Mi pésame para el
presidente Fox
El pasado martes quedó conformado el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Al nombre de José Luis Peralta, sólido ingeniero y único sobreviviente de la primera lista enviada por el Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente, se sumaron los de los senadores Héctor Osuna Jaime (PAN) y José Ernesto Gil Elorduy (PRI), así como los del abogado Eduardo Ruiz Vega y del ingeniero Gerardo González Abarca, ambos por demás acreditados en sus respectivas especialidades.
Lo primero que llama la atención es la ausencia de un economista en ese órgano colegiado. En sus primeros nueve años de vida, siempre lo hubo (Jorge Arreola y Abel Hibert) mientras que, ahora, la nueva conformación recae en dos políticos, un abogado y dos ingenieros. Y es que la mayoría de los asuntos que deberá conocer la Cofetel tienen una buena dosis de aspectos económicos. Nada más piénsese en la próxima revisión del sistema de precios tope para la canasta de servicios básicos de Telmex, que habrá de regir durante los próximos cuatro años, o en los desacuerdos pendientes en materia de interconexión entre redes públicas.
También llama la atención el que, en esta ocasión, la Comisión Permanente haya decidido proceder al conocimiento de las designaciones presidenciales con celeridad y sin presentar una sola objeción respecto de los nominados. Recuerde el lector que, en la primera ronda de designaciones, Rafael del Villar, Gonzalo Martínez Pous y Julio Di-Bella fueron literalmente “bateados” por ese órgano del Congreso.
En esa oportunidad, el dictamen correspondiente reconoció que los designados por el Ejecutivo cumplían formalmente con los requisitos previstos al efecto en el Artículo nueve C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, incluido el de haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones. No obstante lo anterior, fueron objetados sin explicación alguna.
Ahora, al abordar las nuevas designaciones, el dictamen correspondiente fue en el sentido de no objetar una sola de ellas argumentando, igualmente, que los involucrados cumplen formalmente con los requisitos de Ley y que, además, cuentan con los conocimientos, experiencia y calificación profesional y personal para ocupar el cargo.
Es decir, los razonamientos son prácticamente idénticos para haber objetado a unos y aprobado a otros. No importó, por ejemplo, que en el currículum del senador Gil Elorduy no exista una sola referencia a la necesaria experiencia en materia de telecomunicaciones, como lo exige la Ley. En efecto, según la página electrónica del Senado de la República, en el Gobierno Federal fungió como secretario particular del presidente Echeverría, subdirector jurídico de Ferrocarriles Nacionales de México y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de diversos cargos legislativos y partidistas, a nivel federal y local.
En el estado de Hidalgo, de donde es oriundo, ha sido diputado Federal, diputado local y coordinador general del Congreso del Estado. Fue, igualmente, presidente municipal de Pachuca. Fue, también, presidente del PRI en su entidad y secretario de Acción Legislativa del Comité Nacional de ese partido.
Es claro, pues, que lo que permitió el pase automático de los nuevos comisionados fue un acuerdo político de alto nivel -a cinco días de la elección presidencial- más allá de las cartas credenciales de aquéllos.
Por cuanto hace a posibles conflictos de interés de otros integrantes del Pleno por vínculos con empresas del sector, cabe señalar que la Ley Federal de Telecomunicaciones no establece prohibición o limitación en cuanto a la actividad profesional previa de cada quien. Lo único que dispone es que no se podrá ocupar ningún empleo, trabajo o comisión diferente mientras funjan como comisionados y que, en todo caso, deberán abstenerse de conocer asuntos en los que tengan interés directo o indirecto.
Y es que resulta paradójico que, al tiempo de exigir experiencia profesional en la materia para ser comisionado, se condene a quienes se han ganado la vida justamente dentro del sector. Por ello es que los posibles conflictos de interés deberán evitarse casuísticamente. Es de señalar que dos procesos judiciales en marcha podrían alterar la conformación del Pleno de la Cofetel.
Uno de ellos es la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores de la República y, el otro, sendos juicios de amparo interpuestos por Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, es decir, los primeramente nombrados y ulteriormente rechazados por la Comisión Permanente.
En ambos casos, la inconformidad se basa en el argumento de que ni el Senado de la República ni, mucho menos, la Comisión Permanente, tienen atribuciones constitucionales para intervenir en la designación de estos funcionarios federales. De ello ya me he ocupado varias veces en este espacio. Y sólo reitero ahora que la de la Cofetel es exactamente la misma fórmula que se sigue para los comisionados de la Comisión Federal de Competencia, del IFAI y del director general de Notimex. Y si bien es cierto que en la acción de inconstitucionalidad no se tendrían efectos retroactivos (Artículo 105 de la Constitución), también lo es que, en tratándose de los referidos amparos, la jurisprudencia posiblemente aplicable al caso que nos ocupa (64/2006) sí podría implicar efectos restitutorios para los agraviados lo cual desataría -qué duda cabe- una nueva crisis para el sector.
