ANTECEDENTE| CANADÁ RECHAZÓ UNA PETICIÓN DE EXTRADICIÓN TRAS ARGUMENTAR QUE NO HABÍA EVIDENCIAS DE QUE EL EX LÍDER MINERO PRETENDIERA EVADIR LA JUSTICIA.
Anuncia Cabeza de Vaca, que se agilizará la petición formal de extradición; la PGR continúa con las investigaciones para consignar nuevamente a Napoleón Gómez.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- Han transcurrido nueve meses desde que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por fraude y lavado de dinero, por un monto de 55 millones de dólares, en contra del destituido dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, familiares, presuntos prestanombres e integrantes del Sindicato, sin que ninguno de ellos haya enfrentado hasta el momento los delitos que se le imputan.
Gómez Urrutia radica en Vancouver, Canadá, y aunque a través de la Cancillería el Gobierno de México gestionó desde julio pasado su detención provisional con fines de extradición, las autoridades judiciales de ese país notificaron en septiembre que rechazaban la petición, bajo el argumento de que el caso no es urgente y no existen indicios que hagan presumir que el inculpado pretenda evadir la acción de la justicia.
El procurador de justicia federal, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, anunció el martes pasado que se agilizará la petición formal de extradición, aunque el procedimiento es largo ya que el expediente debe integrar todas las órdenes de aprehensión que existen contra Gómez Urrutia y en el caso de la PGR no se han consignado las averiguaciones previas que existen en su contra.
El 2 de junio pasado la PGR solicitó dos órdenes de aprehensión contra el ex líder sindical, por lavado de dinero, pero los jueces federales negaron los mandamientos por no existir pruebas suficientes del delito, y un tribunal ratificó los fallos, por lo que la dependencia continúa con las investigaciones para consignarlo nuevamente ante la justicia federal.
En el fuero local jueces penales de los estados de Sonora, Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas, han girado órdenes de aprehensión contra Gómez Urrutia por administración fraudulenta del fideicomiso de 55 millones de dólares, que deberían haber sido entregados a trabajadores mineros.
Por este caso, sólo Juan Linares Montúfar, quien fuera presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato minero, fue detenido el 2 de septiembre pasado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por dos órdenes de captura en su contra giradas por jueces penales de Sonora y San Luis Potosí, pero fue liberado en 48 horas ya que las autoridades no lo reclamaron a tiempo.
