Un efecto positivo, aun antes de su realización, ha tenido el que sea México la sede del IV Foro Mundial del Agua, consistente en la amplia difusión de informes y vivencias sobre la disponibilidad y los usos del agua en nuestro país.
También se discute el régimen de gestión que debe prevalecer, pues las tendencias y presiones hacia la privatización son percibidas por sectores de la sociedad como peligrosas para el acceso de las mayorías a ese líquido. El lunes será presentado en el marco de dicha reunión mundial el libro Agua, medio ambiente y sociedad, de Julia Carabias y Rosalba Landa (con la colaboración de Jaime Collado y Polioptro Martínez). La obra es una suerte de informe final del proyecto del mismo nombre, que duró tres años, patrocinado por la Fundación Gonzalo Río Arronte (cuyo animador en el ingeniero Gilberto Borja), y cobijado por las instituciones de que forman parte las autoras: Julia Carabias volvió de la Secretaría del Medio Ambiente de que fue titular en el sexenio pasado a sus sedes universitarias, la Facultad de Ciencias y el Instituto de Ecología, mientras que su colega (ambas son biólogas) la doctora Landa pertenece al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México.
Además de su investigación directa, el libro resulta de 17 encuentros técnicos en que participaron 175 expertos en los diferentes ángulos en que es posible y necesario examinar el tema del agua. Ofrecieron su parecer desde la administración pública, la academia y la sociedad civil. Fernando Tudela coordinó en una primera etapa ese proyecto y firma la presentación del libro. Algunas de sus afirmaciones son, más que preocupantes, estremecedoras, pues la crisis del agua en México no es sólo una amenaza, sino que está ya en curso, aunque sea todavía oportuno encararla. “Los esquemas de utilización del agua que han prevalecido durante décadas han determinado desajustes y conflictos crecientes, escasez, agotamiento de acuíferos, sequías, inundaciones, deslaves, erosión hídrica, azolvamiento, salinización, hundimientos diferenciales, contaminación de suelos y cuerpos de agua, degradación de hábitats acuáticos, entre otros procesos que amenazan la salud humana y la de los ecosistemas, y comprometen la continuidad de la mayor parte de los procesos productivos”.
“El problema del agua en México presenta así múltiples dimensiones. Aunque su análisis desborda el reconocimiento de la creciente escasez del recurso y de los procesos de contaminación que lo afectan, los indicadores de cantidad y calidad del agua permiten calibrar el alcance de la crisis”.
Esta no es “una amenaza futura, sino un proceso que se hace ya sentir y que podría alcanzar niveles críticos en el primer cuarto de este siglo. Si el manejo del agua no experimenta un cambio radical en nuestro país, en 25 años México verá frenado su desarrollo por falta del recurso en varias ciudades, insuficiencia agroproductiva, colapso de varios ecosistemas y agravamiento de los problemas de salud pública”.
“Detener a tiempo esta crisis implica una carrera contrarreloj, con costos elevados, pero muy inferiores en todo caso a aquéllos en que se incurriría por inacción. Algunas estimaciones fijan en 735 mil millones de pesos el monto de las inversiones necesarias para atajar la crisis del agua en los próximos 25 años”.
Dado que ni las plataformas electorales ni mucho menos los discursos y los spots de los candidatos tocan siquiera tangencialmente el tema, convendrá a los interesados (y al público en general, al que conciernen de modo directo) tomar nota de las 22 orientaciones con cuya síntesis concluye este libro.
He aquí algunas de ellas, a modo de ejemplo: Convertir la política hídrica en una política de Estado. Constituir la gestión integral del recurso hídrico. Construir una nueva cultura del agua que incorpore una visión ambiental.
Proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al ciclo hidrológico y detener la deforestación. Limitar la extracción del recurso hídrico a la capacidad de renovación de los cuerpos de agua. Utilizar y aprovechar el recursos hídrico de una manera eficiente, integral y sustentable, mediante instrumentos regulatorios y no regulatorios.
Convocar a un debate profundo sobre las ventajas y las desventajas del pago de derecho de agua para uso agropecuario. Continuar fomentando el uso eficiente del agua subterránea, que redunde en beneficios al acuífero, mediante innovaciones tecnológicas y ajustes en las concesiones. Adecuar la política de fomento agropecuario para cuidar la renovación y la calidad del recurso hídrico.
Mejorar la calidad del agua considerando la capacidad de asimilación y degradación de contaminantes de los cuerpos de agua y aplicando medidas para el saneamiento integral.
Ampliar la cobertura de abastecimiento de agua para la población, en concordancia con el ordenamiento ecológico general del territorio y enfocando los esfuerzos del Gobierno a las zonas de alta marginación. Favorecer que el sector hidráulico sea sujeto de crédito para incrementar la inversión que permita la mejora en el abastecimiento de los servicios.
Fortalecer a los organismos operadores y consolidar un mecanismo de resolución de conflictos y un ente regulador independiente. Fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar los riesgos causados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos a través de la vinculación entre la gestión ambiental y la gestión de riesgos...”.
