Lo que nos faltaba. Los éxitos del Gobierno son boicoteados desde el mismo Ejecutivo
federal sin la más mínima congruencia ni comunicación. Hoy las reformas a la
legislación en materia de competencia, tan festejadas, están en el limbo.
El lunes de la semana pasada nos amanecimos con una nota del periódico Reforma que daba cuenta de una inusitada acción legal de la Procuraduría General de la República (PGR) contra un decreto de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (Ley).
A lo largo de casi dos años y a partir de una iniciativa de reformas a la Ley, presentada por dos diputados federales (uno panista y otro priista), pero con la evidente factura de la propia Comisión Federal de Competencia (CFC), se trabajó y cabildeó con legisladores y empresarios por igual.
Esa labor unió a los altos funcionarios de Los Pinos y al Presidente de la CFC Eduardo Pérez Motta. A lo largo de ese camino fueron diversos grupos empresariales los que expresaron una seria preocupación por las nuevas atribuciones y por las nuevas sanciones previstas en el proyecto de reformas a la Ley. Y es que si bien todo mundo estaba a favor del fortalecimiento del órgano antimonopolios del país, existía el temor de que se le pudiera dotar de instrumentos de vigilancia y castigo en exceso. Era el natural resquemor a la arbitrariedad. De esas intensas negociaciones entre los representantes del Gobierno Federal, del Congreso de la Unión y del Consejo Coordinador Empresarial se llegó al acuerdo de incorporar una serie de matices al texto de los artículos polémicos de la reforma.
Concretamente, el sector empresarial pidió que la CFC, al ejercer dos de las más importantes atribuciones, a saber, las visitas domiciliarias (Artículo 31) y la orden de desincorporación de activos (Artículo 37), obtuviera, previamente, la respectiva orden judicial. Y así quedó. De otra parte, para dotar de una mayor autonomía al Pleno de la CFC, se determinó que los nombramientos de sus comisionados tuviesen que pasar por la no objeción del Senado de la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso. De igual manera y para efectos de mantener una comunicación más estrecha con los legisladores y fomentar una auténtica transparencia y rendición de cuentas en el actuar de la CFC, fue que se dispuso que el presidente de la CFC debe “presentar al Titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de la Comisión, mismo que deberá ser publicado” (Artículo 30 fracción III).
Al interior del sector público y desde el análisis externo de las reformas a la Ley, había coincidencia en que las nuevas atribuciones de la CFC y los contrapesos incorporados a la legislación servirían para consolidar la libre competencia en el país.
Y, desde el punto de vista del sector empresarial, las adecuaciones realizadas al proyecto de reformas a la Ley había dejado razonablemente satisfecho al CCE (con algunas excepciones que se hicieron presentes con gran fuerza pero sin éxito la víspera de su aprobación en el Congreso).
El Ejecutivo Federal recibió el decreto para su sanción. No tuvo objeción alguna. Lo promulgó y, luego, ordenó su publicación. Esto último ocurrió, insisto, el 28 de junio de este año.
Pues resulta que el procurador Daniel Cabeza de Vaca, dependiente del Ejecutivo, en un excesivo cuan inexplicable cumplimiento de su deber, apreció que el contenido de algunos de sus artículos violaba la Constitución y que, entonces, procedía el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conociera del caso.
Fue así que, según trascendió, el jueves tres de agosto la PGR presentó su acción de inconstitucionalidad ante la SCJN quien, por mayoría de ocho de los once ministros del Pleno podría concederla siempre que concluya que existen contradicciones entre normas de carácter general y la propia Constitución.
El alegato de la PGR estriba en que las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica conceden a los poderes legislativo y judicial una intervención que la Constitución no prevé.
Concretamente, la PGR señala que los nombramientos de los comisionados no tienen porqué pasar por el tamiz del Congreso; que no tiene por qué enviarse el informe de labores de la CFC al Congreso; que las visitas domiciliarias no tienen por qué estar precedidas de una orden judicial, y que la CFC no tiene por qué recabar una autorización judicial para ordenar la desincorporación de activos de las empresas.
La SCJN ya dio entrada a esta acción de inconstitucionalidad. La suerte está echada. Nada más que sería bueno que “alguien” nos explicara cómo es que la PGR combate un decreto que el propio Ejecutivo acaba de promulgar.
Que nos digan por qué, en todo caso, no ejerció el presidente Vicente Fox su facultad de veto. Tendrán que decirnos, también, cómo echaron por tierra una negociación de dos años encabezada por funcionarios del propio Ejecutivo con los empresarios y cómo es que, ahora, les dan armas para combatir jurídicamente el resultado de este entuerto.
Y sería bueno, también, que nos digan por qué les resulta tan incómodo el que la CFC envíe una copia de su informe de labores al Congreso.
Peor aún. Ahora resulta que les indigna el que los nombramientos de los consejeros tengan que pasar por la no objeción del Senado. Olvidan que la fórmula es idéntica a la adoptada para los casos de los titulares del IFAI, de Notimex, de Cofetel y del IPAB.
En todos ellos, los respectivos decretos fueron aprobados y promulgados por el propio Ejecutivo Federal. Qué bueno que la PGR salió tan independiente y celosa de su deber. Con eso de que tienen al narco y a la delincuencia bajo control, hasta tiempo les da para este tipo de puntadas.
