelas para el “perfeccionamiento” de las leyes. Y que, aunque ya publiqué la Reforma, el proceso “no ha concluido” (sic). Luego entonces, la dejo pasar, no objeto una sola palabra y celebro la separación de poderes.
Ante esta realidad, los cuatro comisionados de la Cofetel optaron por renunciar antes de que los echaran a la calle en virtud del inconstitucional Artículo segundo transitorio que les impide ser elegibles, con tal carácter, en el nuevo órgano regulador. Tibia y tardía reacción.
Todavía alcanzó el tiempo al Pleno de la Cofetel para emitir su Resolución conforme a la cual se extiende la modalidad “el que llama paga” para las llamadas a teléfonos móviles que tengan por origen alguna otra ciudad del país o del extranjero. Ya me referiré a ello en próximas entregas.
Viene ahora la designación de los nuevos comisionados. El presidente Fox tiene hasta el 12 de mayo para realizar los nombramientos y turnarlos al Senado o, en su receso, a la Comisión Permanente.
No podrá, empero, realizar la primera designación del presidente de la Cofetel, por el periodo inicial de cuatro años, en virtud de que el procedimiento al que remite la Reforma recae en un artículo que no es aplicable al caso que nos ocupa (9-E en lugar del 9-C). Lo sabían los senadores y el Ejecutivo. Y prefirieron publicar en lugar de corregir.
Vaya que la lupa estará encima de tales designaciones. Porque una cosa es la autonomía del regulador y otra, muy diferente, su secuestro.
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