-Como nunca antes,
el fenómeno político se
enlaza con el desarrollo
económico de las naciones. Las contiendas electorales significan más que el sufragio para elegir gobernantes.
Emiten señales al mundo.
La inversión privada requiere de señales positivas para su llegada y permanencia. Esa inversión es la que, finalmente, genera riqueza y el mayor número de empleos en el país. Varios son los factores que inciden en un flujo estable o creciente de tal inversión, sea nacional o extranjera. Y no debemos olvidar que México compite, como nunca antes, con otras economías emergentes en el mundo. Claramente podemos identificar algunos de los factores que, con mayor visibilidad, influyen al respecto: la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el ambiente político.
Y los procesos electorales se insertan en este contexto pues la normalidad democrática es una de las condiciones que el mundo global no sólo espera, sino impone. Todo esto viene a cuento porque tal parece que hay quienes hacen de la contienda electoral un verdadero botín político. Se dicen competidores respetuosos de la contienda pero, si pierden, descalifican las reglas, al árbitro y hasta la cancha. Se asumen demócratas sólo si el triunfo los visita.
Y descalifican a todo aquel que, teniendo el mayor número de votos, no sea de los suyos. Son los demócratas del discurso. Sin números duros que los respalden, con frases plagadas de lugares comunes y un manifiesto construido a partir de la ignorancia del derecho electoral, el candidato perdedor, su equipo de campaña y un número importante de supuestos intelectuales continúan en su incesante marcha hacia el cómputo del “voto por voto” .
Pretende esa colectividad confundir a la sociedad toda con la reflexión ligera de que “aquel que nada debe nada teme” y que, por tanto, procede el recuento de los sufragios.
Ignoran quienes así actúan que los votos ya han sido contados, uno a uno, casilla por casilla, sección por sección y distrito por distrito, el pasado dos de julio. Desprecian el que casi un millón de ciudadanos -que no funcionarios de Gobierno- desplegaron lo mejor de sí mismos para fungir como funcionarios de casilla en esa memorable fecha.
Más aún. Pareciera que quienes exigen tan ligeramente el nuevo cómputo electoral no conocieran de la presencia de observadores nacionales e internacionales que vigilaron, de muy cerca, la contienda federal. Y, peor todavía, los críticos del proceso actúan como si no supieran que, en toda casilla, fue levantada un acta pormenorizada en la que se asentaron los votos obtenidos por cada partido político o coalición, además de los incidentes ocurridos.
Lo más importante que debemos recordar es que tales actas fueron firmadas por los representantes de los partidos políticos presentes en tales casillas.
Hasta donde recuerdo, los partidos políticos manifestaron, la noche del dos de julio, su conformidad y beneplácito con la jornada electoral. Nadie expresó, públicamente, su inconformidad con el desempeño de los funcionarios de casilla ni con elementos externos que pudiesen haber cambiado el sentido del voto.
Todo parecía estar en su lugar y sólo había que esperar el cómputo de los sufragios. Pero vino el problema. Quienes se ostentaban como indiscutibles triunfadores de la elección desde hace tres años se vieron derrotados. No lo podían creer. Y aún no lo asimilan. Ya planeaban el tamaño de los aposentos en Palacio Nacional y se repartían, alegremente, las carteras del Ejecutivo Federal.
Nunca pensaron en el escenario de la derrota. Y eso los trae desquiciados. Olvidan, en su alegato político, que el derecho prevé que el recuento de votos se da en forma excepcional y por supuestos que, limitativamente, contempla la Ley.
De hecho, durante el cómputo distrital de las actas, en tres mil 200 casos fue necesario abrir los respectivos sobres y contar voto por voto. Ahora estamos en la etapa de desahogo de las inconformidades presentadas por los partidos políticos sobre casos presumiblemente irregulares en la elección. Es un procedimiento ordinario, también previsto en el Cofipe, y previo a la declaratoria oficial que realice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ungir en definitiva al próximo presidente de México. Si como parte de estos juicios de inconformidad es necesaria la apertura de paquetes electorales adicionales, a juicio del Tribunal Electoral y con base en la Ley y la jurisprudencia aplicable, se procederá en consecuencia y se recontarán los votos correspondientes.
Pero debe quedar claro que ni en éstos ni en los tres mil 200 casos anteriores, ni en ningún otro, la apertura de paquetes para el recuento de votos es voluntad de un partido o candidato ni del acuerdo o consenso entre partidos políticos. Es la autoridad la que decide y punto.
En el colmo del absurdo ahora escuchamos, en voz del propio aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que aun si se llegasen a contar todos los votos nuevamente, él no reconocería como legítimo más triunfo que el suyo y que, en todo caso, Felipe Calderón sería -según su infinita iluminación- un presidente espurio. Así pues, en esta contienda electoral lo que está en juego es mucho más que el triunfo y la derrota.
Jugar irresponsablemente con la interpretación y aplicación de la Ley; movilizar masas a partir de verdades a medias o de francas mentiras; construir nuevos complots a partir de enemigos imaginarios, y condicionar los futuros y necesarios acuerdos políticos a que se tuerza la voluntad ciudadana y la aplicación estricta del derecho significa un retroceso para la vida democrática del país y envía pésimas señales a los mercados y al mundo. Nada de esto parece importar a quien ha dicho ya la última palabra: “la democracia soy yo”.
